La terna para conducir el MPA y los trapitos que salen al sol. Un camarista tachado por antiderechos; otro con un antecedente de no tolerar opiniones en su contra; y una auditora “que no audita”. Rosca y política criminal.
Conocida la terna de aspirantes a la jefatura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) seleccionada por vía del mérito para que el gobernador Omar Perotti escoja a uno/a y envíe su pliego a la Legislatura, que tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo, comenzaron a circular públicamente antecedentes negativos e impugnaciones a los candidatos a suceder a Jorge Baclini en la Fiscalía General de Santa Fe, algo así como el muerto que cada uno guarda en su placard. Junto a los perfiles, asoman los apoyos políticos que cada cual posee y que, de alguna manera, permiten prever cuál será el cariz que pudieran darle al ministerio fiscal, que se encarga de definir nada más ni nada menos que la política criminal de una provincia cuya principal ciudad rankea alto en las noticias por esos asuntos desde hace mucho tiempo. Un camarista conservador antiderechos apuntalado por la familia judicial y sectores del PJ; otro proveniente de la misma matriz con un antecedente de no tolerar aceptablemente la crítica pública y bancado por un sector del radicalismo; una auditora “que no audita” y fue funcionaria del gobierno del Frente Progresista durante la gestión de Antonio Bonfatti tras pasar por el estudio de abogados del ex ministro de Justicia Héctor Superti, son los postulantes.
De acuerdo al resultado de los concursos para renovar las máximas autoridades del MPA, la terna que surgió de los mismos está integrada por el camarista santafesino Roberto Prieu Mántaras; el camarista rosarino Javier Beltramone; y la actual auditora del MPA, María Cecilia Vranicich.
Cada uno cuenta con sus apoyos políticos y, tras conocerse su integración de la terna como aspirantes a conducir la Fiscalía General de Santa Fe, también cuenta con los resultados de desempolvar los archivos.
Según el procedimiento legal, el gobernador Perotti debe escoger uno de los tres pliegos y enviarlo a la Legislatura provincial para su aprobación o rechazo. Eso promueve negociaciones y roscas varias en la que se cruzan intereses políticos y personales, y más difícilmente una valoración sobre el perfil indicado de la máxima autoridad del órgano que define la política criminal: es decir, qué delito se persigue y cómo.
Nada menos, sobre todo si se piensa en la ciudad de Rosario, que desde hace una década posee una tasa de homicidios muy por encima de la media nacional –en 2022 la cuadruplicó– y otras formas de violencia lesiva muy difundidas y descontroladas.
Colonia sí
Lo que está en juego –lo que debería estar en juego– es la capacidad estatal para controlar y regular el mundo criminal, tanto desde los órganos del sistema penal como el MPA cuanto de la agencia policial y el Servicio Penitenciario.
Sin embargo, la reciente historia del MPA, nacido de la reforma del sistema procesal santafesino que entró en vigencia en 2014, muestra que el órgano se integró en base, fundamentalmente, a un reparto de espacios entre los socios radicales y socialistas del Frente Progresista, con alguna injerencia de un sector de los poderosos senadores peronistas.
Decenas de funcionarios provinciales del Frente Progresista saltaron desde sus cargos en el Poder Ejecutivo a los concursos de las nuevas fiscalías y defensorías, sin que eso significara, per sé, un demérito de sus antecedentes y trayectorias.
La colonización de una parte del MPA por la fracción del radicalismo orientado por el actual diputado provincial Maximiliano Pullaro quedó en evidencia en las escuchas a su teléfono móvil, cuando era ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz, ya que dos fiscales que investigaban supuestas irregularidades policiales solicitaron su intervención.
El vínculo escasamente republicano entre Pullaro, el jefe de los fiscales Jorge Baclini y el responsable de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, también ligado al radicalismo santafesino, quedó expuesto en aquella causa.
Allí se reveló un diálogo entre Pullaro y Baclini. El ministro estaba enojado por la detención de un jefe policial, el comisario Adrián Rodríguez que, si bien admitía que estaba sucio, le habían prometido que se realizaría luego de las elecciones de octubre de 2017.
—Pullaro: ¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ta.
—Baclini: ¿Adrián Rodríguez?
—Pullaro: El jefe de la 5ta, un tipo que fue jefe de La Capital.
—Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada.
—Pullaro: Che, bueno, no. Qué se yo, ¿eh?
—Baclini: Ahora voy a preguntar. ¿Quién lo detuvo, Apullán?
—Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospe.
—Baclini: Y sí, Arietti yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener.
—Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé porque han apurado.
—Baclini: Sí. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.
Como saben los lectores de El Eslabón, también el Organismo de Investigaciones (OI), una suerte de policía judicial dependiente del MPA, se convirtió en un lugar de conchabo de militantes de Pullaro.
No se trata de una opinión de este semanario, sino que ello surge de la declaración en un sumario interno del OI de un empleado.
Se trata del analista del OI Laureano Gabriel Brufal, un joven militante radical que trabajó en el Concejo Municipal de Rosario para su presidenta, María Eugenia Schmuck.
Un año antes de ingresar al recientemente creado Organismo de Investigaciones, en 2016, fue el noveno candidato a concejal en las elecciones primarias de 2015 de la lista encabezada por Schmuck.
En un fragmento de su testimonio, Brufal enfatiza que “hay que aclarar una cosa: los analistas venimos del palo civil, porque algunos –como mi caso– venimos de la política. Otros vienen de alguna relación o un trabajo previo en Fiscalía, como pasante o practicante”.
“Nuestra génesis está vinculada a la política, yo llego a la fiscalía (de delitos) económicos y complejos, que fue el paso previo al Organismo, en agosto de 2016, por el pullarismo”, sostuvo Brufal, que ingresó al naciente OI en la misma tanda que Natacha Abello, también asesora en el Concejo Municipal de Schmuck.
“Esa es la realidad, y más de uno de los analistas tienen todo algún tipo de raíz política”, admitió. Más adelante, en la misma declaración del sumario, el abogado de la empleada cuyas acciones motivó la apertura del expediente lo consultó a Brufal sobre otro analista del OI, Facundo Bomboni.
“En el caso de Facundo, al menos eso me manifestó él a mí en su momento, era amigo del diputado Juan Cruz Cándido”, declaró Brufal.
También dijo entonces que “la realidad nuestra es que hasta que no fuimos personal técnico criminalista, éramos contratados del Ministerio de Seguridad, le facturamos todos los meses al Ministerio”, cuando Pullaro era el titular de la cartera.
Pero eso cambió: “Hasta que en un momento nos agarran Víctor (Moloeznik) y Débora (Cotichini) y nos dicen: «Chicos está la posibilidad de que sean planta del Poder Judicial, a través de la ley del Organismo. Primero tienen que ser planta del Estado. La forma más fácil, ya está hablado entre Pullaro y Baclini, es que sean policías»”.
Como se ve, Pullaro y Baclini no le corrían el cuerpo al diálogo interinstitucional.
La elección de Patricio Serjal como fiscal Regional de Rosario tuvo un final conocido: imputado y al borde un juicio oral por presunto pedido de coimas en dólares a un capitalista de juego clandestino.
La renovación
Los acuerdos políticos son, nuevamente, los que definirán quién será la cabeza del MPA a nivel provincial y sus satélites regionales de las cinco fiscalías ídem.
El mejor rankeado en los concursos fue el miembro de la Cámara Penal de Santa Fe, Mántaras. De perfil conservador, con más de 40 años en el Poder Judicial y referenciado en la “familia judicial” de la ciudad capital, al camarista le saltaron en estos días antecedentes negativos.
El diputado provincial Carlos Del Frade indicó, en términos generales, que “las ternas para cubrir los cargos en las fiscalías general y regionales de la provincia de Santa Fe vuelven a mostrar el poder del PUS, del Partido Único Santafesino, la unidad de los sectores conservadores de la política, la justicia, el mundo empresarial, la iglesia y los grandes medios de comunicación”.
Y en particular, recordó una resolución firmada por Prieu Mántaras –junto a sus pares Sebastián Creus y Ramón Sobrero, este último en disidencia– en mayo de 2011, que revocó la condena de primera instancia por abuso sexual a un seminarista del entonces arzobispo santafesino Edgardo Storni.
“Uno de los que respondía los intereses más conservadores de la Iglesia santafesina era Roberto Prieu Mántaras, el hombre elegido por el Partido Único Santafesino para ser el fiscal general de la provincia. Una vergüenza que demuestra el nivel de feudalismo que tiene el segundo estado de la república Argentina”, apostrofó Del Frade.
También la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario pidió a Perotti que no envíe a la Legislatura el pliego de Prieu Mántaras por algunos fallos “fuertemente cuestionados” que firmó como magistrado.
Además de la “revocatoria de la condena por «motivos técnicos» a monseñor (Edgardo) Storni por el abuso sexual denunciado por el joven seminarista Rubén Descalzo, revocatoria que le permitió a Storni seguir impune y cobrar su jubilación de privilegio hasta su muerte”, la Campaña recordó otros dos casos.
Uno fue “la revocatoria de la condena en primera instancia de un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su sobrina de 12 años”.
Según recuerda La Campaña, esa resolución luego fue anulada por la Corte Suprema de Justicia con estos argumentos: “En relación con la valoración de la declaración de la víctima en cámara gesell, el razonamiento sentencial se apartó de los estándares internacionales (…), relativizando y/o desoyendo la declaración de la niña víctima de abuso sexual”.
Además, sostuvo que “más aún cuando existían elementos de prueba que se correspondían con sus dichos, los cuales también se desestimaron infundadamente. En resumidas cuentas, desconoce (el juez Mántaras) la fuerza probatoria del testimonio de la menor que las normativas convencionales, constitucionales, legales y jurisprudencia de alto nivel orgánico le otorgan”.
Por último, la organización puntualizó un fallo relacionado a la ONG Grávida “en el cual una psicóloga se infiltró en el Hospital Iturraspe a fin de manipular a la familia de una menor de 12 años discapacitada, embarazada como producto de una violación, obstaculizando el derecho de la niña a acceder a un aborto y al cuidado de su salud integral”.
Como consecuencia de su accionar, la profesional fue suspendida por el Colegio del sector y “Mántaras revocó la decisión de primera instancia y ordenó al Colegio dejar sin efecto la sanción”, decisión que, de acuerdo a la carta abierta de La Campaña, fue anulada por la Corte Suprema santafesina.
Mántaras contaría con el apoyo del miembro de la Corte Suprema de Justicia provincial, el primo Rafael Gutiérrez, y de sectores del peronismo en el Senado provincial para encabezar el MPA. También Perotti lo ve con buenos ojos, pero la decisión será sometida a una negociación.
Delito de opinión
El camarista Javier Beltramone, ex juez de instrucción de Rosario en el viejo sistema inquisitivo, cuenta con el aval del diputado radical Julián Galdeno, el mentor de la exitosa candidatura de Carolina Losada como senadora nacional. También es un hombre de la “familia judicial”, con una extensa trayectoria en los Tribunales rosarinos.
Rosarino es Baclini, el actual jefe de los fiscales, lo cual podría jugarle en contra si la rosca se inclina por la alternancia territorial. Pero también a favor si se pone el acento en la ciudad con el delito desmadrado.
Quien recordó un antecedente negativo de Beltramone en estos días fue el abogado y criminólogo Enrique Font, quien en 2013 fue citado a declarar por el juez en una causa por un hecho del cual no había sido testigo, pero del que había opinado en una nota publicada en el suplemento Rosario 12.
Entonces se había producido el desalojo violento de una canchita de fútbol ocupada en el barrio Los Pumitas, en tierras que administraba la monja Jordán.
En una entrevista, el abogado cuestionó al juez por no considerar la actuación policial durante ese desalojo que terminó con heridos, uno con arma de fuego, como un caso de posible violencia institucional.
“Criticaba a Beltramone por tomar como válido el discurso de la policía sin investigarlo”, recordó esta semana Font en una entrevista con la radio LT8. “Y esto no era porque a mí se me ocurrió que debía ser así, sino porque hay estándares internacionales que dicen que cuando alguien sale herido en una intervención policial se deben cumplir ciertos estándares de investigación”, añadió.
Font también rememoró que entonces “Beltramone me cita y me quería hacer declarar como testigo, cuando yo no era testigo”. Fue a través de un llamado de un empleado del juzgado. El criminólogo consideró que buscaba “hostigar a un defensor de los derechos humanos” por su opinión.
“Tuve que presentar un habeas corpus y él tuvo que desistir. Una persona que no soporta la crítica desde la academia o lo que se publica en los medios no puede ser jefe de fiscales”, consideró Font. En el mismo sentido se expresó en estos días el primer Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón, destituido de su cargo “por la alianza de Cambiemos y el Frente Progresista”, como él mismo recuerda en la biografía de su cuenta de Twitter.
Las investigaciones de Ganón y sus permanentes críticas al elenco estable del Poder Judicial santafesino, con epicentro en la figura del cortesano Gutiérrez, abrieron la venganza política bajo la forma del mecanismo institucional de destitución.
Triplete
La auditora del MPA, Vrainich, también integra la terna para conducir el órgano fiscal. Pero, además, también quedó en las ternas para la Fiscalía Regional de Rosario y para renovar el cargo que actualmente ocupa.
“Estuvo muy astuta, porque como lo que viene ahora es una negociación donde se buscan acuerdos, ponerse en tres lugares muestra su astucia porque alguno le puede tocar en esos acuerdos”, sostuvo Font, uno de sus críticos.
Antes de recaer en el MPA, Vranicich ejerció la profesión de abogada en el estudio de Héctor Superti, quien fue ministro de Justicia del Frente Progresista durante la gestión de Bonfatti.
De allí fue convocada para ocupar la secretaría de los Programas de Transformación de los Sistemas Judiciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial. Es decir, siguió con Superti de jefe y participó del proceso para la creación del MPA, en cuya auditoría recayó. Sus apoyos provienen del Partido Socialista y no pertenece a la “familia judicial”.
Font dijo sobre Vranicich que “es una auditora que no auditó. Porque la ley que regula el MPA es muy buena en lo que hace a la capacidad de control. Tiene los resortes legales para investigar, pero nos lo usó” en el caso de la muerte en custodia de la bibliotecaria María de los Ángeles Paris en la comisaría 10ma de Rosario.
“Cuando el fiscal (Luis) Schiappa Pietra es denunciado de faltas graves que presenta la familia de Paris por su actuación en el caso de la bibliotecaria, la auditora dijo «yo no lo puedo investigar porque es mi amigo»”, aseguró el abogado, para señalar: “Estoy seguro que si esa investigación se llevaba adelante al menos podía haber sido suspendido”.
En términos generales, Font consideró que en el actual contexto “se perdió una oportunidad de generar concursos atractivos y consenso político por parte de la Legislatura de que iba a haber respeto de lo que surgiera en los concursos”.
Pero “como los concursos no fueron atractivos y como hay una certeza de que en realidad conviene concursar si tenés cómo mover el amperímetro para lograr acuerdos en la Legislatura y en otros estamentos, desde intendentes hasta la Corte Suprema, fueron a concurso aquellos que creen tener, y posiblemente tengan, esos contactos”.
“Yo veo la terna y me quiero poner a llorar. De Julio de Olazábal bajamos a Baclini y ahora hay alternativas muy desalentadoras”, completó.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 18/03/23
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