La reforma constitucional de Jujuy como profundización de lo que ya existía. Modelo extractivista sin inclusión, pero con palos para los disconformes. Un duro para acorazar a las palomas de JxC, que cerró filas con Morales.
La represión a la conflictividad social autogenerada en Jujuy por el gobierno del contador radical Gerardo Morales, cuya chispa fue la reforma parcial de la Constitución provincial que profundiza el modelo extractivista y sus consecuencias y limita la lógica reacción de los afectados, no pareciera ser un problema político para el carcelero de Milagro Sala, quien a base de palos y gases consiguió abroquelar en una conferencia conjunta los fragmentos dispersos y en disputa de Juntos por el Cambio (JxC). Esa fotografía de la “unidad” puede interpretarse como premonitoria de lo que viene si la alianza de derecha se impone en las elecciones presidenciales de este año, y claramente evidencia el país que ellos quieren: la profundización del extractivismo exportador de materias primas, cuya ausencia de un modelo de desarrollo con inclusión social y mitigación ambiental sólo prevé atención policial para los excluidos de ese proyecto.
Los hechos, además, se desencadenan en medio de un contexto electoral que ha corrido la agenda política hacia la derecha y ha impregnado de consignas vacías y falaces la conversación pública, lo que –entre otros efectos- produjo que un sector de la ciudadanía aviste aparatos terroristas donde hay pueblos ancestrales en lucha y se profundicen las peores caras del clasismo y el anti-indigenismo. Como si la elite actual quisiera recuperar –a como dé lugar- el mito de la Argentina blanca y europea. Lo dijo incluso el actual presidente: “Los argentinos descendemos de los barcos”.
Así como el presidente chileno Sebastián Piñera no pudo o no quiso advertir el malestar latente y las desigualdades estructurales e históricas que desataron el estallido social de 2019 por un “simple” aumento del boleto del metro, la reforma constitucional de Morales luce como el desencadenante que revela ancestrales historias de marginación, pobreza y exclusión en Jujuy, sólo puestos en la escena pública por la irrupción de Milagro Sala en la década pasada. También convertida enseguida –con la inestimable colaboración de un sector del aparato comunicacional de poder- en una “india chorra” que montó un “Estado paralelo”, construcción social previa y necesaria a su encarcelamiento sin necesidad de un juicio que lo justificara. Después sí se lo hicieron.
Para la doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, docente e investigadora del Conicet, Guillermina Espósito, que ha desarrollado sus estudios sobre el asunto indígena y la historia ambiental en los Andes argentinos, los hechos de los últimos días deben inscribirse en sucesos anteriores.
“Esta crisis no se explica en la coyuntura. El despojo territorial es histórico y estructural, la desigualdad flagrante se organiza en torno a un racismo clasista anti-indio constitutivo de las relaciones sociales en la provincia andina”, escribió esta semana en la revista Anfibia.
“Y las violencias físicas y simbólicas ejercidas históricamente por las élites locales se extienden y regulan diversos ámbitos de la vida social. En todo caso, los eventos de estas semanas significan un nuevo capítulo de los ciclos recurrentes de ajuste, violencia y represión hacia las clases populares e indígenas”, completó.
Existen departamentos de la provincia con un 70 por ciento de pobreza y, como se vio en estos días, un docente percibe un salario básico –sobre el que se adicionan cifras no remunerativas- de 35 mil pesos. Desde hace décadas, Jujuy es gobernada por una suerte de acuerdo bipartidistas entre la UCR y el PJ, amalgama superestructural que sólo fue amenazada por la acción de Milagro Sala y la organización barrial Túpac Amaru.
Con una republicana ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema provincial al poco tiempo de asumir en 2015 –en la que dos de los nuevos miembros eran diputados de la UCR que unas horas antes de asumir habían votado la ley de ampliación-, Morales inició el camino hacia la recomposición del equilibrio de poder puesto en cuestión.
La reforma constitucional que ofició como elemento aglutinante de las protestas se inscribe en el mismo proceso iniciado en 2015, durante la primera gobernación del radical.
En campaña
Las dos personas que perdieron un ojo como resultado de las represión policial ordenada por el gobernador Morales; los uniformados circulando en camionetas sin identificación y aparentemente pertenecientes a un empresa privada con concesiones estatales; las intromisiones en domicilios particulares sin orden de allanamiento emitida por un juez no parecieran ser cosas que el jefe radical con aspiraciones de proyección nacional quisiera ocultar, sino por el contrario.
El uso de camionetas particulares para la represión policial de la protesta encuentra una estruendosa continuidad histórica con la utilización de vehículos del ingenio Ledesma en julio de 1976 por parte del aparato represivo ilegal del Estado, al comienzo de la última dictadura, en los hechos conocidos como “La noche del apagón”, que se extendieron por varios días en los que fueron secuestradas unas 400 personas.
Entonces el apagón fue del tendido eléctrico de la localidad de Libertador General San Martín, mientras que esta semana la multisectorial de sindicatos de Jujuy denunció la interrupción del servicio de internet para evitar, dijeron, que se transmitiese la represión por medio de dispositivos móviles.
Morales aspira a ser precandidato a vicepresidente de una de las fórmulas de JxC, la que encabezará el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Ubicado en la fracción considera moderada de JxC –las llamadas “palomas”-, a Rodríguez Larreta le resultaría útil un precandidato a vice que se muestre como un duro (con los débiles), para achicar la brecha que según señalan las siempre poco confiables encuestas de opinión pública ubica a Patricia Bullrich, jefa de los “halcones”, como aparente preferida en los sondeos.
Gasear y balear con postas de goma a indios y maestras resulta así un activo para el electorado que procura seducir Juntos por el Palo, que en estos días mostró una capacidad que no ha exhibido el Frente de Todos: la de cerrar filas y mostrarse monolítico en su faz represiva, necesaria para convencer a la población díscola sobre lo imperioso de un ajuste, cuya profundidad pareciera ser lo único que divide aguas en la alianza opositora.
De hecho, Morales, Bullrich y Larreta formaron parte de la primera Alianza, como funcionarios del presidente Fernando de la Rúa, que recortó en plena crisis de la convertibilidad y en un 13 por ciento las jubilaciones y salarios estatales, y cuya experiencia concluyó con 38 asesinatos. No sólo dicen que lo van a hacer, sino que ya lo hicieron.
Enérgico o energético
Provincia minera hasta fines de los 80 y principio de los 90, Jujuy comenzó con la asunción de Morales como gobernador una transformación hacia el desarrollo de energías renovables y la producción sustentable de energía.
Para eso, transformó la Secretaría de Ambiente en Ministerio, adhirió a la ley nacional de energías renovables, creó la empresa pública Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado y el programa “Jujuy Verde: Carbono Neutral 2030”, que procura la “mitigación y adaptación al cambio climático” de la provincia norteña.
En mayo de 2016, la Legislatura aprobó la ley de “Servidumbres administrativas de electroducto y régimen especial de constitución de servidumbre administrativas para el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables sobre inmuebles de propiedad comunitaria”.
Un antecedente de lo que ahora intenta imponer en la Constitución provincial.
El artículo 1º de aquella ley, la 5.915, declara sujeto a expropiación a toda la provincia. Dice: “Declárese de utilidad pública y sujeto a la servidumbre administrativa de electroducto todo inmueble situado dentro de los límites de la Provincia de Jujuy, necesario para el cumplimiento de los planes de trabajo correspondientes a la prestación del servicio público de electricidad, incluida aquella generada a partir del aprovechamiento de la energía solar o de otras fuentes renovables de energía. Esta servidumbre se constituirá en favor del Estado Provincial o los concesionarios del mismo en jurisdicción provincial”.
Si bien la norma sólo hace referencia en ese artículo a la producción de energía eléctrica, en el 41, el último, establece que “las disposiciones de la presente Ley, serán aplicables por analogía a los oleoductos, gasoductos y acueductos, debiendo en estos casos el Poder Ejecutivo Provincial designar el organismo que ejerza como autoridad de aplicación”.
De ese modo, las tierras de las comunidades originarias quedaron declaradas de utilidad pública para el uso de proyectos energéticos varios, habidos y por haber.
La antropóloga Espósito recordó que la ley se contrapuso a tratados internacionales firmados por el país que “obliga a hacer la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas sobre las actividades que las afecten”, pero nunca fueron consultadas, lo que motivó reclamos que nunca fueron atendidos.
El respeto que Morales profesaba públicamente por la Pachamama cedió a los intereses energéticos. Desde 2011, antes de la primera gestión de Morales, la provincia declaró por ley a las reservas de litio como “recurso natural estratégico”, lo cual ratifica lo que la reforma Constitucional de 1995 estableció en relación al “dominio originario de los recursos naturales” en los territorios provinciales.
Pero la reforma parcial de la Constitución provincial que se aprobó el martes 20, en medio de una feroz represión policial a sus opositores, avanza hondamente sobre los territorios de las comunidades originarias de Jujuy y acerca de sus eventuales protestas.
La revolución energética que propuso Morales no produjo ni tarifas baratas para los habitantes de la provincia ni los beneficios sociales que prometió por su explotación.
El artículo 36 de la reforma decía que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley”. Básicamente, el Estado puede desalojar a los habitantes históricos de la tierra que no poseen su “tenencia legal”.
Lo mismo ocurre con numerosos terrenos que figuran como fiscales, ocupados por comunidades indígenas.
La reforma establecía –por ahora quedó suspendida la aplicación de este artículo- que “una ley especial determinará las condiciones para el desalojo” con el fin de que los titulares puedan acceder “de manera inmediata”, y aclaraba: «Aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo”.
En el artículo 50 de la reforma se establecía que “el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, lo cual colisiona con la Constitución nacional, que otorga esa facultad al Estado federal.
Las agrupaciones indígenas cuestionaron ambos puntos porque “habilitan la privatización de las tierras” donde habitan las comunidades, con el fin de “explotar sus recursos”.
Palos para los quejosos
La reforma Constitucional provincial añade al potencial desalojo de los originarios de las tierras que habitan, en nombre del litio construido como “salvador” del país, el remedio para los que se quejen.
En medio de la campaña electoral, para un sector de la sociedad quienes prometan barrer con los piqueteros y manifestantes se transforman en héroes de sus frustraciones.
El artículo 67 de la reforma aprobada por la Legislatura el Día de la Bandera, refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”.
El mismo establece que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”.
El ejercicio de los derechos consagrados por normas suelen colisionar con otros de igual raigambre y protección.
La ley de Morales estableció “la prohibición de cortes de calle y cortes de ruta” y “la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.
La combinación de la profundización del modelo extractivista para beneficio de pocos, la violación de los derechos de los pueblos originarios y la restricción de las protestas de los disconformes no son sólo una expresión jurídico-legal en Jujuy. Morales ya la lleva a cabo desde hace casi ocho años y en estos días demostró –probablemente con perspectiva proselitista- que no le temblará el pulso ante los débiles. Que para el desarrollo energético, hay que ser enérgico con los que se oponen.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 24/06/23
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