La reforma de la Carta Magna descuartizó el sistema educativo y entregó los recursos naturales a las provincias. El problema de la producción y comercialización del litio, en ese contexto.
El ruido de las consignas huecas y a su vez tajantes perjudica la posibilidad de escuchar el sonido de los factores reales que configuran el conflicto. Los preconceptos evitan el estudio del accionar práctico de los protagonistas y conducen a la inversión de responsabilidades.
Observamos a mucha gente repitiendo, en el caso Jujuy, lo mismo que viene diciendo sobre todas las cosas que suceden desde hace unos dos años. Y la situación amerita ahondar específicamente. Esta es una buena instancia para poner en la picota la Constitución del 94 y su falso federalismo: en ella confluyen los dos ítems decisivos, la educación pública y los recursos naturales.
La trampa que implica esa Carta Magna mal nacida y peor desarrollada involucra a otras provincias con recursos –en este caso el novedoso litio–, a las empresas creadas localmente, a las corporaciones que participan de la extracción y la exportación y al Ministerio de Economía nacional.
A su vez, damnifica la razonable intención de construir una OPEP del Litio en el Sur continental con protagonistas adentrados en el Mercosur.
Nadie dirá nada –Bolivia, Chile– pero todos miran con atención la resolución del problema. Y, precisamente, el problema es que no emergen referencias políticas que sinceren el debate.
La constitución de 1994 es tan preocupante como la que acaba de sancionar Morales.
La constitución del 94 es la responsable de descuartizar el sistema educativo argentino, por eso hay un desfase salarial entre distrito y distrito muy fuerte, como el que llevó a la protesta de los trabajadores de la educación en Jujuy los días previos a la represión.
También ha quebrado la unidad conceptual y económica del Estado nacional de poseer los recursos naturales. En un falso federalismo, la constitución del 94 se los ha entregado a las provincias.
El litio está en la matriz de esta discusión. Sería importante conocer lo que algunas provincias linderas piensan de lo que está pasando en Jujuy.
El año pasado, Alberto Fernández planteó en Nueva York a esos minerales como “recurso estratégico”, y las provincias pusieron el grito en el cielo.
A través del Consejo Federal de Minería plantearon que hay una diferencia entre minerales críticos, estratégicos y de importancia económica estratégica. Eso está relacionado con quién es el dueño. En el primer caso, críticos, aparece la posibilidad de gestionar la intervención del Estado central, pero cuando entra la palabra estratégico empieza la interpretación, y a partir de allí hay una competencia entre el Estado central que pretende a través de YPF litio intervenir en la comercialización y promover la industrialización, mientras que hay acuerdos bilaterales de las provincias que tienen el material, con compañías internacionales.
Entre Salta y el Ministerio de Economía dijeron que hablar de este modo genera reacciones, reafirmaron que es propiedad de las provincias y que los dichos del Presidente provocan ruido con los gobernadores.
Por abajo, Sergio Massa les hizo saber a las provincias que iba a respaldar el criterio de desestructuración de la propiedad, sin retomarlo desde el Estado central. El gobierno nacional impulsa que quede una cuota local para la industrialización en la Argentina.
Cada provincia tiene una compañía estatal relacionada con el litio, que se ha puesto en vínculo con las dos grandes que se han fusionado en estos días: la estadounidense Livent y la australiana Allkem.
Los dueños son cuatro fondos de inversión muy conocidos: BlackRock; Vanguard; JP Morgan y HSBC.
¿Era necesario para el gobierno de Morales hacer una batahola como esta, o lo que está haciendo es plantar bandera en esa dirección con el respaldo de estas empresas?
Sólo hace falta una descripción de esta naturaleza, sin adjetivos y sin propuestas buenistas altisonantes –o peor ¡ecologistas!– para poner las cosas en su lugar y empezar a elaborar salidas de fondo. Posibles, asequibles y más contundentes de lo que resuena por estas horas.
Es preciso dejar de llorar y ponerse a pensar, para poder actuar con el lineamiento adecuado. La Constitución de Gerardo Morales debe caer, y su caída tiene que alimentar un embate fuerte sobre la conciencia pública acerca de la ausencia de centralidad estatal que dispone la Constitución Nacional que nos rige en estos momentos.
La fragmentación de la propiedad y la toma de decisiones sobre los recursos naturales implica debilidad de las provincias ante los conglomerados que hegemonizan el sector a nivel mundial. Es importante retomar la exigencia de un Estado Nacional con las herramientas necesarias para hacer lo que le conviene al país en cada caso.
No es aleatorio que el litio esté detrás de este escándalo, pues el origen del mismo es la educación pública. También fragmentada en su instrumentación. ¿Se entiende? No hablamos de minucias tipo la educación es el futuro, sino de quién ejerce la conducción de la Patria.
Tenemos un esquema formativo disperso –de allí los desajustes salariales contra los cuales protestan con razón los docentes– y un sistema de propiedad de los recursos naturales fraccionado en distritos, lo que conlleva endeblez a la hora de diseñar una política articulada tendiente a la industrialización nacional de los mismos.
Los cupos de producción destinados al mercado interno o su anverso, los límites a la exportación, y las iniciativas para añadir valor agregado a los mismos, son decisiones que deben estar en manos del Estado central de la República Argentina. Y este necesita coaligarse con los países vecinos para desplegar una utilización plena de los mismos.
Sin buscarlo, por una reivindicación salarial, ha saltado la liebre. Aparece ante la opinión pública el trasfondo de la discusión económica nacional. Cómo no aprovechar estas circunstancias para llevarla al límite y, al menos, impregnar a la población y a la dirigencia política –en especial a los responsables económicos– de la importancia de potenciar el Estado, unificarlo y orientarlo según los intereses geoeconómicos más hondos.
Veremos qué dicen las demás provincias involucradas en la Mesa del Litio. Nos llevaremos algunas sorpresas.
Es que se impone una reforma constitucional que elimine los artículos disgregadores de rasgo liberal privatistas e imponga instrucciones claras en favor de la vertebración de los distintos aspectos de la vida nacional.
*Director La Señal Medios / Área Periodística Radio Gráfica
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