Amsafé Rosario cuestionó el proceder de la cartera educativa santafesina ante una maestra que solicitó un traslado interjurisdiccional debido a un caso de violencia doméstica. Piden cambios en la normativa y denuncian “falta de voluntad”.
La Secretaría de Género del gremio local de docentes públicos reveló la situación que atraviesa una maestra ante el pedido al Ministerio de Educación de un traslado interjurisdiccional producto de haber vivido violencia doméstica, y que le fue rechazado.
En un comunicado, el sindicato contó que la docente en cuestión solicitó un traslado interjurisdiccional, de manera excepcional, debido a que la persona que había ejercido violencia doméstica (hoy llamada intento de femicidio vincular), luego de varios años, intenta reestablecer comunicación con una integrante de la familia menor de edad.
“El Ministerio de Educación le niega el traslado argumentando que existe una normativa dictada por el Consejo Nacional de Educación que dice que solamente personas que posean un cargo de base podrán acceder a dicho traslado. En este momento la docente está ejerciendo como vicedirectora de una escuela y dicho cargo no estaría siendo considerado por ellos como cargo de base”, explicaron desde Amsafé Rosario.
“Siguiendo los canales institucionales y legales, tanto en la Regional Rosario, como en la sede central del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, se hace una revocatoria de tal medida observando la falta de voluntad de esa Administración para remover obstáculos que permitan abordar la cuestión de fondo y comenzar a ponerle fin a la situación de violencia de género por la que está atravesando la docente y su familia, invocando legislación nacional e internacional referente a la prevención y erradicación de la violencia de género. Al día de hoy no hemos tenido respuesta al respecto”, añade el escrito.
En este sentido, desde la entidad gremial reconocieron que “nuestra reglamentación se encuentra desfasada en cuanto a violencia de género”, y agregaron: “Así como en su momento este caso significó el puntapié inicial para lograr que el artículo 60 fuera otorgado en estas situaciones y se dejara de abordarlas como un tema de salud, necesitamos que la reglamentación se ajuste a la legislación vigente en materia de género”.
“Hacemos hincapié –continúa el comunicado– en que el Estado está obligado a adoptar un rol activo en la promoción de la igualdad, en el plano preventivo, sancionador y reparador; que una norma interna al Ministerio no puede estar por sobre la Constitución Nacional, por sobre leyes nacionales ni por sobre tratados internacionales a los cuales subscribe la Nación Argentina”.
Y por último, exigieron que “el Ministerio de Educación adopte una mirada con perspectiva de género y responda, de manera urgente y favorable al pedido de la docente porque la situación es de extrema gravedad y así lo amerita y no puede esperar los plazos necesarios para la modificación de la reglamentación”.
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