El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, y el fiscal ad-hoc Álvaro Baella pidieron que sean revocadas las prisiones domiciliarias a varios imputados en el juicio de la megacausa Guerrieri IV, tras pedir penas de prisión perpetua para los dieciséis acusados, entre los que se encuentran ex militares y ex policías del Destacamento de Inteligencia 121 y de la delegación rosarina de la Policía Federal.
El lunes pasado, la fiscalía requirió que se revoquen estos beneficios para los imputados, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
El Ministerio Público Fiscal fundó esta última solicitud en una resolución dictada el pasado 7 de julio por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que respondió a una orden de la Corte Suprema -que intervino por una queja interpuesta por el MPF-, en la cual se resolvió que debía dictarse una nueva resolución respecto de los ceses de prisión dado que la situación procesal de los acusados había “variado significativamente”.
Por lo que la fiscalía solicitó su inmediata detención en una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal para los imputados Oscar Giai, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo y Osvaldo Tébez.
En una audiencia de alegatos realizada la semana pasada, la acusación indicó que los acusados seleccionaron a sus víctimas “de acuerdo a la definición de enemigo que proporcionaban las órdenes secretas de exterminio”.
“Identificaban al blanco con anticipación y la tortura sistemática de prisioneros les proporcionaba a los acusados la identificación de nuevos blancos para secuestrar”, relataron.
Añadieron que, una vez en las salas de tortura, se obligaba a los prisioneros a confeccionar una biografía personal, se confeccionaban legajos de detenidos y organigramas con nombres de personas secuestradas, buscadas y trasladadas con la indicación de destino final.
La fiscalía expuso también sobre la existencia de La Calamita, el centro clandestino de detención en donde permanecieron cautivas varias de las víctimas del juicio. El predio, ubicado en la localidad de Granadero Baigorria, fue ocupado por militares entre 1976 y 1979 para ser utilizado con aquellos fines en el plan represivo.
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