Los autores intelectuales del asesinato de la militante brasileña, ocurrido en 2018, están a punto de caer, según aseguraron las autoridades. La investigación cobró un nuevo impulso con la asunción de Lula.
Uno de los dos detenidos por el asesinato de la concejala brasileña y defensora de derechos humanos Marielle Franco, ocurrido en Río de Janeiro en marzo de 2018, confesó su participación en el crimen y ofreció a la policía nuevos detalles del caso que podrían llevar a sus autores intelectuales, en tanto este lunes fue aprehendido otro hombre acusado de haber estado involucrado también en el ataque, informó la agencia Télam.
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó que con las nuevas informaciones se cierra un nivel de la investigación correspondiente a la ejecución del crimen y que ahora las autoridades se centrarán en los mandantes, prometiendo novedades en las próximas semanas.
Dino agregó que la confesión a cambio de beneficios penitenciarios fue formulada por Élcio de Queiroz, preso desde 2019 y acusado de conducir el vehículo desde el que Ronnie Lessa, también preso, efectuó los disparos.
La agencia rusa Sputnik señaló que Dino, en rueda de prensa, aseguró que en las últimas semanas la Policía Federal encontró nuevas pruebas que acabaron forzando una confesión de Queiroz, que a su vez aportó más detalles (por ahora no divulgados) que harán avanzar la investigación y podrían permitir llegar hasta los autores intelectuales del crimen.
Según informó Página 12, la Policía Federal detuvo además a un ex bombero, identificado como Maxwell Simoes Correa y conocido como Suel, quien –según la confesión de Queiroz– llegó a hacer guardias para vigilar a la concejala e iba a participar en la emboscada, pero al final fue reemplazado por él.
La investigación cobró un nuevo impulso en febrero pasado cuando la policía empezó a trabajar en el caso por orden del ministro Dino, quien aseguró que la declaración de Queiroz “permitirá sin duda” llegar a el o los autores intelectuales del crimen.
Según la Fiscalía de Río de Janeiro, Suel era el dueño del vehículo usado para esconder las armas que estaban en un apartamento de Lessa y además habría ayudado a lanzar al mar el arma con la que se efectuaron los disparos que mataron a la concejala y a su chofer. El hombre ya había sido detenido en junio de 2020, precisamente por obstaculizar las investigaciones, y un año después fue condenado a cuatro años de cárcel aunque cumplía pena en régimen semiabierto. Ahora, con las nuevas acusaciones de Queiroz, pasará a estar privado de libertad, agrega la agencia Sputnik.
La militante, defensora de los derechos humanos y concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada con varios tiros en la cabeza dentro del auto en el que viajaba por el centro de Río de Janeiro la noche del 14 de marzo de 2018. Franco, de 38 años, volvía a su domicilio tras participar de un encuentro con jóvenes afrodescendientes cuando su auto fue baleado.
La investigación develó que los disparos fueron efectuados desde otro vehículo. La militante recibió al menos cuatro disparos en la cabeza, según un reporte policial. En el mismo atentado murió asimismo su chofer, Anderson Gomes, producto de tres disparos en la espalda.
El ministro de Justicia confirmó que Queiroz, igual que todos los que deciden colaborar con la Justicia, recibirá beneficios a cambio de su confesión. Al mismo tiempo, aseguró que no podía dar más detalles y precisó que, en cualquier caso, el acusado seguirá preso en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra. Tanto Queiroz como Lessa están presos desde 2019 y se encuentran a la espera del juicio correspondiente.
Lessa, vecino de Bolsonaro
Según precisó Página 12, Lessa vivía en el mismo conjunto residencial que el ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que por aquel entonces era diputado. El ex mandatario niega cualquier vínculo con el asunto y la investigación nunca lo implicó. Lessa y Queiroz también tendrían vínculos con las milicias paramilitares que aterrorizan a varias barriadas pobres.
Esas milicias, que tienen en sus filas a ex policías, surgieron en Río hace unas dos décadas. Creadas supuestamente para librar a las favelas del yugo de los narcotraficantes, terminaron convirtiéndose en mafias que exigen tributos elevados a cambio de “protección”. Sus abusos fueron denunciados en varias ocasiones por Franco.
“Estamos próximos a esclarecer todos los aspectos relativos a este bárbaro crimen”, afirmó el ministro de Justicia en una rueda de prensa junto al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, en Brasilia. En la operación de este lunes (24 de julio) para detener al nuevo sospechoso, la Policía Federal también realizó registros en siete direcciones de Río de Janeiro y su zona metropolitana, con la intención de hallar nuevas pruebas, aseguró el titular de la cartera de Justicia.
“En las próximas semanas habrá nuevas operaciones derivadas del conjunto de pruebas obtenidas hoy”, anticipó Dino.
Franco dio su vida luchando contra los crímenes de las milicias y contra la violencia policial. También militaba por los derechos de los habitantes de las favelas, especialmente los jóvenes negros, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTI, que están entre los objetivos de las bandas asesinas. Fue la quinta concejala más votada de Río de Janeiro en las elecciones municipales de 2016, con más de 46 mil votos, y su figura inspiró numerosas candidaturas de mujeres negras a nivel municipal, estatal e incluso federal.
Su hermana, Anielle Franco, es ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Lula. “Reafirmo mi confianza en la conducción de la investigación por la Policía Federal y repito la pregunta que hago desde hace 5 años: ¿Quién mandó a matar a Marielle y por qué?”, señaló la funcionaria a través de la red social Twitter. Además, la ONG Amnistía Internacional exigió al gobierno brasileño que “implemente un mecanismo internacional para apoyar el esclarecimiento de este caso”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 29/07/23
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