“Cada libro es como una caricia”, apreciaba una maestra de 5to grado al recibir una caja con una valiosa variedad de títulos, autoras y autores, que le llegaba a través del Plan Nacional de Lecturas. Una política de Estado destinada a garantizar el derecho a la lectura y a acompañar los aprendizajes, que ahora pasó a la lista de los “¡afuera!”.
El plan fue una política pública destacada de la educación argentina durante los gobiernos kirchneristas, que se sucedieron entre 2003 y 2015: se entregaron en este período 96 millones de libros, a través de diferentes programas, a escuelas e instituciones. Fue retomado por el gobierno nacional que asumió en 2019, ya que había sido abandonado durante la presidencia de Mauricio Macri (entre 2015 y 2019).
En septiembre pasado los ex ministros de la Nación Jaime Perczyk (Educación) y Sergio Massa (Economía) presentaron públicamente un proyecto para una nueva ley de financiamiento educativo, que tenía como meta central aumentar la inversión del 6 al 8 por ciento del PBI, además de proponer políticas generales para los distintos niveles de la enseñanza.
La lectura y el acceso a los libros están en las metas de ese proyecto, ya guardado en un cajón. En el artículo 6 de la iniciativa se mencionan los objetivos y políticas de la inversión educativa, es decir, a qué se destinará la plata. Una de esas metas es la de “diseñar e implementar un conjunto integrado de políticas educativas, programas pedagógicos y referencias curriculares, y suministrar los recursos materiales necesarios para garantizar que todos los chicos y todas las chicas adquieran los contenidos relativos a la comprensión de la lectura y la escritura al final del primer ciclo del nivel primario”.
Otro de los puntos de esa inversión señala el objetivo de “distribuir, al inicio de cada ciclo lectivo y en la modalidad uno a uno, libros a todo y toda estudiante de los niveles inicial, primario y secundario, para el aprendizaje de las disciplinas que conforman los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y los Diseños Curriculares jurisdiccionales, incluyendo al menos dos áreas o asignaturas prioritarias junto con obras literarias”.
Con la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación esta política de igualdad educativa pasó a ser parte del ajuste y del olvido, decisión reafirmada con el decretazo del jueves pasado. No hay un solo indicio, ni en campaña ni ya en funciones, que señale que asegurarles libros a las y los estudiantes y docentes esté en los planes del gobierno de La Libertad Avanza.
“El Plan Nacional de Lecturas no existirá más. No comprarán un libro, eso es seguro”, confirmaba a este medio un educador vinculado a este plan hasta el 10 de diciembre pasado.
Esta semana, la Ctera rechazó “la desjerarquización del Ministerio de Educación a Secretaría de Educación”, a la vez que exigió “el incremento del Financiamiento Educativo y la defensa de la calidad educativa”, como también “la continuidad e implementación de las políticas públicas educativas para docentes, niños, niñas y adolescentes y el conjunto de la comunidad educativa”. Entre estas últimas cuentan los programas socioeducativos y nacionales como el de Lecturas.
Mucho más que un plan
La escena de la maestra mencionada al inicio transcurría en una escuela primaria de Cabín 9, en Pérez. Era en octubre de 2021, casi al final de la pandemia de coronavirus. Y los libros que recibía son de la Colección Leer abre mundos, distribuida en todas las escuelas públicas del país, y pensada para los diferentes niveles educativos.
Según se explica en la página oficial de lo que fue el Plan Nacional de Lecturas, esta colección, Leer abre mundos, fue cuidadosamente conformada con la opinión de 200 profesionales de todo el país que se pusieron de acuerdo con los títulos considerados prioritarios.
Así cada libro de Leer abre mundos que llegó a las escuelas fue recibido “como una caricia”, tal cual lo describió aquella maestra. Hay obras como Canciones de cuna para dormir cachorros, de Silvia Schujer; Había una vez una llave, de Graciela Montes; El monte era una fiesta, de Gustavo Roldán; Maracumbia, de Sandra Siemens; No, no y no, de Julio Cortázar; y Elisa, la rosa inesperada, de Liliana Bodoc, entre otras.
Acercar la belleza de las palabras y de las imágenes desde el jardín de infantes fue el compromiso asumido en cada ejemplar del plan federal de lecturas. Una propuesta acompañada de capacitaciones y encuentros para docentes. Es mucho más que un libro para leer lo que se pierde.
Para aprender
En abril de este año, el entonces ministro de Educación Jaime Perczyk anunció la entrega de más de 4 millones de libros para las escuelas de todo el país. Esta vez se trató del programa Libros para aprender, por el cual estudiantes de la escuela obligatoria recibieron textos de lengua, matemática, biología y fisicoquímica. La meta de este programa era “fortalecer los conocimientos en la escuela secundaria”.
Esta entrega puntual alcanzó a más de 1.610.000 estudiantes de las diferentes provincias. “La iniciativa se inscribe en el marco de una política nacional que busca cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros esenciales para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”, se ampliaba sobre el programa.
En noviembre pasado, se entregaron 3.600.000 libros a jardines de infantes. La política nacional garantizó que “cada niña y niño de salas de 3, 4 y 5 años dos obras literarias. Y a cada institución, una colección completa para la biblioteca”.
Dos ejemplos recientes que sirven para graficar el fin de lo que hasta el 10 de diciembre fue un plan diseñado, entre otros objetivos, para “garantizar a todas y todos el derecho a leer”.
Historia en democracia
El Plan Nacional de Lectura (al inicio fue en singular) “fue de las primeras medidas de la democracia recuperada, una política implementada por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín a cargo de la historiadora Hebe Clementi” (Ministerio de Cultura), se repasa en el sitio oficial.
Clementi defendía la implementación de este plan como una herramienta fundamental en la finalidad de afianzar la vida en democracia. Así consideraba: “Se tenía la conciencia de las consecuencias devastadoras que una dictadura afecta a quemar libros y bibliotecas habría de tener para la relación entre los argentinos y la práctica lectora”. “Autores y especialistas comenzaron a circular por el país encontrándose con docentes y estudiantes en talleres ocasionales”, se recuerda.
El Plan de Lectura iniciado en el gobierno de Alfonsín se interrumpió entre 1989 y 2001, cuando se retomó la iniciativa, esta vez en el Ministerio de Educación de la Nación. En 2009 se estableció formalmente su existencia con la Resolución N° 1044/08, con la unificación de los que hasta ese momento habían sido el Plan y la Campaña Nacional de Lectura (que hacía intervenciones masivas en espacios públicos).
Quemar libros y bibliotecas, ajustar en literatura y lecturas en las escuelas, propio de dictaduras y gobiernos neoliberales. El fin del Plan Nacional de Lecturas, por decisión del gobierno de Milei, es sin dudas otro paso a profundizar las desigualdades educativas, la pobreza y el atraso cultural.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 23/12/23
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