Luego del tsunami de decretos anunciado por el presidente Javier Milei, el abogado Jorge Elías analiza el impacto que supondría para los trabajadores y trabajadoras: “Es una medida autoritaria, casi dictatorial”.
Entre los puntos más salientes de la batería de medidas anunciadas por el gobierno de La Libertad Avanza en la noche del miércoles último, que derivaron en el retorno del ensordecedor batir de cacerolas que había atronado casi en la misma fecha pero de 2001, el que atañe a los derechos laborales aparece como un retroceso muy grande y preocupante para el sector laboral todo. El prestigioso abogado rosarino Jorge Elías, especializado en el derecho laboral y posicionado siempre del lado de las y los trabajadores y en la vereda de enfrente de las patronales, analiza los alcances de las medidas que, de ser avaladas por las cámaras, pasarían a regir los aspectos contractuales, indemnizatorios y hasta sindicales de la masa laburante del pueblo argentino.
—¿Qué lectura hace de los anuncios del presidente Milei en lo que hace a los derechos laborales?
—Es muy preocupante porque es una medida hecha bajo un absoluto autoritarismo, casi dictatorial. Estas reformas, en una República que es de lo que tanto han hablado quienes ahora nos gobiernan, debe pasar por el Congreso, debatirse y evaluarse qué conviene y qué no conviene, y qué hay que reformar y con qué propósito, en qué dirección. Y es aún más preocupante porque está claramente basada en un prejuicio del gobierno que piensa que lo que frena el desarrollo del país son las trabas y los reglamentos que impiden la libre circulación de los negocios y los contratos. En este caso, específicamente los contratos laborales. Piensan que si los trabajadores no tuvieran leyes que los protegieran todo estaría mejor, que a menor protección del trabajo más prosperidad y bienestar para todos.
Es un pensamiento mágico, místico, ingenuo, que no tiene nada que ver con la realidad y que además en la Argentina ya ha quedado demostrado que en los tiempos en que se intentaron experiencias de este tipo, nos fue muy mal. En esa línea, ya arrancan con algunas cuestiones que son muy preocupantes y que por supuesto habrá que ver si las reformas se mantienen. Vale aclarar, si bien la reforma ya empieza a regir en unos días, esto no es un hecho definitivamente consumado. Hay una serie de trámites que deben cumplirse desde el punto de vista legal, y luego judicial. Básicamente la idea del proyecto es abaratar el costo de empleo, mejorar la posibilidad de despedir lo más barato posible, lo que implica, también, que los trabajadores van a ganar menos. También se modifica el periodo de prueba del contrato de trabajo, que es el tiempo durante el cual el empleador puede despedir al trabajador prácticamente sin pagarle indemnización, argumentando que está en período de evaluación, que hasta hoy era de 3 meses y ahora va a ser de 8. Esto implica que un trabajador al que lo toman hoy, en agosto puede que le digan “no lo quiero más” y lo echen. Es una forma de facilitar una especie de rotación de trabajadores sobre todo en empresas en las que hay mano de obra poco calificada. Provoca que aquel que un día tuvo gripe, o aquel otro que se atreve a decir “págueme el sueldo que ya estamos a día cinco del mes”, estén en un desamparo absoluto porque durante esos ocho meses el trabajador tiene que agachar la cabeza.
También estarían despenalizados, eliminados todos los recargos e indemnizaciones que la ley tiene para los trabajadores que están en negro, o mal registrados, que son una plaga para el país. Como eso no sirvió, porque es cierto, no fue todo lo eficiente que se dijo, lo sacamos. Pero es como decir: como la gente se mata por la calle, que saquen armas a la calle. Es combatir un problema a contramano de lo que sería lo lógico. La intención es hacer mucho más barato el empleo y un estímulo para que la gente tenga en negro, total si lo tengo en negro y me descubren, me hacen un juicio, lo pago en 5 años, no tengo recargos, no tengo sanciones, no tengo ningún castigo así que viva la pepa.
Hay también una idea de que por convenio colectivo se puede modificar el sistema de indemnizaciones por despido, que puede ser de un mes por año de antigüedad como hoy lo conocemos o puede ser un sistema como el que tienen los trabajadores de la construcción en el que el patrón hace un depósito del 8 por ciento por mes en un fondo en la cuenta y cuando se va le da la plata al trabajador, lo cual ha demostrado que es absolutamente ineficiente, tanto para reparar el daño como para proteger al trabajador frente a un reclamo, porque lo que se ha expuesto es que cuando al patrón se le cruza, lo puede despedir.
Este es el escenario que imagina el gobierno, y esta es la realidad a la que nos tenemos que ir enfrentando. Pero claro, vamos a volver a aclarar, para no alarmar a los lectores, que hay que esperar porque el DNU es un mecanismo constitucional discutible, puede transformarse en ley, pero precisa que el congreso no lo invalide. Esto va a generar cuestionamientos desde el punto de vista político y también constitucional. No es aceptable el mecanismo dictatorial en el que el presidente firma y hace lo que quiere sin intervención del Parlamento. Al mismo tiempo va a generar respuestas jurídicas, porque en cada caso que se plantee que algún empleador quiera aplicar estas novedades, desde el punto de vista constitucional, muchas de las reformas, por su carácter regresivo y violatorio de garantías constitucionales y supraconstitucionales, habilita recurrir a la justicia. Se nos viene un escenario muy conflictivo, eso desde el punto de lo mío, que soy abogado, no hablemos de lo que piensen los sindicatos, los trabajadores.
—Cuando hablábamos sobre la posibilidad de una reforma laboral en tiempos de Macri, la mayor de las preocupaciones era que no iba a haber doble indemnización. Ahora, ¿podría dejar de existir la indemnización como tal?
—Por ahora la indemnización en la lógica del proyecto seguiría existiendo salvo que, por convenio colectivo, los sindicatos y las empresas acuerden salir del sistema que tenemos de la Ley de Contrato de Trabajo y entrar en este régimen de fondo de capitalización como el que rige en la industria de la construcción, donde el empleador hace un depósito mensual en una cuenta para que en caso de despido, el trabajador pueda cobrar unos mangos cuando lo echan. Eso va a depender de que los sindicatos estén dispuestos a firmarlo y va a depender de que no se discuta si una norma así garantiza la protección contra el despido que tiene el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Argentina es un país con un sistema jurídico muy desarrollado. Tenemos la Constitución de 1994, con los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que estamos adheridos, de las normas OIT, que tienen fuerza supralegal. Un Código Civil nuevo que garantiza derechos básicos a la persona humana, y una jurisprudencia muy fuerte que ha hecho que muchas leyes injustas pudieran ser invalidadas. El mejor ejemplo es la Ley de Riesgos de Trabajo que fue una monstruosidad destinada a despojar o dejar desamparados a los trabajadores accidentados. Después de la lucha intensa de abogados que nos dedicamos a esto y jueces que nos llevaron el apunte, hoy tenemos un sistema mucho mejor, no del todo bueno, es verdad, pero infinitamente distinto y mejor. Acá, esta ley va a generar mucho más pleitos porque naturalmente los sectores más afectados, sindicatos, trabajadores y los abogados que los vamos a defender, vamos a ponernos las botas para salir a luchar.
—Por más que la indemnización siga existiendo como tal, hay mucha letra chica que brinda la posibilidad de despedir prácticamente sin motivo alguno o incluso con argumentos irrisorios.
—Algunas cosas son muy groseras, como que al que corta la calle lo van a echar, eso es una estupidez, eso es para la tribuna porque no va a funcionar y ningún juez le va a llevar el apunte. Otra cosa que también es muy preocupante es que pretende decir que cuando un trabajador aparece facturando como monotributista, por el sólo hecho de ser monotributista no va a ser considerado empleado, lo cual es un disparate total, eso no se puede sostener, ningún tribunal va a defender eso. Con ese criterio, podría haber una fábrica con 500 obreros monotributistas como Techint. Esa fantasía se cae. Pero antes de que se caiga, va a haber gente perjudicada, lucha, violencia, inseguridad. Si lo que buscamos es procurar la seguridad en la calle, cuanto peor vive la gente y menos gana, hay más inseguridad.
—En tiempos de Macri, cuando también se ponía en debate la necesidad de una reforma laboral, uno de los artilugios esgrimidos por quienes querían llevarla adelante era demonizar no sólo a sindicatos y gremios, sino a los abogados laboralistas.
—Por supuesto, somos la plaga más peligrosa de la Argentina. La culpa de que el país no progrese la tenemos los abogados, y los jueces. Parte del plan es hacer desaparecer la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y la Justicia Nacional del Trabajo que es una justicia muy protectoria que marca línea en todo el país y que la quieren sacar de la ciudad de Buenos Aires para descabezar a esos jueces que cumplen con sus responsabilidades. Todo eso inaugura un escenario de enorme conflictividad. Pero para poder hacer estas cosas, hay que sentarse a negociar, acordar, repartir responsabilidades, hacer buenos diagnósticos y generar consensos, pero acá es sólo el acto de autoridad porque el presidente cree que sacó muchos votos y puede hacer lo que quiere. Y en la Argentina presidentes que sacaron muchos votos y les fue mal tenemos unos cuantos.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 23/12/23
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