Mi-ley busca que el Congreso le apruebe la desarticulación del Estado antes de fin de mes, sin negociar y carente de fuerza propia. El tiempo le juega en contra. Primer traspié judicial por la “reforma” laboral.
El Gobierno de Javier Mi-ley pareciera jugar todas las fichas de su suerte política en los dos tableros que escogió para desplegar su estrategia ajustadora: el Congreso con la aprobación del proyecto de ley ómnibus que abarca cuanto se pueda abarcar; y el Poder Judicial como custodio de la legalidad del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), terreno en el que ya sufrió un traspié en el fuero laboral pero que busca enderezar llevando todos los planteos judiciales de inconstitucionalidad al más amistoso fuero Contencioso Administrativo, donde tiene la puerta entreabierta el juez Esteban Furnari. Mientras define cuestiones decisivas como si se muda o no a la residencia presidencial de Olivos con sus cuatro perros –atento a la dificultad para importar un material que se utiliza para fabricar los caniles–, Mi-ley quiere imprimirle la necesaria velocidad que requiere su plan de desarticulación del Estado y aguarda la venia del Parlamento antes de que termine enero. El paso del tiempo conspira contra su estrategia devastadora, porque comenzarán a materializarse las consecuencias de las políticas oficiales que, inevitablemente, serán negativas. El valor del combustible a 1.000 pesos el litro o el kilo de carne a 7.000 en apenas un mes, puede hacer trocar con el paso del tiempo la interpretación sobre el sistema de precios desde la idea de “sinceramiento” a la de “brutal ajuste” sobre los sectores populares y medios, víctimas principales del “sufrimiento” prometido. Si las “reformas” propiciadas por el Gobierno de Mauricio Macri y el presidente no se implementan en el corto plazo, el countdown del humor social jugará en su contra.
Partirla al medio
Con el objetivo de avanzar en el Congreso, donde el jueves 4 se conformaron las cinco comisiones en las que se analizará el proyecto de ley de minimización de la participación estatal en función del avance del mercado como regulador de las relaciones sociales y económicas, Milei se reunió con el puñado de legisladores que le responden directamente.
Al término de la reunión, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que el encuentro del presidente con diputados oficialistas “fue en línea con la estrategia legislativa en la mal llamada ley ómnibus” y sostuvo que el Gobierno tiene “plena confianza en que va haber novedades de aquí al 31 de enero”. Optimismo no le falta.
Entonces, Adorni sinceró el objetivo de la Casa Rosada: romper al país en dos pedazos, de magnitudes equilibradas. “Es un trámite legislativo muy complejo por la extensión de la ley, los intereses en juego y porque en definitiva parte al medio la Argentina”, dijo el vocero.
En el mundo que autopercibe, “por un lado está la vieja Argentina que privilegia a la casta que vive de una u otra forma del Estado, y del otro lado la que le abre la puerta a una Argentina totalmente distinta”, sostuvo.
En línea con la estrategia de rápido y duro, adelantó que “no está en los planes que haya (sesiones) extraordinarias en febrero” en el Congreso.
La agencia de noticias Télam consignó que un participante en la reunión que se desarrolló en el Salón Sur de Casa Rosada confirmó esa afirmación al asegurar que el objetivo es “tener la ley votada el 31 de enero”.
La Libertad Avanza (LLA), el partido con el que Mi-ley ganó las elecciones presidenciales, cuenta con 38 diputados nacionales y ocho senadores en el Parlamento nacional. Una escasa fuerza propia.
Esa debilidad legislativa lo obliga a coordinar con otros bloques y bancadas para conseguir un tratamiento favorable del DNU –que debe ser analizado por una comisión bicameral del Congreso, amén del tratamiento judicial del tema– y de los 12 temas planteados por la Presidencia de la Nación para las sesiones extraordinarias convocadas para enero.
La enormidad de temas que abarca el proyecto de ley que contiene 664 artículos sobre los más diversos ámbitos de la vida humana será, presumiblemente, materia negociable.
Varias voces del Congreso solicitaron que el Ejecutivo enviara varias leyes, por temas, para poder analizarlas de un mejor modo. No es la intención del Gobierno, que se juega a todo o nada en el paquete completo.
Pero, justamente, por la complejidad, cantidad y variedad de asuntos que aborda, es factible que la Casa Rosada negocie aspectos del proyecto en busca de los votos necesarios.
El vocero Adorni lo adelantó, a su manera, al referirse a las modificaciones a las regulaciones pesqueras, que prometen desempleo y extranjerización: “Estamos abiertos al diálogo y a discutir no sólo ese punto sino cualquier otro que pueda generar alguna controversia. Tenemos mucho expertise, pero como cualquier ser humano uno puede cometer alguna cuestión a corregirse”. No se nota.
Hasta el momento no se conocen públicamente el inicio de esas negociaciones, pero sí el carajeo del presidente a los diputados y senadores, a quienes en ocasiones trata –sin pruebas– de coimeros, y a quienes les dio la espalda en el discurso de apertura de su mandato, como claro símbolo de la importancia que le asigna al Congreso.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó el miércoles a esa estrategia al asegurar que el que se opone es extorsionador.
Pidió que dejen de “extorsionar a la gobernabilidad” del Presidente, y valoró el DNU y el proyecto de ley enviado al Congreso al que, con desprecio por la realidad, calificó como que “apuntan a la inversión y el orden para tener empleo”.
“No es lógico que el 24 (de enero) va a ser un mes de que haya comenzado el Gobierno y hacen un paro nacional. El país necesita trabajar, ordenarse y está cansado de la presión, de que las minorías vuelvan a estar rehenes de un grupo que estuvo bajo la alfombra durante cuatro años”, expresó Bullrich en referencia a las medidas de protestas que anunció la CGT contra la destrucción del sistema laboral.
Luego se sinceró: sostuvo que el proyecto de ley va en una “dirección de simplificación para las condiciones del capital en Argentina, que permitan bajar costos y apunta a la inversión y orden para tener empleo”. Bajar costo laboral, el viejo anhelo de las elites desde la irrupción del peronismo a mediados del siglo pasado.
Pero el proyecto no es parejo en cuanto a la “simplificación para las condiciones del capital”, porque hasta ahora las políticas oficiales benefician sólo a algunos sectores puntuales del capital, mientras que agreden a otros, como el industrial y particularmente las pymes. Sin mercado interno, poco vale que un monotributista pueda conchabar cinco “colaboradores” bajo la misma condición fiscal.
Con cautela
La Cámara Nacional del Trabajo dictó el miércoles 3 de enero una medida cautelar que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU dictado por el Gobierno, ante lo cual la administración de Mi-ley anunció que apelará y pedirá que se declare la incompetencia de ese tribunal, para que el caso sea tratado en el amigable fuero Contencioso Administrativo Federal.
El tribunal de feria hizo lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había apelado una resolución de primera instancia, y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.
El Gobierno informó que la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del ex juez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, “apelará la medida cautelar” de la Cámara “y pedirá la incompetencia de ese fuero”. En la segunda parte del enunciado se centra su mayor anhelo.
“El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país”, señaló el Gobierno en un comunicado, y sostuvo que “desoye el criterio que adoptaron los otros tribunales del país, tanto en la Ciudad (de Buenos Aires) como en el interior, que enviaron la causa al juez natural y universal que conoce en todos los asuntos”. Así, aludió al fuero Contencioso Administrativo Federal, y en el caso particular al juez Esteban Furnari, que atrajo todas las presentaciones contra el DNU.
La CGT, por su parte, celebró “el fallo judicial contra el intento de reforma laboral propuesto por el Gobierno” a través del mega DNU y aseguró que “el movimiento obrero y los trabajadores no serán vencidos en tanto y en cuanto permanezcan unidos”.
La decisión de la Cámara fue adoptada con los votos de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo junto con la jueza Dora González, que postuló remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
“No se evidenciaría objetivamente la «necesidad» de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera –hipotéticamente– intentar justificarse en las referencias genéricas a «un hecho demostrado», lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de «urgencia» para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”, sostuvieron los jueces de la mayoría.
Destacaron además que “no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide –en principio– considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema «excepcionalidad»”.
“En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (artículo 99 inciso 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento «sobre tablas»)”, recordaron.
El fallo también resalta la contradicción entre intentar modificar múltiples y variadas materias por decreto, mientras por otro lado el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias al Congreso para el tratamiento de la ley ómnibus.
El voto de la mayoría señala que “resulta, al respecto, insoslayable que mediante el Decreto 76/23 se ejerció esa facultad y se convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 26/12/23 y hasta el 31/1/24, a fin de tratar –entre muchísimos otros temas– la ratificación del DNyU 70/23”.
Un día después, el jueves 4, la Cámara dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del mega DNU, en esta ocasión ante un planteo de la CTA.
Los jueces resolvieron “disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo”.
En la primera parte del fallo, los jueces aceptaron intervenir ante el planteo de la CTA y rechazaron enviar la causa al fuero contencioso administrativo, que es aquel al que el gobierno nacional quiere llevar todos los planteos contra el DNU.
Contienda
La primera solicitud de amparo contra el DNU fue presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, de la que participa el economista Claudio Lozano, en el fuero contencioso administrativo. Allí cuestionó su constitucionalidad.
El escrito recayó en el juzgado de Esteban Furnari. El magistrado inscribió el reclamo en un registro de procesos colectivos, de modo tal que se acumulen en su despacho las presentaciones que siguieron a la de la ONG de Lozano.
Según publicó el periodista Horacio Verbitsky en el semanario digital El Cohete a la Luna, “en 2009, el juez federal Esteban Furnari autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal, del Grupo Clarín, que el Comité Federal de Radiodifusión había negado”.
Luego, “en 2016 intervino Oil Combustibles, del Grupo Indalo, lo cual lo condujo a su quiebra. En 2019 avaló que el gobierno de (Mauricio) Macri se negara a entregar la información sobre el trámite administrativo para solicitar el préstamo de 53.000 millones de dólares al FMI”.
Al igual que Furnari, el Gobierno desea que todos los reclamos sobre la inconstitucionalidad del decreto urgente y necesitado recaigan en ese juzgado.
Al anunciar la apelación que el Gobierno realizará al fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, el vocero Adorni sostuvo que las resoluciones al respecto las debe tomar “el juez natural”, es decir, el amigable Furnari.
De todos modos, será la Corte Suprema de Justicia quien termine resolviendo sobre la constitucionalidad del mega DNU, una vez que termine la feria de enero.
Centrar las expectativas en que el freno al desenfreno de Mi-ley lo establezca el Poder Judicial es como dormir al aire libre sin repelente estas noches de verano en el Litoral argentino, y pretender despertar sin ronchas.
Paralelamente a los procesos y tiempos judiciales, la “política” tiene llave en el Congreso para detener las “reformas” que el liberal-libertario quiere imprimirle a lo que queda de la Argentina, mientras conduce una monumental transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos al capital en nombre de “la libertad”.
La “calle” es la tercera pata del intríngulis que transita Mi-ley, quien no luce como una persona dispuesta al diálogo y la negociación sino al arbitrio y la autocracia. Las reacciones ofrecidas en tan poco tiempo de gobierno constituyen un dato elocuente de la profundidad del daño causado y por provocar. Su organización y la unificación de esas reacciones conforman el horizonte de garantía de un freno al desastre.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 06/01/24
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