La Seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) denuncia el aumento de despidos “sin causa” en instituciones educativas privadas.
En la primera quincena de enero se han tomado conocimiento de más de 15 situaciones de despido o “reducción de horas cátedra” (modalidad que encubre el despido parcial). Afirman que la cifra no tiene antecedentes en los años anteriores, debiendo remontarse a más de una década para encontrar un escenario similar.
En 2016, de manera conjunta, las Seccionales Rosario y Santa Fe del Sadop lograron una reforma en la ley de educación privada provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan “despidos sin causa”, lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra.
El secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, expresó: “Después de años de lucha, la Legislatura nos dio la razón, el Estado no puede subsidiar por vía indirecta el pago de indemnizaciones, que el propio Estado no paga. Si una escuela quiere despedir un docente que haga el sumario respectivo como lo dice la ley de educación privada. Sino que pierda el aporte del cargo”. A su vez el dirigente agregó: “Es innegable que el clima de época ayuda. La retórica discursiva y el DNU del presidente Milei alientan los despidos. Nunca faltan empresarios educativos inescrupulosos que se suban a la ola”.
Despido por discriminación en el Colegio D´ibarre.
El Sadop Rosario también denunció el despido discriminatorio Franco Casasola, secretario docente del Instituto D´Ibarre. Franco es un reconocido militante político y gremial (miembro del CD de Amsafe Rosario). También afiliado a Sadop. Su desempeño a lo largo de más de 4 años en la institución ha sido intachable recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la Institución.
De manera intempestiva en la primera semana de enero (previa a la suspensión del DNU) es despedido por Adrían Di Franco, representante legal del Instituto. En los meses previos Franco, junto con un grupo de docentes, venían reclamando que le paguen los salarios en tiempo legal, ya que cobraban después del 10 de cada mes. La institución recibe aportes del Estado.
Este ejemplo es por demás de elocuente: la entidad propietaria no “podía pagar en término” pero sí tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho le corresponde.
Sobre el particular Lucero expresó: “El caso de Franco Casasola es paradigmático. Tiene el respaldo de todo el personal docente de su escuela y del personal directivo. Un legajo intachable. Claramente lo despiden por reclamar que se cobre en término. Un despido que busca ser aleccionador y generar un antecedente. Es vergonzoso el accionar del empleador Di Franco. Debería recibir la sanción correspondiente y no poder tener más escuelas a cargo”.
Sobre las acciones a seguir el dirigente de Sadop expresó: “Franco ha iniciado las acciones legales correspondientes con los abogados del sindicato. Además hemos realizado la denuncia en el Ministerio de Educación. Haremos lo propio en el Ministerio de Trabajo. Creemos que más allá de los procedimientos administrativos las autoridades ministeriales tienen que tomar cartas en el asunto e impedir estas acciones. Un empleador que no paga en término y recibe fondos del Estado ¿Con qué cara paga indemnizaciones? El Estado debe impedir estas conductas”.
Al respecto de esta denuncia, Lucero manifestó: “Agotaremos todas la instancias para lograr la reincorporación de Franco Casasola, incluso las medidas de fuerza en la institución. Esperamos que la patronal reconsidere esta medida arbitraria y evite males mayores al proyecto educativo que tienen en manos”.
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