El diputado Eduardo Toniolli propuso declarar a Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA –empresas públicas sujetas a privatización en el proyecto de ley ómnibus– como activos estratégicos de la Nación. Alertó sobre pérdidas de fuentes de trabajo y de soberanía.
Luego de que el bloque de diputados de Unión por la Patria se reuniera con trabajadores de Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA, el diputado nacional Eduardo Toniolli presentó una iniciativa con el fin de evitar la privatización. “De concretarse la voluntad de Milei, Argentina pasaría a depender totalmente de otros países para proveer a sus Fuerzas Armadas”, señaló.
“El complejo industrial para la defensa está bajo ataque”, advirtió el legislador y referente del Movimiento Evita, y agregó: “El Presidente pone en riesgo no sólo miles de fuentes de trabajo, si no también nuestra soberanía nacional”, ya que “en un mundo convulsionado, y con una parte de nuestro territorio ocupado ilegalmente, sería gravísimo para nuestros intereses depender integralmente de privados, de empresas extranjeras o de otros estados para equipar a nuestras Fuerzas Armadas”.
Para el diputado y ex concejal rosarino, Milei quiere “hacer pasar como una solución al déficit fiscal lo que en realidad es una política de liquidación de nuestras capacidades nacionales”. Y añadió: “Las empresas públicas de la industria para la defensa son solventes y son un ejemplo a nivel continental en materia tecnológica, por lo que la excusa del gasto público se cae: lo que se busca en realidad es ofrecerles pingües negocios a ciertos grupos, al mismo tiempo que se precariza el equipamiento de nuestros soldados, marinos y pilotos”.
La iniciativa –que cuenta también con las firmas de Germán Martínez, Gabriela Estévez, Florencia Carignano y Julia Strada– propone declarar a Fabricaciones Militares, a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y a los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), como activos estratégicos de la Nación “por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional”, prohibiendo su privatización o enajenación sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada Cámara del Congreso de la Nación.
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