La Red Federal Forum Infancias se pronunció sobre las medidas que impulsa y lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza. En particular, sobre las leyes de los mil primeros días, de educación nacional y de salud mental. Alertan que las niñas, niños y adolescentes son y serán los más afectados.
A través de una declaración pública, el movimiento de profesionales de diferentes disciplinas del ámbito de la salud, la educación, las ciencias sociales, que integran esta Red Federal, advirtió sobre el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocida como ley ómnibus. En particular, sobre las modificaciones puntuales que atentan sobre los derechos.
La Red Federal Forum Infancias trabaja desde 2005 “para promover prácticas y políticas públicas que contribuyan al bienestar de las infancias y las adolescencias y la efectiva protección de sus derechos”. Está integrada por 27 sedes distribuidas a lo largo y ancho del país, con el objetivo de “prevenir los diferentes modos de patologización y medicalización de niñas, niños y adolescentes”.
“¿Por qué hacemos foco en particular en infancias y adolescencias? Porque dada su condición de vulnerabilidad de hecho, son y serán los grupos más afectados”, afirman en ese documento federal.
Sobre la modificación a la ley 27.611 o ley de los primeros mil días, repasan que se trata de una norma que “tiene por objetivo fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes y de los niños y niñas en la primera infancia, desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos”.
Y por tanto lo que está en juego en esos primeros mil días de vida son la construcción y configuración del vínculo, la comunicación y el juego. “Este progreso evolutivo no es posible sin los insumos nutricionales y afectivos que garantizan el proceso neurobiológico humano y su articulación emocional social. La ley 27.611 se apoya en esta perspectiva de cuidado como responsabilidad del Estado”, destacan.
En la declaración conjunta, subrayan que los cambios propuestos “no reconocen a niños, niñas y adolescentes como sujetos que van construyendo su autonomía de modo progresivo, más bien se pretende volver al modelo del patronato con un Estado que vigila, más de lo que acompaña. Un Estado que gasta fondos y recursos en resolver problemas que se pueden prevenir”.
Sobre las modificaciones a la ley de educación nacional (26.206), entre otros aspectos señalan que los exámenes al final de la secundaria con certificación -impulsados por Milei- ya existen, la diferencia es que esta propuesta “se basa en un paradigma punitivo”.
“Esta propuesta de ley -definen- no tiene en cuenta las diferentes trayectorias escolares de los niños, niñas y adolescentes, atentando de este modo, contra la convivencia en diversidad. Quedarían en situación de riesgo y vulnerabilidad niños, niñas y adolescentes con dificultades en sus aprendizajes y aquellos que necesitan un dispositivo especial para sostener su escolaridad común. Por otra parte, este sistema supone una concepción del aprendizaje sólo en términos de resultados desde un modelo capacitista y mensurable”.
Otro de los puntos analizados es el que establece la posibilidad de que las chicas y los chicos hagan su escolaridad primaria, a partir del segundo ciclo (4to grado), de manera no presencial. “La escuela es presencial, salvo excepciones, en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo. La presencialidad garantiza el acceso a la enseñanza compartida y favorece la construcción de lazos de compañerismo y cooperación, aspectos fundantes de la constitución de las subjetividades en desarrollo”, destacan como valores a defender.
Dicen además que “la modalidad de escolarización híbrida descorre la responsabilidad indelegable del Estado respecto de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes para desplazarla hacia las familias, profundizando situaciones de inequidad”.
También que “la escuela, como representante del Estado, se vería imposibilitada de intervenir en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Sobre las modificaciones a la ley de salud mental, remarcan que “el proyecto desconoce avances en materia de salud, de infancia y de discapacidad de los últimos 30 años y a la vez abandona consensos internacionales a los que nuestro país se comprometió en esas áreas”.
Entre otros puntos que consideran señalan que el proyecto Milei, “delega en jueces la toma de decisiones terapéuticas por sobre especialistas del equipo de salud mental”. “Es una atribución -continúan- que existía antes de la 26.657 y conducía a sinsentidos y arbitrariedades, porque no es competencia de jueces y abogados saber sobre la complejidad de la salud mental. Entendemos que con esta propuesta se intenta solucionar la falta de respuestas y la ausencia de turnos en el sistema de salud: Pero el camino es el fortalecimiento de los equipos en las áreas que lo necesitan, la coordinación de políticas sanitarias y la inversión de presupuesto en sectores estratégicos evitando malgastar recursos”.
Para leer el texto completo de la Red Forum Infancias se puede cliquear en este enlace: Declaración Forum.
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