El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente este lunes en la “causa anti-protocolo” que se inició a raíz de la aplicación del protocolo antipiquetes que diseñó el Ministerio de Seguridad de la Nación y le requirió a la ministra Patricia Bullrich que informe el procedimiento que dio origen al mismo.
En su despacho, pidió que informe en el plazo de 72 horas cómo fue el procedimiento que precedió a la emisión de este protocolo que ya se aplicó en distintas marchas como la de la CGT y la de distintas organizaciones frente al Congreso por el debate de la ley ómnibus. “Informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”, apuntó el magistrado en la causa que caratuló como “hábeas corpus”.
En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.
“A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”, agrega la orden judicial.
Casanello pide “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’” y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos».
“Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el texto.
Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.
La decisión del juez es en respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro en diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 1000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
