La provincia de Buenos Aires vuelve a ser el centro de un debate legislativo que podría cambiar el panorama de los juegos en línea en la región. El diputado Julio Pasqualin, representante de esta provincia, ha presentado un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para esta actividad. A pesar de la existencia de una estructura legal que regula el sector desde hace más de tres años, la propuesta apunta a modernizar y adaptar la legislación.

El enfoque de la iniciativa de Pasqualin se centra en dos áreas principales: la prevención de la ludopatía y la restricción del acceso de los menores de edad a los juegos en línea. El diputado subrayó que el objetivo de esta ley es establecer todos los mecanismos necesarios para prevenir el vicio en los juegos y limitar el acceso de los menores a las apuestas y juegos en línea. La ludopatía es una preocupación creciente, especialmente al considerar la vulnerabilidad de los adolescentes, que, según el diputado, son particularmente susceptibles debido a su curiosidad innata y su menor capacidad para resistir tentaciones.

Sin embargo, la propuesta genera ciertas interrogantes, especialmente al considerar la situación actual del juego en línea en la provincia. La legislación vigente ya incluye muchos de los requisitos que menciona el nuevo proyecto, incluyendo los criterios para el licenciamiento de operadores de juego, como los casinos licenciados enumerados en Lucky Block. La principal innovación de la propuesta de Pasqualin es la introducción de un registro de jugadores con datos biométricos, una medida diseñada para prevenir el acceso de menores a las plataformas de juegos en línea. Esta medida refleja una iniciativa similar recientemente presentada en la provincia de Córdoba.

En Argentina, la regulación de los juegos de azar en línea varía según la provincia, ya que no existe una ley federal unificada que regule esta actividad. Provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe han establecido sus propios marcos regulatorios para garantizar la legalidad y seguridad de las apuestas en línea. En Córdoba, la Ley 10.793, que regula el juego en línea, fue sancionada a finales de 2021 y entró en vigencia en 2023. Esta legislación incluyó la posibilidad de implementar un registro de datos biométricos para los jugadores con el fin de evitar el acceso de menores de edad.

La propuesta de ley en Córdoba también sugirió modificar artículos para mejorar la identificación de los apostadores mediante datos biométricos y la dirección domiciliaria, con la gestión de este registro a cargo de la Lotería de Córdoba​. Un estudio reciente en Argentina reveló que el 77% de los consumidores considera que una verificación de identidad sólida, incluyendo métodos biométricos, sería efectiva para prevenir el acceso de menores a los juegos de azar​.

Este movimiento legislativo se da en un contexto donde la integración de la tecnología en la regulación es cada vez más pertinente. La seguridad digital y la protección de datos de los usuarios son aspectos que deben ser considerados en los nuevos marcos regulatorios. La implementación de esta regulación ha tenido un impacto económico notable, con estimaciones que indican que el mercado podría mover más de $200,000 millones de pesos, generando además cientos de empleos directos e indirectos. 

No obstante, la propuesta ha enfrentado críticas por parte de algunos sectores que la ven como un posible exceso de regulación. Los críticos argumentan que la imposición de barreras adicionales podría incrementar los costos operativos sin ofrecer beneficios tangibles, considerando que muchos de los requisitos ya son satisfechos por la legislación existente. Además, la eficacia de un registro biométrico para controlar el acceso de menores sigue siendo un tema de debate.

Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre proteger a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, y fomentar un ambiente de negocios saludable. Las autoridades deben ponderar si las nuevas medidas propuestas realmente aportan beneficios adicionales o si solo duplican controles ya existentes. Este proyecto, por lo tanto, pone a prueba la capacidad del legislativo para adaptarse a las nuevas realidades de los juegos online y muestra la necesidad de revisar y actualizar los marcos regulatorios para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos y sociales actuales.

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