Al cumplirse el trigésimo aniversario de la voladura de la Amia existen dos certezas: el Estado no la previno ni la investigó debidamente. Apemia contra la “historia oficial”. Los fallos de la Corte Interamericana y de Casación.
Dos cosas se saben acerca del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), ocurrido hace 30 años: que el Estado argentino no lo previno ni lo investigó debidamente. Por un lado, había sido informado y advertido con anterioridad sobre el posible ataque y, luego de sucedido, algunos de sus funcionarios de diferentes estamentos participaron del encubrimiento de los responsables, cuyas identidades aún se desconocen. Sin embargo, al cumplirse el trigésimo aniversario, la “historia oficial” del episodio que provocó 85 muertes y 300 heridos tras la explosión del edificio ubicado en calle Pasteur al 600 será la que obtenga mayor espacio en la conversación pública. Según documentos diplomáticos desclasificados, esa versión comenzó a construirse a las pocas horas del atentado, incluso antes que la investigación, entre el entonces presidente Carlos Menem y un enviado del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. La “interpretación unificada” de lo ocurrido debía apuntar hacia Irán, en desmedro de las evidencias existentes en los primeros pasos del expediente hacia lo que en la causa se conoce como “pista siria”.
“Lo grave es que a los jóvenes le han construido un relato en el que les mienten desde la cuna. Informes oficiales de hace más de 22 años, como el del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), Miguel Ángel Toma, que le había echado la culpa a Irán de la responsabilidad del atentado, es un informe inverosímil, es como que te cuentan un cuento sabiendo que es mentira”, dijo Pablo Gitter, miembro de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia). “Hay que poner ese cuento en su contexto, porque no hay ningún documento propio de los organismos de inteligencia argentinos que respalden esa historia”, agregó, para explicar que “el único fundamento para producir ese cuento fue que el Estado quería quitarse a sí mismo responsabilidad en el ataque, ponerlo en la órbita internacional y no ser responsabilizado por ningún otro país de lo que le tocaba enfrentar”.
Se sabía
No es sólo un grupo de familiares de las víctimas el que apunta en ese sentido. El 14 de junio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino, en un proceso iniciado en 1999 por la asociación civil Memoria Activa, por no prevenir ni investigar debidamente el atentado de julio de 1994.
“La ausencia de investigación y sanción a los responsables del atentado a la Embajada de Israel en 1992 creaba una situación de impunidad que propició que se mantuviera latente una situación de inseguridad”, indicó la sentencia conocida a mediados del mes pasado.
Agregó que “el Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía” y, sin embargo, “no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, por lo que “violó su obligación de prevención” y “es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas del atentado”.
La semana pasada, los miembros de Apemia, Pablo Gitter y Laura Ginsberg, participaron en Rosario de un encuentro y exposición en la Facultad de Humanidades y Artes, con autoridades de la casa de estudios, sobre los 30 años del atentado. Además, mantuvieron reuniones en procura de avanzar en una investigación de la que participen profesionales de las ciencias sociales que, entre otros objetivos, promueve un trabajo de entrecruzamiento de informes desclasificados de inteligencia con cables de la agencia de noticias Télam de la época que apuntan el direccionamiento oficial de la autoría hacia la autoría extranjera del atentado.
En diálogo con el programa Poné la pava, de Radio Rebelde Rosario, Gitter recordó que el 18 de julio de 1994 estaba en Santiago de Chile, donde residía entonces, cuando se enteró por radio del atentado al edificio de la mutual judía.
“Quería comprar el diario argentino, pero llegaba después de las 3 de la tarde. Me informaba con los medios chilenos, que comentaban «qué grave lo que ocurrió en la Argentina, y eso que nosotros avisamos». El que dice que avisó fue el comandante de los Carabineros de Chile, Nelson Mery Figueroa, que es una institución pública de Chile muy respetada”, rememoró Gitter sobre los avisos previos al atentado de 1994.
También dijo que “pasaron muchos años hasta enterarnos que ese mismo día por la tarde, desde Roma, llamaba por teléfono a la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal un individuo que habló con las autoridades y preguntaba «cómo es que no me dieron bolilla». Ese individuo era Wilson Do Santos, un enviado especial del Gobierno de Brasil que anotició 10 días antes del atentado a los gobiernos de Israel y la Argentina de la inminencia de un blanco judío en Buenos Aires. Otra alerta que fue ignorada”.
En la misma entrevista, Ginsberg contó que “en los primeros cables de Télam de la primera semana (tras el atentado), distintos funcionarios del Gobierno y autoridades de organizaciones judías del exterior y de Israel, aparecían diciendo que no hubo amenazas previas”.
Para Gitter, “eso fuerza la confusión, porque el presidente de la Nación (Carlos Menem) decía «nos sorprendimos, ¿qué es esto?». Pero lo que los documentos secretos revelan es que en otros países también se sabía”.
En esa línea, recordó que “en Uruguay el mismo día, el ministro del Interior llama a conferencia de prensa y dice que sabían que se venía un atentado y que lo habían avisado. También lo hizo Estados Unidos, lo hizo público. Se sabía en Brasil, en Chile. Está en los diarios de la época. Entonces, ¿cómo es que el presidente de la Nación no sabía nada? Los documentos secretos reconfirman que todo el mundo sabía”.
“Entonces, la pregunta que nos hacemos, es ¿qué papel jugó Argentina en la preparación del atentado? Y seguimos acusando a cualquier marciano”, abundó Gitter.
Versión unificada
En 2004, al cumplirse 10 años del atentado a la Amia, el periodista Horacio Verbitsky reveló en el diario Página/12 un cable diplomático que daba cuenta del acuerdo entre el gobierno argentino y el israelí para unificar una interpretación de lo ocurrido apenas unas horas antes en el edificio de Pasteur al 600 de la entonces Capital Federal.
“A las pocas horas de producido el atentado, el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994. El atentado, que costó la vida a 85 personas y heridas a 300, había tenido lugar a las 9.53 del 18 de julio”, reveló Verbitsky.
Otegui primero llamó por teléfono a Cancillería para avisar que el primer ministro israelí enviaría de inmediato un representante para acordar esa versión. El embajador argentino dejó constancia de ello en el cable EISRA 010365 del año 1994. El enviado de Rabin fue, según esa prueba incorporada al expediente, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak.
Escribió Verbitsky que “según la información transmitida por el embajador Otegui, para el gobierno israelí «es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado», en especial por el impacto que la manera de presentar lo sucedido tendrá ante la opinión pública israelí, «dado que partidos de oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente las política de paz del gobierno de Rabin». En ese momento, Rabin estaba muy avanzado en un acuerdo de paz con el gobierno sirio del Presidente Hafez Al Assad, que hasta entonces había sido el más duro opositor a la mera existencia de Israel en el mapa del Medio Oriente. Contaba para esas tratativas con el apoyo del gobierno estadounidense de William Jefferson Clinton. El cable agrega que el «objetivo de entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado» con el propósito de «presentar a la prensa –inmediatamente después del encuentro– una versión unificada de lo ocurrido»”.
Schmorak llegó a Argentina la noche del 19 de julio y se reunió con Menem, tal como había sido acordado. Al día siguiente, en una entrevista concedida al diario Clarín, el diplomático dijo que “el número uno en la lista de sospechados es Irán. Hay organizaciones fundamentalistas islámicas inspiradas por Irán, financiadas por Irán, entrenadas por Irán, pero que no son iraníes, como Hezbollah, en el Líbano”.
Desde entonces, y a pesar de las diferentes conductas que asumieron los gobiernos que se sucedieron –los Kirchner aceptaron la responsabilidad estatal en la falta de prevención y en la indebida investigación y ordenaron desclasificar y digitalizar la documentación de la Side sobre el atentado– la fallida investigación apuntó siempre hacia esa dirección, en desmedro –por ejemplo– de la denominada “pista Siria” que apuntaba a Alberto Kanoore Edul, cuyo padre visitó la Jefatura de Audiencias de la Casa Rosada el 1 de agosto de 1994 en busca de “ayuda” del presidente Menem “por la relación que lo unía”, según el procesamiento del juez Ariel Lijo al ex mandatario y al ex juez federal Juan José Galeano por encubrimiento, de 2009.
Ginsberg dijo que “esto también se refleja en los primeros cables que aparece como información oficial en las primeras horas y días del atentado”.
Así, sostuvo que “es impresionante ver cómo hubo un esfuerzo del gobierno nacional por trabajar en algún tipo de versión que saliera y dirigiera a la opinión pública en este sentido: imputar alguna responsabilidad en el extranjero”.
Para la integrante de Apemia, “hubo una intervención bastante notable del gobierno del Estado de Israel y la dirección de la comunidad judía en Argentina, y si bien en un inicio había sectores del gobierno que atribuían el atentado a los restos de la mano de obra desocupada que heredábamos de la dictadura, rápidamente se ve cómo vira el gobierno nacional y se acelera brutalmente una responsabilidad externa”.
Historia oficial
Eso es lo que los miembros de Apemia denominan “historia oficial” o el “cuento” al que se refirió Gitter.
“Lo que yo leo de este aniversario redondo es que se plantea una situación en donde vamos a ver que todos los esfuerzos del Gobierno y de la dirección judía van a estar puestos en consolidar de una vez, y definitivamente, esta historia oficial de responsabilidad a cualquiera menos al Estado argentino”, sostuvo Ginsberg.
“Somos los únicos que confrontamos esa historia oficial. Las herramientas que tenemos es hacer un trabajo a conciencia, serio, sobre todos aquellos archivos que la Side escondió durante 30 años. Y entonces dar nuestra versión de los hechos. Porque esto sí lo sabemos: no hemos tenido ninguna respuesta a través de la vía jurídica, porque no hay ningún preso, ningún condenado, y después de casi 10 años de juicio, entendemos que es una vía que se agotó”, abundó la familiar de una víctima del atentado.
La sentencia de la Corte Interamericana conocida el 14 de junio último señala que, en la primera etapa de la investigación, a cargo del destituido Galeano, “el Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades” y “el abandono deliberado de algunas líneas de investigación”.
La resolución reseña que hubo “diligencias investigativas al margen del expediente judicial” y que se produjeron “evidentes omisiones y la falta a una debida custodia de pruebas” relativas a la llamada pista siria, que eran las intervenciones telefónicas a Kanoore Edul.
El fallo también hace referencia al pago de un soborno con fondos de Side para que el traficante de autos Carlos Telleldín, quien vendió el vehículo después utilizado como bomba, involucrara falsamente a un grupo de policías bonaerenses que primero fue condenado y luego absuelto, al descubrirse que se trataba de una patraña.
En un segundo período de la investigación, cuando el caso estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Amia que en 2006 elaboró un dictamen apuntando a la responsabilidad de Irán y solicitó la captura de ocho ciudadanos de ese país, los jueces de la Corte Interamericana advirtieron “falta de impulso en la investigación y errores graves en el manejo de la prueba”.
La conclusión del organismo interamericano consiste en que el Estado argentino —tal como reconoció ante el tribunal el gobierno en 2022– incurrió en “una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”.
Además, “se comprobaron una serie de maniobras realizadas por agentes estatales con el fin de obstaculizar la investigación y encubrir a los verdaderos autores, los cuales, a la fecha, no han podido ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados”.
Sin embargo, y en la misma línea de la “historia oficial”, en abril pasado la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahíques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, confirmó las condenas por encubrimiento a Galeano, el ex jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, pero descartó que se haya encubierto la pista siria que vinculaba a un allegado a Menem con el atentado a la Amia, por lo que absolvió a los condenados en el juicio oral por encubrimiento.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que patrocina jurídicamente a Memoria Activa, señaló que “con la jueza Ledesma en disidencia, los jueces de Casación sostuvieron que no quedó probado el encubrimiento de la pista Kanoore Edul, que vinculaba al empresario allegado a la familia Menem con el atentado”.
Y agregó que “en este fallo y de manera arbitraria, los jueces Mahíques y Barroetaveña resolvieron la absolución de todos los involucrados en la pista. Es este, sin dudas, un grave retroceso en la causa y en el camino hacia lograr verdad y justicia”.
Paralelamente, la Sala II de Casación ratificó la hipótesis de que el atentado fue ideado y ejecutado por el gobierno de Irán y la organización Hezbollah, que por el propio encubrimiento de los actores mencionados resulta de muy difícil comprobación por medio de prueba.
Así, a 30 años del atentado contra la mutual judía y la sociedad argentina, las pocas certezas existentes siguen siendo que –con matices en cada gobierno– el Estado no lo previno ni lo investigó debidamente.
En esa línea se expresó Apemia al cierre de esta edición, cuando se conoció el proyecto de los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, para impulsar juicios penales en ausencia de los imputados.
“Los ministros Cúneo Libarona y Bullrich se turnaron para elogiar un proyecto que profesionales y representantes del Colegio de Abogados repudiaron varias veces por anti constitucional, pero que Daia/Amia quieren hacer pasar desde hace 9 años. Bullrich reconoció que es un proyecto con «apellido» para condenar a iraníes o libaneses acusados de responsabilidad por el atentado a la Amia”, señaló la organización en un comunicado.
Agregó que “Cúneo Libarona lo dijo textualmente: el gobierno tiene nuevos «principios rectores sagrados». Los acusados extranjeros «se burlan de la administración de justicia, la sociedad y la verdad…»”.
Por último, recordó que “la Corte Interamericana de DDHH piensa al revés. Sentenció al Estado por usar su institucionalidad para desviar la investigación, cometer delitos y ocultar pruebas. Es el Estado nacional quien se burló de todos nosotros porque no investigó y generó impunidad deliberadamente”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 13/07/24
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