Además de visitar a Astiz, el Gobierno avanza en cuestiones concretas sobre la política de verdad y justicia: desfinancia la Conadi y designa a hijos de militares en DDHH. La batalla cultural de Villarruel.
La “verdad completa” que dicen perseguir los funcionarios del Gobierno nacional no es más que una metáfora mal disfrazada de la búsqueda de impunidad para los criminales condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, encabezada por militares y apoyada por civiles y eclesiásticos. La “visita humanitaria” a la cárcel de Ezeiza de un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al emblemático “Ángel de la muerte”, el ex marino condenado dos veces a prisión perpetua, Alfredo Ignacio Astiz, no terminó siendo sólo reivindicatoria de lo actuado –“son ex combatientes”, dijo el organizador– sino que es parte de un dispositivo más amplio por medio del cual los hermanos Milei avanzan sobre políticas públicas construidas por la sociedad argentina en los últimos 40 años, que derivaron en el contrato civilizatorio sintetizado en la conocida frase Nunca Más.
El vaciamiento y desfinanciación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi); la designación de dos hijos de personas asesinadas por la guerrilla en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa con el fin de interrumpir el flujo de información de esa dependencia hacia la justicia; los cerca de mil despidos en la Secretaría de DDHH y los recortes presupuestarios para los sitios de memoria, son algunos ejemplos de la determinación oficial.
En diferentes intervenciones públicas, antes y después de ser elegido presidente, Javier Milei consideró que durante la última dictadura existió “una guerra” y redujo a “excesos” lo que decenas de tribunales de justicia establecieron como un plan sistemático de exterminio del oponente político por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que las sentencias califican de genocidio. Se trata de veredictos dictados por múltiples y diversos tribunales, no del “relato” de un sector político.
El titular del Ejecutivo niega la cifra de 30.000 desaparecidos construida por los organismos defensores de Derechos Humanos ante la ausencia de información oficial sobre la represión clandestina instituida desde el Estado desde el golpe del 24 de marzo de 1976.
En relación a la visita de los diputados de la bancada oficialista a genocidas condenados por crímenes contra la humanidad, dijo: “Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho, pero los liberales no somos manada”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también atribuyó a una cuestión personal la polémica visita. De todos modos, aún debe responder al resto de los parlamentarios sobre el uso –o no– de vehículos oficiales para el traslado de los seis legisladores libertarios.
La respuesta no es menor. En caso de que así hubiese sido, la visita adquiriría entonces carácter institucional y los diputados que juran por la Constitución y el sistema democrático podrían ser sancionados por la reivindicación de quienes violaron la primera e interrumpieron la segunda.
“Terrorismo guerrillero”
Distinta es la trayectoria y la mirada de la compañera de fórmula de Milei en las elecciones del año pasado.
Desde mucho antes de ser investida como presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, emprendió un largo camino de producción de sentido con el fin de equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con las “víctimas del terrorismo guerrillero en los 70”, comparación que no encuentra parangón en términos jurídicos, pero sí forma parte de lo que el ex panelista televisivo a cargo del Poder Ejecutivo denomina “batalla cultural”.
Hija del teniente coronel Eduardo Villarruel, quien resaltaba su participación en “la lucha contra la subversión” en Tucumán y la provincia de Buenos Aires y participó de la guerra de Malvinas, Victoria fundó en 2006 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), como parte de la construcción que ahora le permite difundir esos planteos desde una posición de poder.
La fecha no es aleatoria: fue el año en que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
El tío de la vicepresidenta, Ernesto Guillermo, también fue militar, pero del área Inteligencia. Estuvo involucrado en los crímenes de lesa humanidad de la dictadura que tuvieron como escenario el centro clandestino de detenciones El Vesubio, en Buenos Aires.
Cuando fue citado a declarar por esos hechos por la Justicia federal porteña, Ernesto se profugó. Recién fue capturado en 2015, al presentarse a votar en las elecciones de ese año. Había trabajado como inspector en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Mauricio Macri. El militar retirado adujo sufrir Alzheimer y no fue sometido a proceso penal.
En 2014, Victoria publicó, en coautoría con el abogado Carlos Manfroni, el libro Los otros muertos: las víctimas civiles del terrorismo guerrillero en los 70. No fue en una editorial marginal, sino a través de Sudamericana.
Desde entonces continuó un largo proceso que no reivindica en forma explícita la represión ilegal, sino que propone reconstruir la “memoria completa” y brega por el reconocimiento de “todas las víctimas”. El libro recopila datos públicos sobre personas asesinadas o heridas por la acción de las organizaciones político-revolucionarias armadas, cuyo número establece –para el caso de los homicidios– en 1.094. El período de análisis lo establece entre 1969 y 1979.
Las acciones de Villarruel tienen al menos dos objetivos. Por un lado, promover la declaración de las víctimas de la guerrilla como delitos de lesa humanidad, algo que la Justicia –hasta ahora– rechazó, en el conocido caso Larrabure. No existen pruebas, según esa causa, de que las organizaciones armadas revolucionarias controlaran parte del Estado o territorios del país, prerrequisitos indispensables para que un delito común adquiera la condición de crimen contra la humanidad, y su persecución penal se vuelva imprescriptible.
Los crímenes de lesa humanidad sólo pueden cometerlos el Estado o sus representantes “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o de una organización con apoyo estatal” o control territorial, señaló la Cámara Federal de Rosario al rechazar el planteo de Arturo Larrabure, hijo de la víctima. Es decir, lo que hizo el Estado terrorista a partir del 24 de marzo de 1976, según múltiples fallos.
Por otra parte, Villarruel procura incidir en la opinión pública mediante la equiparación de las “víctimas del terrorismo subversivo” con las de los agentes estatales que, disponiendo de sus resortes y poder, cometieron un genocidio por medio de un plan sistemático de represión ilegal, con la implementación de centros clandestinos de detención.
Acciones concretas
Pero además de “la batalla cultural” librada para romper el consenso democrático sobre la represión ilegal, el Gobierno lleva adelante acciones concretas.
Una de las más graves es el desfinanciamiento de la Conadi, que corresponde a una política pública nacida antes de que los Kirchner fueran siquiera conocidos. La Comisión, que cumple una función trascendental en la búsqueda de los niños “robados” durante la dictadura y cuya identidad continúa siendo suprimida, fue creada por decreto en 1992 por el entonces presidente, Carlos Menem. Y ratificada por una ley del Congreso en 2001, durante el gobierno del radical Fernando De la Rúa.
Esas y otras políticas construidas en forma multipartidaria y a lo largo de la historia reciente –por las que Argentina es reconocida a nivel mundial– son las que viene a intentar interrumpir Milei.
Esta semana se conoció, aunque la decisión se adoptó el 1° de julio, antes de la visita “humanitaria” de los diputados a los genocidas, que el ministro de Defensa, el radical Luis Petri, designó en la dirección de Derechos Humanos de esa cartera a Arturo Larrabure y a Silvia Ibarzábal.
Ambos son hijos de militares que fueron asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de inspiración marxista, antes del golpe de Estado de 1976.
La dependencia tiene como tarea fundamental el análisis de los legajos de militares propuestos para sus ascensos con el fin de establecer si tuvieron alguna participación en la represión ilegal. Y, a la vez, cooperar por pedido de la Justicia en los requerimientos de las causas por delitos de lesa humanidad. Eso ya cambió.
“Nosotros no vamos a tener esas tareas, las funciones tienen que ver con la capacitación y la transmisión de valores universales, sin exclusiones, para que las nuevas generaciones conozcan la verdad de los hechos”, explicó Silvia Ibarzábal en una entrevista con Infobae.
Larrabure, por su parte, señaló que “nosotros queremos hacer que esto no sea un negocio. Esto tiene que ser estrictamente la pura verdad de lo que sucedió y sucede en la Argentina. Porque los derechos humanos siguen todos los días. No puede ser que los derechos humanos en la Argentina estén sólo centrados en la década del 70”.
No se sabe si por decisión del periodista que escribió la nota, o de acuerdo a la cronología de las declaraciones de Larrabure (h), siguió con una contradicción sobre sus presuntos objetivos de olvidar los 70.
Acerca de los condenados por delitos de lesa humanidad, dijo que “todos los presos tienen derechos humanos, no hay que olvidarse de eso. Si una persona está detenida, ha sido juzgada y tiene situaciones de enfermedad o supera los 75 años, debe tener prisión domiciliaria, no pueden morirse en la cárcel porque pertenecen a la década del 70”.
Además de la obviedad de que nadie cumple una condena “por pertenecer a la década del 70”, sino por los delitos comprobados en un juicio justo –del que carecieron las víctimas del terrorismo de Estado–, la ley de ejecución penal no establece en forma obligatoria para los jueces el dictado de la prisión domiciliaria de personas mayores de 70 años.
En un fallo de 2018, en el cual ratificó esa pretensión del represor Ernesto Barreiro, alias El Nabo, cuya negativa a presentarse ante la justicia cordobesa en 1987 suscitó el levantamiento de Semana Santa Fe, la Cámara Federal de Casación Penal estableció que los artículos del Código Penal y de la ley de ejecución “no operan de forma automática” sino que “depende del análisis que haga el juez respecto de su procedencia en el caso concreto”. La resolución recuerda que la ley señala que el juez “podrá” otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, lo cual no equivale a una obligación.
El 17
Otro de los objetivos –éste a corto plazo– de los reivindicadores del genocidio contra la sociedad argentina consiste, justamente, en conseguir la liberación o prisión domiciliaria de los condenados por crímenes que, el derecho internacional de los Derechos Humanos, considera que repugnan a la humanidad.
Se trata de una meta modesta, si se tienen en cuenta los datos difundidos el mes pasado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal (MPF).
De acuerdo a las estadísticas semestrales que producen las fiscalías, de los 3.476 investigados por esos delitos, sólo el 17 por ciento (642 personas) están detenidas.
El 40 por ciento de ese universo –1.484 personas– está en libertad, mientras que apenas el 1 por ciento –equivalente a 34 personas– permanece prófugo del Poder Judicial. El 42 por ciento restante, 1.586, son personas fallecidas, de acuerdo a los datos del MPF.
Antes de ser ancianos dolientes en prisión, y cuando los bríos de la juventud los habitaban, los condenados por delitos de lesa humanidad hicieron cosas.
Uno de los visitados por los seis diputados de LLA fue, según las crónicas periodísticas, el ex marino Alfredo Astiz.
El capitán de fragata fue condenado en dos juicios orales a prisión perpetua por su participación en el Grupo de Tareas 3.3.2 (GT332) que operó en el centro clandestino montado en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
Uno de los hechos más conocidos fue el secuestro de tres de las fundadoras de la incipiente asociación Madres de Plaza de Mayo, el 8 de diciembre de 1977, junto a otras 9 personas, entre ellas familiares de desaparecidos y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
Para eso, Astiz se infiltró en el grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San Cristóbal. Se hizo pasar por un familiar de una persona desaparecida y adoptó el nombre falso de Gustavo Niño, cuyo apellido coincidía con una víctima real de la dictadura. Las mujeres le tomaron cariño y lo llamaban ángel rubio, por el corto de su pelo y la bondad que emanaba de aquel teniente de fraga encubierto.
Las dos personas secuestradas por la patota del GT332 de la Esma, algunas en la iglesia durante el día de la Virgen, otras en sus domicilios y otras más en un bar porteño, fueron identificadas por sobrevivientes del campo de concentración. Sus declaraciones están registradas en el informe de la Conadep.
Astiz comenzó a llevar a las reuniones de la Santa Cruz, haciéndola pasar como su hermana, a Silvia Labayrú. Hija de militares y militante montonera, la chica –que estaba embarazada– había sido secuestrada un tiempo antes y estaba detenida ilegalmente en la Esma.
Estuvo un año y medio cautiva allí, donde sufrió torturas, abuso sexual y fue sometida a trabajo esclavo. Parió a su primera hija en cautiverio.
Los “12 de la Santa Cruz”, como se los conoció, fueron llevados al centro clandestino que funcionó en la Esma y arrojados vivos al mar desde un avión, en lo que luego se conoció como Vuelos de la muerte. Los cuerpos aparecieron poco después en la costa uruguaya del Río de la Plata y, ya en este siglo, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
La suequita
El 26 de enero del mismo año, la patota de la Esma secuestró a Norma Burgos, una militante montonera de 25 años. A la noche de ese miércoles, la subieron a uno de los tres Falcon y un Chevy que partieron del campo de concentración con dirección a la casa de los padres de la detenida, en la localidad de El Palomar. Antes, había sido torturada por el capitán Francis Whamond, en presencia de Astiz.
Allí le “arrancaron” el dato de que Burgos solía ser visitada en ese domicilio por María Antonia Berger, una militante montonera que era sobreviviente de la Masacre de Trelew. Allanaron la vivienda, pero no había nada. Regresaron con Norma Burgos a la Esma, pero dejaron un grupo a la espera de la mujer.
A las 8.30 de la mañana del día siguiente, llegó a la vivienda una joven sueco-argentina llamada Dagmar Hagelin, quien había conocido a Burgos durante el verano en unas vacaciones familiares en Villa Gesell. Cuando le abren la puerta ve los caños de las armas de los marinos y empieza a correr.
Astiz y un policía bonaerense de la zona, que participó del operativo, la siguieron. Con la rodilla sobre el suelo y el arma en la mano, según las declaraciones de vecinos que fueron testigos, el teniente de fragata gritó: “Parate flaca, si no te tiro”.
Finalmente disparó e hirió en la cabeza a la joven. Fue un roce, aunque de todos modos se desvaneció. Junto al policía, el marino se hizo de un taxi que había allí y metieron a la chica en el baúl. Testigos señalaron que Dagmar recuperó la conciencia y estiró las manos, para evitar que cerraran la cajuela.
Fue llevada a la Esma, en cuyo sótano funcionaba una enfermería. Allí la vio su amiga, Norma Burgos, quien fue llevada por los marinos. Al dejar la sala, la mujer escuchó el diálogo entre el torturador Whamond y el “Ángel de la muerte”, según lo reprodujo el periodista Uki Goñi en su libro Judas, de 1996.
“Es que la suequita se parece mucho a la Berger”, se excusó Astiz ante su camarada de fuerza, sobre el error cometido. Dagmar Hagelin nunca apareció. La denuncia de su padre, Ragnar, motivó la queja de Suecia y el retiro de sus embajadores. El país nórdico estuvo a punto de romper relaciones con la dictadura argentina por la negativa local a aportar información. A ese hombre le dedicaron una “visita humanitaria” el 11 de julio pasado los diputados de LLA.
Publicado en el semanario El Eslabón del 27/07/24
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