El informe preliminar de la autopsia realizada a Susana Montoya, viuda de un policía y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cordobés desparecido en 1979, determinó que la mujer fue asesinada mediante golpes y estrangulamiento.

Tanto ella como su hijo Fernando Albareda, militante de la agrupación HIJOS y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, habían recibido amenazas e intimidaciones en el último tiempo.

Quienes asesinaron a Montoya dejaron una pintada en la casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, de la capital mediterránea, que decía: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

La investigación del crimen está a cargo del fiscal Juan Pablo Klinger, quien entre otras medidas solicitó la autopsia del cuerpo, cuyo informe preliminar arrojó que Montoya fue asesinada a golpes y por estrangulamiento.

El homicidio ocurrió entre la noche del viernes y la mañana del sábado 3 de agosto, en la vivienda en la que residía la mujer, viuda del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, que era militante del ERP y fue secuestrado en septiembre de 1979 y asesinado por la policía cordobesa, de acuerdo a la investigación judicial que esclareció el caso.

Por ese crimen de lesa humanidad, cometido durante la última dictadura, fue condenado, entre otros, el zar de la muerte en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, atento a que las policías estaban entonces bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a la investigación, un grupo de personas ingresó al domicilio de Montoya entre el viernes y el sábado 3 de agosto. La golpearon con ladrillos y la estrangularon. Los atacantes, que aún no fueron identificados por el Poder Judicial, dejaron una pintaba hecha con lápiz labial: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

El cuerpo asesinado de la mujer fue encontrado el sábado por su hijo Fernando, quien fue hasta la vivienda ante la imposibilidad de comunicarse con su madre.

https://x.com/HIJOSRosario/status/1820824640442499135

Fernando, integrante del HIJOS Córdoba –la agrupación que reúne a hijos de personas desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura- contó que tanto él como su madre eran objeto de amenazas en los últimos meses.

La red nacional de HIJOS señaló en un comunicado que el “deber de protección para familiares de víctimas de desaparición forzada está consagrado en el marco jurídico internacional y en las propias leyes argentinas”.

Recordó que tanto Fernando como su madre recibieron “una serie de amenazas que han ido creciendo en los últimos meses”, y evidentemente fueron desoídas por las autoridades judiciales.

Los co-secretarios de Derechos Humanos de la CGT, Maia Volcovinsky y Julio Piumato, manifestaron su “más enérgico repudio por el asesinato de Susana Beatriz Montoya”, y también recordaron que “el cobarde hecho se produce luego de las amenazas recibidas por su familia, que se reiteran en el marco de este ataque mortal”.

La CGT también se refiere en el comunicado al marco en el que se produjo el homicidio de Montoya. “Evidentemente –dice-, se enmarca en el contexto de impunidad y odio impulsado por el actual gobierno, que avanza con el negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado”.

La integrante de HIJOS de la provincia de Córdoba, María José Loto, dijo este martes en declaraciones a LT9 de Santa Fe que “estamos preocupados y muy consternados” porque lo ocurrido “es un acto inimaginable dentro de la democracia, sobre todo porque este caso ha sido juzgado y tiene sentencia firme», en relación al secuestro y desaparición del subcomisario Albareda, ocurrido en septiembre d 1979, en plena represión clandestina.

Loto afirmó que con el crimen de Montoya “se ha cruzado un límite” y agregó: “Primero, no hay vueltas atrás. Y segundo, nos deja a todos perplejos porque no sabemos qué se debe hacer”.

 

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