El mandatario colombiano impulsó reformas (laboral, jubilatoria y de salud) a favor del pueblo y contra lo que indica el manual neoliberal. La venganza de la derecha y las corporaciones que representan se puso en marcha a través de una investigación sobre gastos de campaña. El objetivo es destituirlo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó que “ha comenzado el golpe de Estado” para destituirlo, un objetivo que la derecha de ese país reconoce a viva voz: quieren sacarse de encima al mandatario porque no responde a los intereses corporativos. Una vez más, como viene sucediendo hace décadas en América Latina, la desestabilización se puso en marcha a partir de una investigación de la Justicia.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió “abrir investigación y formular cargos a la campaña” del mandatario en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.
“Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular”, advirtió el mandatario a través de la red social X.
“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, agregó.
La derecha colombiana quiere destituir a Petro para vengarse de las reformas que implementó en beneficio de las mayorías. Una reforma laboral, a favor de los trabajadores, que fue votada por el Congreso. La transformación del sistema de salud, una medida que salió por decreto y que es muy resistida y boicoteada por los prestadores. Y además tuvo la osadía de cambiar el sistema de pensiones y jubilaciones, pero a contrapelo del mundo. El mandatario hizo todo lo contrario de lo que indica el manual neoliberal. Y va por más: están pendientes la reforma al sistema educativo y la reforma judicial.
“La pensional fue aprobada por el Congreso en junio, luego de sortear cuestionamientos sobre su impacto financiero y viabilidad por parte de sectores de oposición, algunos académicos y de la Procuraduría”, informó el diario Tiempo Argentino.
La estratagema es conocida como “guerra judicial” (o “lawfare” en inglés). Se utilizó en Perú para desplazar al presidente legítimamente elegido, Pedro Castillo, actualmente preso. En Ecuador, para proscribir a Rafael Correa, que está en el exilio. En Brasil, se puso en marcha primero para destituir a Dilma Rousseff y luego para excluir a Lula de las elecciones que ganó Jair Bolsonaro. En Bolivia se utilizó contra Evo Morales y los dirigentes de su movimiento político. En Argentina, la embestida contra Cristina Fernández de Kirchner sigue escalando.
El senador de derecha Hernán Cadavid indicó con total claridad cuál es el objetivo final: “Vamos a tramitarlo como un delito expreso del código penal o un juicio político por indignidad política, lo que podría desencadenar la separación del cargo para Petro”.
Según informó Página 12, el presidente del CNE, César Lorduy, anunció la resolución al considerar que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.
En un mensaje posterior escrito también en su cuenta de X, Petro pidió al cuerpo diplomático “una reunión en pleno para explicar al mundo qué ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley”.
De acuerdo a la normativa que rige en Colombia, ninguna autoridad diferente al Congreso puede investigar a un presidente de la República en ejercicio. Ante este caso, que no tiene precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República.
Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó a ese organismo una serie de aportes para la primera vuelta electoral del 29 de mayo de 2022. Los aportes en cuestión provinieron de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), del partido Polo Democrático Alternativo y de la Unión Sindical Obrera (USO).
El gobierno colombiano recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también llamó a todas las organizaciones populares a defender la democracia.
“Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. La hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. El presidente constitucional de Colombia elegido por el voto popular ordena a la fuerza pública no levantar un solo arma contra el pueblo “, señaló Petro a través de la red social X.
Por su parte, el vicecanciller colombiano Jorge Rojas señaló en rueda de prensa que recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque la medida tomada por el CNE viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022”.
“Este es un procedimiento que es muy peligroso para la democracia, yo lo llamo golpe a la democracia”, afirmó Rojas, que recordó el proceso de destitución contra Rousseff en 2015: “En menos de 30 días fue destituida en un procedimiento similar”.
Allanamientos de sindicatos, torturas y presiones a testigos
“Les solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia”, escribió Petro en X, donde ofreció asimismo detalles de la embestida en su contra.
Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024
“Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo”, denunció.
“Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”, agregó el mandatario.
“No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como (la que hizo) El Ñeñe que la del sindicato de maestros; a la contribución El Ñeñe la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas”, comparó.
“Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, agregó.
Una trampa judicial-mediática en favor de intereses ocultos
“El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública”, define en su página oficial el Observatorio Lawfare.
“América Latina es hoy, más que nunca, un espacio en disputa. Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico. El lawfare, inicialmente asociado a una «guerra contra la corrupción», se ha ampliado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que supera la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos”, señala la organización.
“El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (locales y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfare). En los últimos años, estas tácticas han sido utilizadas contra decenas de líderes o ex funcionarios y funcionarias de gobiernos y de militantes en Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú y El Salvador, vinculados a gobiernos, programas o proyectos que cuestionan con mayor o menor alcance la ortodoxia neoliberal”, agrega el Observatorio Lawfare, que tiene por objetivo realizar análisis sistemáticos sobre esa práctica en América Latina.
“Esta guerra opera «desde arriba», por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, contribuyendo a una pérdida de equilibrio entre poderes, permitiendo una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley”, agrega la organización.
El observatorio advierte que esta guerra por la vía judicial-mediática no es simplemente una maniobra de acoso u hostigamiento mediático, es la actuación sistemática de un conjunto de instituciones e intereses en contra de una figura o una agrupación política con el objetivo de eliminarla del mapa de competidores. El origen militar de la expresión, agrega la organización, debe ser reiterado para evitar la tentación de esquivar las alarmas cuando se anuncia un golpe blando, puesto que es una estrategia para llevar a cabo los objetivos de la guerra por otros medios: anular la voluntad de lucha del adversario o neutralizarlo de la competencia política, judicializándolo y quitándole apoyo popular.
“El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos judiciales, se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de centros de pensamiento de expertos de EE.UU.) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales. Es llamativo el rol de agencias de gobierno e intereses del sector privado estadounidense involucradas tanto en los procesos judiciales como en los resultados y eventos posteriores a los mismos, que muestran la instrumentalización del aparato judicial-mediático a favor de objetivos económicos, políticos y geopolíticos foráneos, que comparten intereses y negocios con minorías privilegiadas locales”, señala el observatorio, que además ofrece en su página oficial un informe sobre el caso Petro.
“El CNE es un ente administrativo compuesto por nueve magistrados postulados por los partidos o coaliciones con personería jurídica y elegidos a través del Congreso para un período de cuatro años (artículo 264 de la Constitución). Actuando en este caso como organismo político, un segmento de magistrados de partidos de oposición impulsó la decisión de investigar al Presidente de la República, acción que no le faculta la Constitución, intentando influenciar en la sociedad sobre la legitimidad de origen del gobierno, poniendo en duda la validez de la elección y revertir en una maniobra política la voluntad popular”, explica el informe titulado “La destituyente 2026. Estrategia contra Petro”.
“Las competencias del CNE le facultan para investigar las campañas y presentar acusaciones o aplicar sanciones hasta tres años después de celebrada la elección, sin embargo, no le permiten investigar ni acusar directamente al presidente. A pesar de las restricciones legales, el organismo señala en su comunicado del 8 de octubre la decisión de «abrir investigación y formular cargos» por presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales» incluyendo a Gustavo Petro, así como a Ricardo Roa, la tesorera, los auditores, al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”, señala la nota.
El Observatorio advierte que se encendieron las alarmas en el gobierno de Colombia, que denunció que no sólo hay una transgresión de las funciones de los magistrados del CNE, sino que se enmarca en un plan destituyente coordinado desde la oposición bajo la modalidad de golpe blando. “En ese sentido, es importante destacar que uno de los magistrados ponentes es Álvaro Hernán Prada, quien hasta 2021 fue representante en la Cámara por el partido Centro Democrático, firme opositor al oficialismo. Prada renunció a su banca en el Congreso para evadir a la Corte Suprema de Justicia donde era investigado como partícipe en la causa que involucra al ex presidente Álvaro Uribe en fraude procesal y soborno a testigos, especialmente por manipular a Juan Guillermo Monsalve para que cambie su testimonio con respecto a la participación de Uribe en las reuniones de conformación del Bloque Metro, una organización paramilitar en Antioquia”, agrega el informe, que identifica a dirigentes de derecha, y más precisamente del espacio político del ex presidente Álvaro Uribe, como protagonistas de la maniobra.
El Observatorio explica que aunque el CNE no defina la anulación de la elección presidencial, su conclusión tendrá un impacto innegable y según el timing político puede lesionar con mayor gravedad al gobierno y sus aspiraciones de continuidad en 2026. “El hecho de que el Presidente se encuentre bajo escrutinio en pleno ejercicio ya configura una democracia condicionada que resta irremediablemente margen de maniobra a los propósitos del programa reformista del Pacto Histórico”, asegura la nota.
“Durante más de un año se ha desarrollado una campaña incesante de acusaciones al presidente y su entorno, instalando a través de medios de comunicación relatos como la corrupción de Petro y su entorno, la ilegalidad de la campaña electoral o la incompetencia de sus funcionarios de gobierno”, concluye el Observatorio Lawfare.
Publicado en el semanario El Eslabón del 26/10/24
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