El criminólogo Enrique Font cuestionó la política de seguridad provincial que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro como “un circo” y calificó al ministro Pablo Cococioni como un “payaso”. Dijo que las detenciones arbitrarias van en contra de un fallo judicial y que desde el gobierno se quieren hacer “los bukele”.
La semana pasada fue tema de agenda noticiosa las denuncias de detenciones arbitrarias de personas en el barrio qom de la zona de Rouillón pasando Segui, y los señalamientos de la comunidad educativa del nivel secundario de la escuela Gurruchaga, de Salta y Cafferata, sobre policías que pidieron DNI, tomaron fotos de estudiantes secundarios y preguntaron por su militancia.
En ese marco de clima represivo, el criminólogo e investigador Enrique Font recalcó que en la Justicia ya hay un fallo al respecto, con sentencia firme, que dice “solo se puede detener cuando haya sospecha fundada de que la persona a la que se va a interrogar está vinculada a la comisión de un delito con elementos suficientes”. “Y expresa precisamente que no se puede detener a nadie por no portar un Documento Nacional de Identidad. Bueno, lo digo en términos bien jurídicos, se están cagando en la interpretación judicial hoy vigente”, definió Font sin medias tintas .
El abogado y catedrático especialista en criminología cuestionó en general la política de Seguridad del gobierno de Pullaro, pero destacó que este tipo de avances sobre las libertades individuales “tiene una larga historia en la provincia de Santa Fe”.
“Marquemos el uso de este gobierno de una facultad que siempre ha sido muy cuestionada, y que no todas las provincias tienen, y se la conoce como el 10 bis porque es el número del artículo. Fue reformado recientemente en el paquete que los partidos mayoritarios en la Legislatura (provincial), todos, gobierno y oposición, votaron con muy pocas disidencias”, recordó Font, en una entrevista radial al programa Poné la pava, de Radio Rebelde Rosario..
“Le dieron un montón de herramientas de una gravedad que vamos a estar pagando los costos durante años. A partir de eso, lo que empezó a hacer el gobierno fue detener a la gente masivamente. El 10 bis ¿qué te permite?, te permite detener a una persona cuando hay indicios, señas de que está por cometer o cometió un delito, o tiene elementos que así lo manifiestan, o sea tiene que haber una sospecha suficiente”, subrayó.
“Uno puede interpretar el artículo y también puede interferir en libertad ambulatoria para identificarte, pero como no hay obligación de portar el DNI en la Argentina, eso en Santa Fe no es obligatorio, bastaría con que vos le digas, «mirá mi número de DNI es tanto, soy tal», y si tienen elementos tecnológicos para probarlo, lo pueden chequear a ver si está diciendo la verdad o no, sale la foto, está la tecnología estatal, están en las canchas de fútbol de la ciudad, digamos que no es una tecnología compleja”, consideró el especialista,
“El gobierno está haciendo un uso absolutamente ilegal de esta facultad, al punto que la Defensa Pública hace poco tiempo hizo un trabajo formidable, relevó más de 4 mil demoras, yo creo que son detenciones, porque vos quedas privado de tu libertad, 4 mil personas que fueron con el argumento del 10 bis trasladadas a una dependencia policial y pasaron ahí, privadas de su libertad, una cantidad de horas. Al hacer ese relevamiento se encontraron con que no se estaba cumpliendo la cuestión de la sospecha, que solo encuentran una persona que queda luego detenida porque tenía un peligro de captura”, relató Font.
“Además encuentran que hay personas que fueron detenidas cinco veces en un período muy breve de tiempo, más de una vez, o sea dos o más veces en el mismo día, una focalización muy clara sobre personas en situación de calle, o sea descubren es que estaban utilizando esa herramienta legal desnaturalizándola Ilegalmente, para limpiar el centro de las personas que ellos consideran, entre comillas indeseables y que mejor no estén allí”, señaló el criminólogo.
“En el marco del litigio – continuó el catedrático- el propio Poder Ejecutivo, y el Ministerio (de Seguridad) no explica las 10.000 detenciones en Rosario, cuántas personas quedaron luego y estaban en delito, o sea, cuál fue la efectividad de esa restricción a la libertad ambulatoria, a la libertad de tantas personas. En la audiencia reconocieron que no llevan adelante esa información. ¿Por qué no lo hacen? Porque en todo el mundo está recontra estudiado que este tipo de estrategias, que se conoce como policiamiento militarizado, nunca han servido para prevenir el delito. Sirven para otras cosas, sirven para hostigar a algunas personas, focalizar en perfiles de personas. Están reconocidas como elementos muy, muy dañinos”.
“Bueno, la sentencia del juez se les dijo claramente. Hay una sentencia vigente en Rosario, que les dice, no pueden detener personas por no contar el DNI. Punto. Ya está la discusión, eso no está recurrido, el gobierno no recurrió. Esa sentencia está firme y la interpretación que hace el juez del 10 bis es que puede usarse sólo cuando haya sospecha fundada de que la persona a la que se va a interrogar, se le va a restringir su libertad ambulatoria inicialmente, está vinculada a la comisión de un delito con elementos suficientes y acreditables y que puede estar en un ataque. Y dice precisamente, no se puede detener a nadie por no portar un Documento Nacional de Identidad”, resaltó Font.
Show o circo
“Este gobierno, y sobre todo (el ministro de Seguridad de la provincia Pablo) Cococcioni nos tiene muy acostumbrados a hacer shows en materia de seguridad. Recordemos lo que fueron los meses de verano con lo que fue armar el circo bukele y el turismo tumbero, lo que hacían en los penales, en secreto y encubiertamente: torturaron salvajemente -acreditados por investigaciones de la defensa, hay penitenciarios bajo proceso penal-. Desde que agarraron el gobierno empezaron a torturar duro y parejo a la gente. Hostigaron a los familiares, allanaron las casas, armaron un quilombo importante. Y para afuera -porque les rendía políticamente- contrataron a esta empresa Management & Fit y armaron una campaña para hacerse los bukeles. Unos cagones con los pobres presos, que no digo que sean ningunos angelitos, pero no son las maras centroamericanas”, disparó el criminologo.
“Eso explotó, no tanto el circo, explotó el tema del hostigamiento a los familiares y la tortura, y trajo como resultado lo que yo dije en varias notas en diciembre del año pasado, que iba a suceder, que se iba a amplificar la violencia. Y hubo cinco homicidios dirigidos a trabajadores que no tenían nada que ver con el mundo del local del delito. ¿Qué pasó? El gobierno se fue al mazo y la cortó. Fíjense que se acabó, se acabó, sin ninguna razón ni explicación, el circo. Aflojaron también las torturas después de la denuncia de la Defensa Pública y después de los homicidios. Hubo un cambio en algunos de los aspectos de la política penitenciaria. Bueno, como el show con eso le salió mal, ahora están montando un show nuevo. Cococcioni es un payasón que manda y monta estos espectáculos Es peligrosísimo hacer esto, yo creo que en cualquier política, pero sobre todo en las políticas de seguridad”, concluyó.
