La gestión neoliberal de Lacalle Pou dejó un país más injusto y con más pobres. Sus políticas de mano dura –festejadas en su momento por medios como Infobae y Clarín– aumentaron el delito y la violencia institucional.
El gobierno de Luis Lacalle Pou aplicó las remanidas recetas neoliberales, que siempre obtienen los mismos resultados. Pero los dirigentes de derecha y las corporaciones que representan no quieren sorprender con su creatividad, sino hacer negocios en beneficio de una selecta minoría y en detrimento de las grandes mayorías, entre las que siempre se encuentran, sin excepción, los jubilados.
En los cinco años de su gestión, Uruguay tuvo un crecimiento modesto. Si se analiza el período 2013-2023, el crecimiento del PBI anual fue del 1,46 por ciento promedio, según el Banco Mundial, informó Página 12. Ni siquiera en estas frías cifras macroeconómicas, que tanto les gustan a los adoradores del mercado, el gobierno de derecha pudo exhibir éxitos. Pero fuera de las estadísticas, la deuda social que deja es enorme.
“De acuerdo a los números oficiales, la pobreza alcanza al 10 por ciento de la población (era del 8,8 por ciento antes de la pandemia) y la pobreza infantil pasó de ser el 17 por ciento en 2019 al 20 por ciento en 2023. El desempleo registrado en junio pasado fue del 8,1 por ciento y el índice de Gini creció del 0,383 en 2019 a 0,394 en 2023, es decir, la sociedad es más desigual cinco años después”, indica la nota firmada por Mercedes López San Miguel, enviada especial de Página 12 a Montevideo. El informe es anterior al resultado de las elecciones y ofrece una mirada detallada sobre la herencia neoliberal que la mayoría del pueblo uruguayo rechazó.
La nota recoge el testimonio de Juan Rodríguez, obrero de la construcción: “Los precios aumentaron en el gobierno blanco (de Lacalle Pou), y se hace difícil pagar el alquiler y los gastos cotidianos con un ingreso de 60 mil pesos uruguayos (1500 dólares)”. Un alquiler de un departamento de dos ambientes oscila entre 18 mil y 21 mil pesos uruguayos (500 dólares); las compras del supermercado mensuales equivalen a 21 mil pesos (500 dólares) y tarifas de luz y agua, unos 7500 pesos (180 dólares).
La reforma jubilatoria se llevó a cabo siguiendo a pie juntilla el manual del FMI: Lacalle Pou la impulsó como un verdadero símbolo de su gobierno. Entre otros cambios regresivos, elevó la edad para jubilarse de 60 a 65 años, y dispuso que todas y todos los jubilados pueden seguir trabajando si así lo desean.
Aprobada el 27 de abril de 2024 en el Parlamento con los votos de los cinco socios de la coalición que llevó al gobierno a Lacalle Pou, la “reforma de la seguridad” fue una de sus principales promesas de campaña. No tuvo los votos del Frente Amplio. El presidente electo, Yamandú Orsi, prometió revertir los cambios introducidos.
“En los cinco años del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou, la agenda de derechos sufrió un retroceso en Uruguay. Voces expertas señalan el desfinanciamiento de políticas clave para diversidades sexuales y la falta de medidas frente a la violencia de género y los femicidios. Esto, bajo una pátina de discurso conservador y tradicionalista”, aseguró Mercedes López San Miguel en Página 12.
El país vecino fue vanguardista en la región durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio en materia de ampliación de derechos, con leyes de matrimonio igualitario, legalización del aborto, cupo para personas trans y ley de violencia basada en género, entre otras, asegura el informe de Página 12.
Florencia Astori, directora de la Secretaría de Diversidad de la intendencia de Montevideo señaló que este gobierno no cumplió con la ley de cupo trans. “La ley, aprobada en 2018, establece que los organismos estatales asignen un 1 por ciento de cupos laborales a personas trans. En el año 2023 ingresaron 11 personas trans al Estado, lo que representa un 0,06 por ciento de los cupos laborales, muy por debajo de cumplir el 1 por ciento que estipula la ley”.
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual aseguró que se termina “otro año sin recursos” y “sin soluciones” frente a la ola de femicidios e infanticidios. En un comunicado difundido la semana pasada, la plataforma de organizaciones detalló que la violencia machista dejó 36 víctimas fatales desde noviembre de 2023.
Denunció además la insuficiencia de las medidas y los recursos frente a la declaración de emergencia nacional realizada en 2019 y ratificada por el actual gobierno en 2020. En 2019 fueron asesinadas 47 mujeres; en 2023, 59.
“Las organizaciones apuntaron a la falta de presupuesto e insuficiencia de recursos para dar respuestas en la reparación del daño a las víctimas de la violencia de género. Al mismo tiempo, la Red rechazó los ataques a la ley de violencia basada en género y las iniciativas presentadas este año para modificarla –y que no prosperaron”, agrega la nota del diario argentino.
La coalición que llevó al gobierno a Lacalle Pou fue además salpicada por presuntos casos de abuso de poder y presiones a la Justicia, otro clásico de la derecha neoliberal. Según informó el portal de noticias uruguayo Subrayado, el ahora renunciado presidente del Honorable Directorio del Partido Blanco, Pablo Iturralde, está siendo investigado por la justicia.
El 24 de mayo de 2024, la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, dispuso con carácter urgente el inicio de una investigación administrativa.
Dicha investigación fue solicitada por Iturralde en su carta de renuncia, en la que negó haber presionado a la Justicia y pidió a la Fiscalía que investigue “para que no quede ninguna duda sobre este episodio”.
Subrayado precisó que el nacionalista negó haber presionado a la Justicia. “La noticia respecto a que ejercí algún tipo de incidencia en la asignación del fiscal (…) es absolutamente falsa. A lo largo de mi carrera política he defendido en todas las instancias las instituciones de la República, el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia y esta no ha sido la excepción», escribió.
La vieja y dura mano
“Desde noviembre hasta la fecha, han aparecido propuestas, declaraciones y gestos que permiten esbozar alguna idea de cómo lucirá un gobierno de Luis Lacalle Pou. Un elemento central es el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que el presidente ha dicho pretende mandar al Congreso el 9 de marzo, ocho días después de su asunción. Allí se encuentran sus principales propuestas en materia de seguridad, educación y economía y manejo del Estado, los temas sobre los cuales construyó su campaña y buscará sean ejes centrales de su gestión: mano dura en la seguridad, liberalización en la economía, y una reforma educativa que supone una batalla con los sindicatos”. Así festejó el diario Clarín el triunfo de Lacalle Pou y sus propuestas de mano dura en la nota titulada “El Uruguay de Luis Lacalle Pou: mano dura en seguridad y liberalización de la economía”.
La Ley de Urgente Consideración (LUC), principal insignia de Lacalle Pou, le dio los instrumentos necesarios para aplicar mano dura en cuestiones de seguridad y desregulaciones en materia de economía.
“El presidente uruguayo fue el principal impulsor de la normativa que abarca temas de seguridad pública, asuntos laborales, educación y libertad financiera”, explicó el diario argentino Infobae.
Fueron varias las áreas que cambiaron. Por ejemplo, dentro de los artículos vinculados a la seguridad pública se duplicaron las penas para adolescentes que delinquen, se aumentó la condena para el tráfico de drogas y se crearon nuevos delitos.
Con respecto a la educación, se eliminaron los consejos desconcentrados, se incorporaron nuevos mecanismos de validación de la formación docente y nuevos estatutos para funcionarios docentes y no docentes. Las reformas de seguridad y de educación son, dentro de la ley, no sólo las temáticas más candentes a nivel público sino que, además, las propuestas que más identifican al gobierno de Lacalle Pou, celebró Infobae.
En otras áreas, aparecieron regulaciones al derecho de huelga, el nuevo régimen de alquiler sin garantía, el de fijación del precio de los combustibles, y una medida muy solicitada por el mercado: la flexibilización de controles del lavado de activos.
El 7 de julio de 2020 el Congreso uruguayo le dio luz verde al paquete legislativo de 475 artículos conocido como LUC, que incluye asuntos como darle mayor poder a la policía para ejercer el gatillo fácil en forma legal, la limitación del derecho de huelga y la creación del Ministerio de Medio Ambiente.
La nueva norma dispuso profundos cambios en el Código Penal. Expandió el concepto de legítima defensa, tanto para los civiles que se vieran amenazados como también para policías o militares.
Declaró ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados “que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”. Y se faculta el uso de la fuerza pública para disolverlos.
Incrementó las penas para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas. Para los menores en edad imputable, amplió a 10 años la pena máxima y aumentó de 12 a 16 años la máxima por violación. Y fijó en 30 años la pena por sicariato.
Se incluyó un artículo llamado “resistencia al arresto”, que prevé penas de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría para quien dificultase su detención y “si en la resistencia al arresto se agrediera o atentara contra la autoridad pública”, la pena será de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.
La norma prevé penas de 3 a 12 meses de prisión para quien “obstaculice, menosprecie, ofenda, atente, desobedezca, agravie, lesione, arroje objetos, amenace o menoscabe a un funcionario policial, en ejercicio de su función”. Además, la ley obliga a las personas a identificarse cuando la policía así lo requiera.
Cambio de rumbo
El presidente electo, Yamandú Orsi, hizo mucho hincapié en el “diálogo social” como instrumento principal de su gestión. Planteó bajar la edad jubilatoria a 60 años, revisar el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), reformar las cajas jubilatorias “en base al acceso igualitario” y aplicar dos aumentos por año a las jubilaciones mínimas.
En materia de educación pública implementará un “pacto educativo de carácter nacional”. Entre las bases de este pacto está la ayuda social a los alumnos que empiezan la primaria, aumento de becas para adolescentes de menores ingresos y la creación de la Universidad de la Educación para la formación docente. Para eso, se destinará un seis por ciento del PBI en educación. Según el presidente electo, estas reformas se harán “con el apoyo de los docentes, no de los sindicatos”.
En materia de vivienda, el Frente Amplio tiene el objetivo de ampliar los cupos en las residencias estudiantiles para universitarios y facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias que hoy no califican. Las modificaciones también apuntan a adultos mayores y personas en situación de calle, para quienes se desarrollará un plan piloto para que vivan de manera comunitaria.
El presidente electo atacará la problemática con cambios en el sistema de protección social. Aunque Orsi no prometió una cifra específica de reducción de la pobreza, declaró que no cree posible que el número sea menor a 30 por ciento para el final de su mandato.
En materia de empleo, el frenteamplista sostuvo que su mayor esfuerzo estará destinado a atender a las 500 mil personas que ganan menos de 25.000 pesos uruguayos. Además, se crearán empleos para jóvenes de 18 a 24 años y se extenderá el subsidio por maternidad a mujeres empleadas de Pymes.
Con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, el presidente comunicó que no se subirán los impuestos y que se reformulará la estructura de incentivos tributarios según las normas internacionales del Impuesto Mínimo Global. (El impuesto mínimo global de un 15 por ciento sobre la renta corporativa es un proyecto de la OCDE y del G20. Fue acordada en el 2021 por los países integrantes del proyecto. Su objeto es reducir la competencia fiscal entre países y disuadir a las corporaciones multinacionales de trasladar sus ganancias para eludir impuestos. El 8 de octubre de 2021, 136 países aceptaron el plan de la OCDE de implementar un impuesto mínimo de un 15 por ciento efectivo desde el 2023 para empresas cuyas ganancias exceden los 750 millones de euros. El acuerdo también incluye impuestos adicionales para ganancias trasladas a paraísos fiscales.
Las modificaciones en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) tendrán el objetivo de reducir los tiempos de espera para consultas, estudios y cirugías y de garantizar el acceso a medicamentos.
Durante el debate presidencial, el frenteamplista prometió construir un hospital entre Montevideo y Maldonado y la creación de un Plan de Salud Mental para atacar la “emergencia nacional”.
Otra de las propuestas planteadas en el plan del Frente Amplio es la construcción de vías rápidas para el transporte público en la zona metropolitana. Aún no hay una medida definida, pero una de las propuestas es que los colectivos se desplacen bajo tierra.
El Frente Amplio también tiene como compromiso lograr que el 50 por ciento del transporte público sea eléctrico durante el mandato de Orsi.
El presidente electo propone fomentar la colaboración entre los institutos tecnológicos y universidades y el sector privado. Apunta a desarrollar la ciencia, tecnología e innovación aplicadas a los procesos productivos, con el foco en el agregado de valor a la producción.
Orsi prometió enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia y a la corrupción, problemas que preocupan a la ciudadanía y que empeoraron tras la aplicación de la mano dura. En esa línea, en marzo de 2025 se sumarán 2.000 policías, se aumentarán la cantidad de cámaras y se intensificará el patrullaje en la zona fronteriza. Para combatir al narcotráfico, el nuevo gobierno creará el Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico para desarticular las 50 bandas de narcotraficantes del país.
Publicado en el semanario El Eslabón del 30/11/24
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