La desafectación real del gobierno para apagar los incendios en la Patagonia y la construcción de un enemigo interno para promover negocios millonarios. Bullrich, Lewis y una historia repetida.

El 15 de enero en horas del mediodía se desató en Epuyén, pequeña localidad al sur de la Comarca Andina del Paralelo 42 en la Patagonia argentina, un incendio de grandes magnitudes que se llevó más de 70 viviendas y 3.500 hectáreas de bosque, entre ellas el lengal milenario en el cañadón entre el cerro Gladys y el Epuyén. Inmediatamente se activaron redes de solidaridad orquestada por vecinas y vecinos de toda la comarca, ya que si bien cada localidad tiene sus características particulares, vínculos laborales, familiares, de estudio, de amistad, hacen que ésta funcione articuladamente construyendo en lo grupal una identidad propia.

Las historias personales, de pérdidas totales de casas que habían llevado una década construir, o que guardaban los esfuerzos de una vida entera, animalitos que habían hecho un pozo para sobrevivir y que eran hallados por sus maullidos bajo tierra, circularon esos días junto a las manos que levantaron chapas, palearon restos de vidrios y cenizas. Los esfuerzos se enfocaron en circular información que permitiera, por un lado, juntar elementos necesarios para apagar los incendios –que aún continúan encendidos–,  por otro, para desplegar las primeras ayudas a las personas que se quedaron con lo puesto y también, para recaudar fondos que les permitan empezar a reconstruir futuros hogares. 

Mientras, se avecinaba una seguidilla de incendios en la comarca, con distintos orígenes, que desatarían un nuevo operativo de seguridad que apuntaría a los mismos vecinos que están aún hoy ayudando a apagar el fuego y a la construcción de las personas mapuche como enemigo interno. 

Los incendios

En magnitud, al de Epuyén le siguió el incendio en la zona llamada Confluencia (se juntan el río Azul con el Blanco) en Mallín Ahogado (zona rural norte de El Bolsón) que consumió hasta el momento 3.700 hectáreas de bosque andino patagónico, chacras y plantaciones de pino en la zona del Anprale (Área Natural Protegida Río Azul y Lago Escondido), y 130 viviendas en la zona rural y la vida de un hombre, Angel Reyes, de 85 años y reconocido por sus vecinos por su humildad y disponibilidad. 

El origen del fuego en Epuyén se reveló incidental, al parecer chispas de una amoladora en una vivienda cerca del pinar que linda con el predio de las Fiesta de los Artesanos. Sobre el incendio en Mallín no hay información oficial acerca del origen, aunque los informes del SPLIF (Servicio Provincial de Manejo del Fuego) dejan planteadas las sospechas de que fueron tres focos simultáneos intencionales. 

A estos grandes fuegos se les sumaron otros distribuidos en la zona de la comarca que fueron rápidamente sofocados por vecinos o brigadistas: Las Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, El Pedregoso, El Maitén, incluso nuevamente en Epuyén y Mallín Ahogado y El Bolsón. Todos en el transcurso de dos semanas y al parecer intencionales por el relato de quienes se acercaron a sofocar. Otro incendio de grandes magnitudes en la zona de bosque de Los Manzanos y valle del Río Manso, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que hasta el momento consumió 11.000 hectáreas, es el que está activo hace más tiempo y su origen se vincula a la caída de un rayo que quemó un árbol, cuyo tronco prendido y con los vientos se reactivó. Y ya más lejos, el ya extinto en Caviahue que consumió 450 hectáreas; el del Parque Nacional Lanín, que dejó a las lof mapuche casi solas enfrentándolo y que ya lleva 15.200 hectáreas y que aún sigue activo; y el de 4.900 en Atilio Viglione, Chubut, que se encuentra controlado. 

Mientras se desplegaron los pocos recursos que dejó el desguace del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que tuvo este año de La Libertad Avanza un 26 por ciento de reducción de presupuesto, el gobierno nacional, junto con los de Chubut y Río Negro, se ocupó de construir una narrativa que ligó los incendios al desalojo efectuado a una comunidad mapuche, Lof Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces. 

Foto: Jade Sívori

El desalojo se efectuó con más de 30 móviles de la Policía Federal y camionetas y colectivos de Gendarmería. Por vía área, el gobernador de Chubut, Torres, y la ministra de seguridad Bullrich, coronaban el show. Por seguridad, las familias que conforman el Lof, que recuperó ese territorio en 2020, se habían retirado dejando carteles en sus viviendas que reivindicaban la dignidad de vivir en los territorios usufructuados por el Estado y privados, en diversos modos y gobernaciones. Como mencionaron varios medios comunitarios, alternativos y populares, la ministra no obtuvo el show esperado.

El sábado 18 de enero, maquinaria pesada, vehículos e infraestructura de una estancia denominada Amancay, ubicada entre Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces, se incendiaron aunque rápidamente el fuego fue sofocado. El gobernador Torres adjudicó el incidente a grupos mapuches a los que tildó de falsos, y en la misma operación discursiva (masificada a través de los medios masivos) unió estos hechos al recientemente comenzado incendio de Epuyén.

Las detenciones

La operación ya estaba iniciada, se encubrirían ciertas detenciones realizadas en el marco de incendios intencionales en El Maitén (dos menores), El Pedregoso (dos mayores) y se espectacularizarían las realizadas a Facundo Jones Huala, mientras caminaba por las calles de El Bolsón, y la realizada en dos operativos, primero a tres brigadistas voluntarios, el segundo a otros seis. 

En la madrugada del domingo 19 se detuvo a Jones Huala y aunque quedó libre de inmediato, la prensa masiva repitieron imágenes de detenciones anteriores y se lo acusó de robo de autos (el mismo Ministerio Público Fiscal comunicó a sus abogados que no había delito que investigar) y se lo intentó vincular a los incendios en la cordillera, todas presunciones dichas por la ministra de Seguridad. 

Ese mismo día, Torres inauguraba en el Centro Melipal de Esquel, el Comando Unificado en Esquel y la Comarca. Al día siguiente, el gobernador lanzó una convocatoria a comunidades Mapuche que fue ampliamente rechazada por no respetar el derecho a la consulta y participación previa y porque se realizaba en el marco de declaraciones oficiales plagadas de supuestos y racismo explícito. Quienes se presentaron y autoadjudicaron la representación del pueblo mapuche, lejos de ser autoridades, son personas alejadas de los territorios, una de ellas acusada por graves hechos de violencia institucional y candidato a Intendente de Cushamen por Juntos por el Cambio. Asimismo, distintos funcionarios, entre ellos el director de asuntos indígenas de Chubut, y legisladores provinciales promovieron la modificación de la ley de tierras con el objeto de facilitar negociados.

En las semanas posteriores, el gobernador chubutense se encargó de reflotar mediáticamente la existencia del grupo denominado RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que tuviera un informe elaborado por la entonces también ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri. El gobernador acusó a un miembro de la Comunidad Nahuelpan de provocar incendios y dijo que éste se encontraba detenido, sin embargo, esta persona, integrante de la Lof Nahuelpan se encontraba internada con el 30 por ciento de su cuerpo quemado por haber intentado sofocar el fuego, iniciado accidentalmente y extinto por él mismo, a costa de su integridad. 

El jueves 30 de enero comenzaría el incendio en Mallín Ahogado, El Bolsón, Río Negro, justo cuando estaba por realizarse la histórica marcha nacional pidiendo el acceso a Lago Escondido, propiedad del magnate y facilitador inglés Joe Lewis muy cerquita de allí. que se encuentra lindante a la zona norte de Mallín Ahogado. El 2 de febrero, mientras se realizaba la marcha federal antifascita, en Chubut comenzaba el Trawn (su traducción más sencilla sería asamblea) itinerante por la defensa y control comunitario del río Chubut que atraviesa la provincia y cuyas nacientes, que se encuentran en la provincia de Río Negro, fueron vendidas gracias a la mediación de Joe Lewis a capitales multimilonarios de la realeza árabe. 

El 4 de febrero, luego de que Facundo Jones Huala presentara un libro de poesía en Bariloche en el que reivindicaba la posibilidad del pueblo mapuche de levantarse contra la violencia del Estado, la ministra Bullrich lo denunció penalmente y declaró a la RAM como organización terrorista.

El día después, se realizó la primera detención de los supuestos autores de los incendios en Mallín Ahogado: el dueño de un camping que estaba ayudando como brigadista voluntario, un joven de la comarca también brigadista voluntario y Nicolas Heredia, un joven de Senillosa que se encontraba vacacionando en el mismo camping y que se prestó como voluntario para apagar los incendios. Sospechosamente, el día de su detención lo lleva hasta el lugar una camioneta de la Municipalidad de El Bosón, lo suben en la caja y dejan en la misma un bidón con nafta. Nicolás es el único que sigue detenido, acusado de haber ocasionado fuego intencionalmente, no hay testigos.

Las personas que conocían a los detenidos y el trabajo voluntario que estaban haciendo, se acercaron a la comisaría 12ª a reclamar su liberación. En ese momento a policía comenzó a acordonarlos y llegaron también personas de a caballo armadas con machete, palos y piedras –con Víctor Hugo Araneda a la cabeza– que insultaban, amenazaban y golpeaban a los manifestantes mientras la policía se dedicaba a observar. La violencia desatada por estos grupos armados no es nueva, ya se había desplegado sobre familiares y amigos anteriormente cuando había sido asesinado el joven mapuche Elías Garay en 2021, en inmediaciones del hospital en el que peleaba por su vida otro joven mapuche herido en las mismas circunstancias que Elías. Araneda, trabajador municipal del intendente Pogliano, amigo y contador de Lewis, en febrero de 2024 entró a la casa de un referente de la marcha por el acceso a Lago Escondido y lo molió a golpes, hecho por los que fue denunciado penalmente. La situación frente a la comisaría subió tanto de tono que referentes de organismos de derechos humanos y de distintos partidos políticos a nivel nacional comenzaron a interceder para que frenara.

El día posterior se realizaron distintas detenciones arbitrarias en la comarca, se apostaron autos en las puertas de las casas de militantes de ddhh y de comunidades mapuche y se llevó a cabo el segundo grupo de detenciones: cinco mujeres y un joven fueron detenidos acusados de haber iniciado fuego en el predio de la familia Palma, en Mallín Ahogado, lugar al que se habían acercado a prestar ayuda. Fotografiados sus documentos a pedido de las “autoridades locales”, según una integrante de la familia Palma, fueron denunciados por suponer que un foco había sido iniciado por ellos. En el lugar había más de 50 personas, Fiscalía no encontró ningún testigo real y los jóvenes propusieron diferentes testigos que podían dar cuenta de lo que habían realizado en el lugar. El juez no dio lugar a las acusaciones de Fiscalía, a las que llamó prematuras y faltas de pruebas, y los detenidos quedaron libres de culpa y cargo. 

En el medio del caos hubo más de 20 detenciones, que no derivaron en ninguna otra confirmación de cargos, y el hallazgo de una caja de bengalas en medio de las donaciones que recibiera la iglesia de El Bolsón, aunque en los medios masivos se habló prematuramente de explosivos.

El sábado 8 de febrero se hicieron dos detenciones más pero no hubo casi información pública ni conjeturas. También se detuvo a un hombre en El Bolsón, que se había visto en un video que prendía fuego y que la policía en ese mismo acto lo obligaba a apagar con sus manos. Se notaba que el hombre no estaba en condiciones y también que propiciaba una serie de injurias hacia otras personas de apellido mapuche. Sin embargo no hubo información disponible acerca de esto en los medios masivos. Asimismo, se habría detenido a dos menores en El Maitén, a quienes se había visto prender focos de manera intencionada, pero sobre esto tampoco hubo publicaciones. 

El domingo 9 se inició un foco en las bardas del Ñireco en Bariloche rápidamente sofocado. El lunes 10 se anunció la llegada de Bullrich y de Luis Petri, ministro de Defensa, a El Bolsón para hacerse cargo de dirigir las acciones de control del fuego.

El martes 11, en primeras horas de la mañana, se dispusieron los allanamientos de distintas Lof (comunidades) mapuche de la cordillera, la casa de un integrante de la Radio Mapuche Tehuelche Comunitaria Petü Mogeleiñ, de El Maitén, la sede de la misma radio y la Lof Pillan Mahuiza (en Corcovado, 92 kilómetros al sur de Esquel), realizándose la detención de una joven mujer que forma parte de la Lof, acusada de conducir un vehículo del cual habrían salido tres personas para realizar el incendio en Ea Amancay, Trevelin. Recientemente el juez Criado dio lugar a las acusaciones y dictó la prisión preventiva de la misma por 60 días.

Que el humo no nos tape los intereses en los bosques

En la Lof Pillan Mahuiza viven Mauro y Moira Millan. Ambos son referentes históricos de la lucha mapuche tehuelche en la región, reconocidos internacionalmente y propiciadores de la construcción de redes, movimientos que pongan en alerta los intereses reales en los territorios y la necesidad de cuidarlos y protegerlos. Moira, referente en su momento del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, encabezó numerosas acciones de visibilización de lo que dio en nombrar Terricidio. Mauro, encabeza actualmente el Trawn itinerante que pone en alerta sobre los diferentes extractivismos que actúan sobre el Río Chubut. Ambos conformaron la Organización 11 de octubre, que dio origen, en el contexto de recuperación y reivindicación territorial de diferentes comunidades de la zona, a la Radio Petü Mogeleiñ, uno de los pocos medios comunitarios que específicamente se crea con comunidades indígenas y que forma parte desde hace muchos años de la Red Enfoques, una organización de medios comunitarios, populares y alternativos y también de la Red Amarc, red mundial de radios comunitarias. Además de transmitir en la región las distintas demandas, realidades y proyectos vinculados al campo social, popular e indígena, forma parte de distintos proyectos comunitarios en el pueblo de El Maitén y también en comunidades mapuche tehuelche cercanas.

La fiscal Bottini, que armó la causa por la cual el juez Criado ordenó los allanamientos, fue denunciada en 2016 por diferentes integrantes de la Asamblea No a la Mina de Esquel, de la Lof Pillan Mahuiza y de la Radio Petü, junto con el fiscal Rivarola, por recibir información recabada ilegalmente por dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que tergiversaba participaciones y filiaciones de militantes sociales y vecinos. Estas acciones ilegales, que le merecieron una investigación sumaria, intentaban que la causa penal provincial por usurpación a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen fuese tratada dentro de la ley Antiterrorista, lo que implica que pasa al fuero nacional. Algo que en su momento el juez Otranto descartó luego de realizar investigaciones que dieron por insustentable la información mal habida.  

Lo hechos subsiguientes son conocidos internacionalmente: a fines de 2015 asumió Macri y la ministra de Seguridad –la misma que en la actualidad– desplegó su fuerza represiva sobre la zona, lo que derivó en innumerables hechos de violencia institucional gravísimos, entre los que se destaca la desaparición por 77 días y la posterior aparición sin vida del joven Santiago Maldonado en el marco de un operativo de gendarmería sobre la ruta 40 y el río Chubut, en el que estuvo presente en primera persona el jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Nocetti. También se destaca, durante ese mismo gobierno, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la prefectura. Y, en 2021, durante el gobierno provincial de Arabela Carrera y el nacional de Alberto Fernández, el asesinato del joven mapuche Elías Garay (también en cercanías de la zona) a manos de personas que tenían permisos de usufructo de las plantaciones de pino en el lugar donde se estaba recuperando, tras un incendio de grandes dimensiones.

Sobre los hechos en Ea Amancay, hubo un comunicado de poca circulación, con fecha de 23 de enero, en el que una “facción autónoma de liberación mapuche puelwillimapu” reivindica la autoría de las acciones. Sin embargo no hay ninguna relación o vinculación de ésta con la Lof Pillan y sus integrantes. Al parecer, este Estado continúa en una práctica de racismo estructural intencional en el que no puede advertir la diversidad de la población que habita en el territorio, ni sus diferentes modos de ser y estar, organizarse y actuar. Lejos de promover instancias de diálogo y escucha de las diferentes reivindicaciones, abona en construir un sólo enemigo interno sobre el que descargar todo el aparato represivo, disciplinar y romper los lazos de solidaridad. Esto es conveniente para afianzar los avances de los negocios extractivistas en la región, pero en un clima de violencia institucional sin garantías humanitarias y de militarización y extranjerización de la zona. Un asalto a mano armada, poniendo como chivo expiatorio a todo un pueblo, el pueblo mapuche, que tiene una variedad de expresiones sumamente diversas.

Por otra parte, es de mencionar que la zona de Mallín Ahogado en la que se producen los incendios es cercana a un proyecto de turismo de élite, consistente en la creación de una villa turística en Pampa de Ludden, impulsada por actores cercanos a Lewis. Dicho proyecto  fue impedido y suspendido legalmente tras marchas masivas, protagonizadas principalmente por quienes viven y desarrollan su vida mediante actividades productivas de pequeña escala en relación a la agroecología en dicho espacio territorial.

Actualmente, el contexto legal, dado la baja de ciertas normativas nacionales, es propiciatorio para avanzar sobre las tierras incendiadas con el objeto de poder entregarlas al negocio inmobiliario, así como de la desregulación para permitir inversiones extranjeras de alta gama, como la instalación de tres hidroeléctricas sobre las nacientes de ríos prístinos, el manejo de glaciares, lagunas de altura y nacientes de tres ríos en Alto Río Chubut y la venta de aeropuertos a emiratos árabes, entre otros negocios poco claros, en zonas limítrofes de una belleza inusitada y ricas en biodiversidad, de la cual las únicas que aún pueden poner freno son las comunidades mapuche tehuelche organizadas en conjunto con una sociedad solidaria, consciente y alerta sobre lo que viene sucediendo. 

El humo del show mediático de la ministra de Seguridad que no pudo desplegarse en el desalojo de la Lof Paillako, sí supo esparcirse en el actual escenario montado. Puede verse en la propaganda  oficial el despliegue militar y un subtitulado de triunfo, tal vez orientado al escenario electoral que se avecina, y a un target que distinguen como expectante y deseante de este tipo de acciones de “mano dura”. Los discursos de odio y el clima hostil que se construyen desde las usinas de los voceros del poder político nacional sintonizan con las acusaciones sin fundamentos y apresuradas de los mandatarios provinciales, tanto de Río Negro como de Chubut. Mientras tanto, un brigadista voluntario de Senillosa sigue detenido, así como una mujer de la Lof Pillan. Para montar que estos incendios dantescos son resultado del accionar de un grupo terrorista –que nadie conoce–, deberán inventar relatos y acusar a muchos otros que justifiquen la denuncia y causa legal que están armando. 

Quienes aquí vivimos nos preguntamos por los detenidos de focos menores sobre los que nunca hubo información pero que contribuyeron a un clima caótico; también nos preguntamos sobre las responsabilidades del tendido eléctrico defectuoso que permanentemente provoca incendios, como el de 2021 que arrasó con 200 casas en Golondrinas; nos preguntamos si se siguió una investigación por quienes incendiaron tres camionetas en El Bolsón cuyos rostros quedaron filmados; nos preguntamos si se investigó sobre las cajas llenas de bengalas y cómo llegó esa información a medios nacionales pero diciendo que eran explosivos; nos preguntamos por qué no están los fondos para equipar a las brigadas estatales y los cuarteles de bomberos voluntarios que permanentemente piden colaboración sobre equipamiento básico para poder hacer su tarea; nos preguntamos cómo la militarización del territorio va a generar que se extinga el fuego y cómo haremos para poder vivir si las fuentes de agua dulce se venden al extranjero.

Publicado en el semanario El Eslabón del 15/02/25

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 6000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.

Más notas relacionadas
Más por Aymará Barés (desde El Maitén, Chubut)
Más en El Eslabón

Dejá un comentario