La titular de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial, Mónica Peralta, sostuvo que “el programa de protección de testigos y la derogación de los artículos que penalizan la prostitución callejera siguen siendo una deuda”.
La legisladora realizó el planteo precisamente cuando se cumplen cinco años del asesinato de la entonces secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), Sandra Cabrera.
"Aquí se ha dejado pasar mucho tiempo para no encontrar la verdad, el asesinato de Sandra Cabrera es un gran interrogante para todos. A pocos meses de su asesinato, presenté en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que creaba un Programa Especial de Protección de Testigos que nunca fue tratado por las Cámaras”, recordó Peralta.
Para la legisladora, “algunos de los fiscales y magistrados querían llegar al esclarecimiento de este hecho, pero no tuvieron ni el apoyo del gobierno ni del propio poder judicial".
En la misma línea, Peralta declaró que "desde la comisión de Derechos y Garantías trabajamos arduamente por este caso, hablamos con los magistrados afectados a la investigación, nos conformamos en comisión investigadora, tomamos declaraciones testimoniales que fueron elevadas a la Justicia con el objeto de dotar de elementos probatorios a la investigación correspondiente a todas las mujeres que no querían ir a la justicia o a la policía”.
La diputada cargó contra el ex gobernador Jorge Obeid y la Legislatura: “Si hubiera decidido colaborar seriamente debería haber puesto en marcha el programa, si las cámaras legislativas hubieran apoyado la aprobación del mismo, quizá hoy los resultados serían otros en la investigación y el destino del principal imputado, el ex policía federal Diego Parvluckzyk, hoy en libertad, posiblemente también".
Por último, Mónica Peralta manifestó su adhesión a los actos que se llevarán a cabo en el día de la fecha al cumplirse 5 años del asesinato de la ex secretaria general de AMMAR. Y opinó, en referencia a los cambios necesarios en materia de justicia a fin de agilizar la investigación y ya bajo la responsabilidad de la actual administración: "Es urgente la necesidad de contar con un órgano capacitado para investigar, con estructura y recursos propios que le permitan tener la fuerza suficiente como para sustentar, en su caso, una acusación en delitos de la gravedad del que nos ocupa. Mientras no tengamos una regulación seria del Ministerio Público Fiscal esto no va a ser posible. Debemos discutir de una vez por todas el perfil de los fiscales que queremos en el marco de la tan ansiada reforma al sistema de enjuiciamiento provincial en materia penal. Por qué no podríamos, por ejemplo, elegirlos por voto popular como la mejor forma de ejercer un control sobre los actos de estos funcionarios".
