El hijo mayor de una pareja de querellantes en causas vinculadas a la represión ilegal identificó a un hombre que sería el mismo que el año pasado había perseguido durante varios días a otra denunciante, informó el diario digital Notifé. El apuntado como amedrentador vive en Santa Fe pero no figura en el padrón electoral de la nación. Estuvo casado con una funcionaria judicial de Paraguay.
Diego García se presentó el miércoles en el juzgado de instrucción de la octava nominación. No lo había citado el magistrado a cargo del despacho, pero él quería ver esas fotos que le habían comentado. García, es el hijo mayor del matrimonio conformado por Daniel García y Alba Sánchez, ambos querellantes en uno de las causas abiertas por la represión ilegal en Santa Fe durante la última dictadura militar. Cuando Jorge Patrizzi le exhibió una galería de 8 fotos, el joven apuntó a un hombre, de 60 años, cara rasurada y ojos marrones. Diego García, pudo reconocer, casi 4 años después a ese rubicundo sujeto que el mediodía del 5 de enero de 2005 bajó de una camioneta Suzuki Vitara blanca con un arma y el advirtió: “no jodan más”. Por esos días, sus padres aportaban pruebas en el expediente que la justicia federal abrió por la detención ilegal de la que fueron víctima, cuando estuvieron chupados en una casa quinta del barrio Villa California (en la localidad de Rincón) durante los años de plomo. García elaboró un identikit, que tendría gran importancia mucho tiempo después.
La amenaza sufrida por García se denunció en la justicia federal, que hizo poco y nada desde el 2005 hasta hoy. Un episodio tan penoso como aquél de hace 4 años volvió a revivir el apriete. El 26 de marzo pasado, la testigo principal de la causa que llevará al banquillo de los acusados a un ex personal civil de inteligencia en los años de plomo, Amalia Ricotti, fue víctima de otra inequívoca amenaza. En plena peatonal San Martín de la capital santafesina, fue empujada por un hombre grandote, de gorra y campera que volvió a utilizar los remanidos vocablos: “dejate de joder”.
La mujer, que está bajo la órbita del plan de protección a testigos quiso informar sobre la situación a su contacto civil. Pero ese día los teléfonos no funcionaban. Caminó dos cuadras, hacia el norte peatonal y otro sujeto la abordó desde atrás, abrazándola por la espalda. El pánico volvió a tensar los huesos, en el mediodía caluroso santafesino.
La amenaza puso al descubierto un antecedente. El 25 de julio del año pasado, Ricotti denunció en la División Judiciales de la Unidad Regional I que un desconocido la perseguía. Las TOE investigaron y el 13 de agosto detuvieron en el bar de una estación de servicios a un hombre de 59 años. Estaba acompañado por dos amigos cuando los policías se presentaron. Uno de ellos pudo hacer una llamada. Fuentes confiables dijeron que se habría comunicado con un familiar directo de Víctor Brusa, el ex juez federal que hoy está detenido y acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El apuntado por Ricotti como hostigador justificó su seguimiento por “la atracción física que sentía por la mujer”. Dijo ser el ex marido de una funcionaria del Ministerio de Defensa de Paraguay, quien se desempeñaría en un cargo clave dentro de la justicia electoral del país presidido por el ex obispo Fernando Lugo. El hombre fue prontuariado y por supuesto, identificado. Ese sumario policial fue remitido al juzgado de Jorge Patrizzi, que el miércoles tuvo que desempolvar.
En diálogo con Notifé, Diego García manifestó que “me presenté para hacer un reconocimiento fotográfico de la persona que hace 4 años me amenazó cuando se había iniciado la causa de mis padres. Esa persona no se había encontrado hasta ahora. Nosotros dejamos constancia con un identikit de sus rasgos y el juez dispuso de una serie de8 fotos y tuve que identificar después de varios años a esa persona. Entre las fotos había una persona con mucha similitud, pero sin el bigote que en ese momento tenía, pero esa persona era él. Desde la justicia federal no me informaron ningún avance de esa primera denuncia. Es una persona que había identificado Amalia Ricotti el año pasado”.
El hombre identificado como Gaspar G. vivía en el barrio de Barranquitas cuando en agosto del año pasado fue detenido por las TOE. Tiene 60 años y, de acuerdo al DNI que informó en sede policial, no figura en los padrones electorales nacionales, actualizados esta semana por el ministerio del Interior de la Nación. Según fuentes de la causa, el juez Jorge Patrizzi elevaría todas las actuaciones a la justicia federal, competente en este tipo de causas.
(Fuente: Notifé)
