La causa judicial que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por civiles, policías y militares durante la última dictadura en nuestro país y que tiene imputado al ex juez Víctor Brusa, comenzará el 1 de septiembre. La fecha del comienzo de las audiencias fue fijada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, tras el fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación que ordenó no enjuiciar al ex coronel y ex jefe del Area 212 del Ejército en Santa Fe, Juan Orlando Rolón, cuyo expediente había sido acumulado al de Brusa y otros seis imputados.
Rolón recibió el beneficio de la incapacidad sobreviniente que expresa en que, "si durante el proceso sobreviniere la incapacidad mental del imputado, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa y, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros, ordenará la internación de aquél en un establecimiento adecuado, cuyo director le informará trimestralmente sobre el estado del enfermo. La suspensión del trámite del proceso impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquél contra los demás imputados".
Así, y luego de siete años de investigación, las más emblemática de las causas iniciada a responsables de la represión ilegal en Santa Fe y la zona entra en su etapa final.
El tribunal de enjuiciamiento estará integrado por tres conjueces, ya que los jueces naturales se excusaron o renunciaron al cargo. Los abogados locales Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus y el camarista paranaense Roberto Manuel López Arango dirigirán las audiencias junto al fiscal del tribunal Gonzalo Armas.
El juicio al ex juez federal Víctor Hermes Brusa será el segundo que se desarrollará este año, ya que el 30 de junio comienzan las audiencias que juzgará la responsabilidad penal que tuvo el ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército, Horacio Amércio "Quique" Barcos, acusado de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de la bibliotecóloga Amalia Ricotti y su esposo (fallecido) Alberto Tur, ocurrido en mayo de 1978.
Además de Brusa, serán juzgado el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor "Pollo" Colombinbi, el ex jefe de la Guardia de Infanteria Reforzada, Juan Calixto Perizotti, la ex carcelera policial María Eva Aebi, el ex jefe del Comando radioeléctrico de Santa Fe y de la Comisaria Cuarta, Mario José Facino (también fue presidente comunal de Rincón), el ex integrante del D2 de la policía Eduardo "Curro" Ramos y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Ejército Domingo Manuel Marcellini.
La causa tuvo a un imputado más, que falleció el 15 de agosto de 2007: Nicolás Correa, alias "el tío" o Teté", quien fuera sindicado como el nexo entre las fuerzas represivas del Ejército y la policía santafesina. Correa fue assor de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Jorge Obeid transitaba su primera gestión como gobernador. Había llegado a ese puesto de la mano de su amigo José Bernhardt, únex coronel firmado en el Batallón de Inteligencia 601 de Buenos Aires.
Largo y sinuoso camino
Las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia penal formulada por el Dr. Eduardo R. Freiler, Fiscal titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 6 de la ciudad de Buenos Aires, contra María Eva Aebi, Víctor Hermes Brusa, Héctor Romeo Colombini, Mario José Facino, Juan Calixto Perizzotti y Eduardo Alberto Ramos. En razón que los hechos denunciados se habían cometido en el ámbito territorial correspondiente a la competencia de la jurisdicción federal de la ciudad de Santa Fe, en fecha 24 de mayo de 2002, la Procuradora Fiscal Federal de esta ciudad, elevó la denuncia penal al Juez Federal en turno de nuestra ciudad. La entonces Fiscal de grado interviniente, Dra. Griselda Tessio, se excusó alegando diversas circunstancias de conformidad, y solicita prosiga la intervención en la causa de su subrogante legal, la Fiscal Dra. Cintia Gómez, que también se inhibe y solicitó que se designe al entonces subrogante legal, Alejandro Luengo, otro excusado que dejará –un año más tarde-, finalmente la defensa pública a Eduardo Grioglio. El 14 de agosto de 2002, el primer juez a cargo de la causa, Reinaldo Rodríguez, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fue el comienzo de la investigación.
(Fuente: Notife)
