Los diputados Remo Carlotto, Diana Conti y Emilio García Méndez, apelaron la resolución del juez federal Blanco que habilita la candidatura a diputado nacional del ex subcomisario Luis Abelardo Patti, acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Patrocinados por los abogados Luciano Hazan, María Laura Durandeu y Maria Eva Asprella, los diputados interponen el recurso "para que sea remitido inmediatamente a conocimiento de la Cámara Nacional Electoral para que analice revoque la resolución y decrete la inhabilidad constitucional de Patti para ser candidato".
Los diputados –del Frente para la Victoria–, recordaron que el 12 de mayo interpusieron ante la justicia federal electoral una impugnación a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Patti, nominado por la Alianza con vos Buenos Aires y el Modin.
"La impugnación del candidato Patti se fundó en su falta de legitimidad constitucional para presentarse como candidato a un cargo público, en tanto el candidato se encuentra involucrado en causas judiciales en las que se investiga su participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar", señalaron en esa oportunidad.
Para los diputados, la sentencia del juez Blanco "adolece de diversos vicios que la descalifican como acto jurisdiccional válido" y entre ellos mencionan "la nula valoración por parte del juez de los antecedentes de participación de Patti en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y el contexto de impunidad que impidió la investigación de esos hechos".
Tras señalar que, en la actualidad, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que limita el acceso a cargos públicos a personas sospechadas de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura miliar, agregaron que "la falta de una regulación específica no es óbice para que el Poder Judicial descarte sin más su obligación de desarrollar los esfuerzos y medidas necesarias para determinar la separación de personas sospechadas".
Para los diputados, "el Estado, a través de todos sus órganos y en todos sus niveles (nacional, provincial, municipal), tiene la obligación de investigar y establecer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad, y separar de sus funciones públicas a los responsables por estos hechos".
