Desde aquel marzo de 2008, cuando fieros ruralistas que dormían en un mullido colchón de soja aparecieron en el escenario político para confrontar con el gobierno nacional por los derechos de exportación de la oleaginosa, mucho se ha escuchado, visto y escrito. Los medios se alinearon según sus propios intereses y son contados con los dedos de una mano aquellos que elaboraron alguna idea manteniéndose a prudente distancia de ambos contendientes. La clase política se dividió en dos, y no precisamente por lealtades partidarias: los que salieron de entrada a bancar el lobby sojero y los que se pusieron del lado de la administración kirchnerista, aunque entre estos últimos se produjeron desgajamientos con el correr de la refriega. En ambos casos, las razones fueron variadas, pero el país se partió al medio como una horma de queso ante el embate de un filoso cuchillo.

A esta altura, ya calmados muchos furores, persisten, sin embargo, las escaramuzas de quienes pudieron hacer creer al país por un tiempo que peleaban por los pemediapros (pequeños y medianos productores). Algo esperable, se trata de dinero. Menos previsibles son las lealtades de algunos gobernantes y dirigentes que, pese al discurso hostil y antidemocrático que profieren las patronales agropecuarias más poderosas y sus socios, les siguen haciendo un vergonzoso lobby.

Una especie de “costumbrismo rural” discursivo

La sociedad está harta del conflicto con “el campo”. Nadie duda eso, ni siquiera el gobierno nacional, que está llevando adelante políticas específicas y por sector, que se suman a las permanentes concesiones que surgieron de las rondas de diálogo que, según dice la Mesa de Enlace, son en realidad “un diálogo de sordos”. Tal vez se trate de una confesión y los sordos sean ellos, pero lo cierto es que ya pocos se tragan ese ricino y está quedando cada día más en evidencia la angurria ruralista.

¿Por qué, entonces, un gobernador socialista, como Hermes Binner, insiste en bancar los discursos más retrógrados remitiendo el problema exclusivamente a la falta de comprensión del gobierno nacional respecto de “la crisis del campo”? Él lo sabrá explicar, así como Carlos Reutemann deberá decir si su posición es sólo una muestra de solidaridad gremial con otros productores como él o realmente piensa que habría que bajar los derechos aduaneros a su mínima expresión y que el Estado se financie como pueda. El discurso estilo “costumbrismo rural” parece haber cundido entre algunos políticos.

Pero el discurso del “campo” es tan fértil como algunas de las tierras donde se siembra la soja, por lo cual el ejercicio inverso puede resultar muy interesante: los políticos deben explicar por qué bancan a instituciones cuyos dirigentes dicen lo que dicen. Y hacerse cargo.

En las últimas semanas la dirigencia ruralista ha dicho más sobre sus verdaderas ambiciones que durante el largo año y medio que lleva el conflicto. Hace menos de un mes, en oportunidad de una asamblea que se llevó adelante en el Pabellón Rojo de la Sociedad Rural, su cacique, Hugo Biolcati, se despachó así: “Nos decían que les ganemos en las urnas y les ganamos. ¿Que nos queda por ganar? El problema es que nadie de la oposición se hizo cargo. La pelota está picando y hay que agarrarla antes de que la agarren los Kirchner”. ¿Agarrarla para qué? Nadie se lo preguntó, pero bien vale aclarar que eso se produjo tres días antes de una de las rondas de diálogo con el gobierno, y que la tribuna ruralista le devolvió la pelotita a Biolcati al grito de “¡¡¡Hay que sacarlos!!!”, “…que se vayan”, “ladrones”, “tienen que ir presos”, “el viernes hay que ir con el cuchillo bajo el poncho”, entre otras consignas democráticas.

Para quienes piensan, aún, que Eduardo Buzzi es otra cosa, el titular de la Federación Agraria aportó lo suyo en aquel escenario pos 28J: “No hay margen para que vengan a querer reconciliarse”, dijo refiriéndose a los gestos del gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, para luego criticar al Gobierno por “no escuchar el mensaje de las urnas”, como si se hubiera votado –exclusivamente– el pliego de condiciones de la Mesa de Enlace. Fue el día en que Mario Llambías, jefe de la CRA, homenajeó a Martínez de Hoz: “Fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina y merece el mayor de mis respetos”, dijo, arrancando otra ovación de los agropatrones presentes.

Ni siquiera el proyecto de nueva ley de arrendamiento, coproducida entre el gobierno nacional, el SI de Eduardo Macaluse y la propia FAA pareció mostrar fisuras en la Mesa de Enlace, si se tiene en cuenta que tres de las cuatro organizaciones patronales –la SRA, CRA y Coninagro– se oponen. Mientras Buzzi, valientemente, murmuró un “Opinamos distinto”, se reunió con sus socios y aceptó lo que los diarios Infobae y Clarín denominaron un “pacto de indivisibilidad”. El titular de FAA advirtió que si el Senado avalaba la iniciativa de prorrogar las facultades al Ejecutivo se producirán “asambleas y movilizaciones de protesta” en varias ciudades del interior del país. Luego habló de aceptar democráticamente lo votado en la Cámara Alta, claro que después de ver a las patrullas nada perdidas de Alfredo De Ángeli intentando copar el Congreso para apretar senadores. Ahora parece que la FAA tampoco gusta de la iniciativa que pondría algo de racionalidad entre los Grobocopatel y los dueños de pequeñas parcelas.

Más acá en el tiempo, en el congreso regional de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), en Córdoba, uno de los voceros preferidos de las patronales rurales, el psiquiatra Marcos Aguinis, puso las cosas en claro, teorizando alrededor de la concepción tributaria. Delante de 300 productores rurales sentenció que “los tributos son una forma salvaje de relación”, y recordó, que en el Imperio “el impuesto es el gravamen humillante que se aplica a un vencido para dominarlo”, emparentando a los romanos, por ejemplo, con las repúblicas posteriores a la Revolución Francesa. Pero eso no es nada. Aguinis, según publicó el matutino Página 12, planteó: “Si uno piensa que todo tributo es una imposición humillante, y a veces se hace sin que el que recibe rinda cuenta de lo que se hace con ese dinero y no cumple con la función que debiera cumplir, y se aprovecha de todo ese dinero, por lo tanto comete un robo. ¿Cómo se defiende la sociedad de ese robo? Evadiendo”. Pues el autor de La Gesta del Marrano, inquieto él, pensó que todo eso era insuficiente y remató: “Nos hemos acostumbrado a llamar al evasor delincuente. Pero el evasor es un hombre que está en la resistencia, que dice: no me van a quitar más de lo que me deben quitar. No me pueden quitar, no me deben quitar lo que es mío, que es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo”. Isidoro Cañones hubiera salido eyectado hacia arriba y a la derecha, y en el globo de la viñeta de esa vieja historieta se hubiese leído, claramente, “¡Plop!”.

Más cerca de los pagos santafesinos, otro hombre vinculado al campo decidió sincerarse. El escenario elegido fue el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde el presidente de la institución, Jorge Weskamp, rodeado del gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Binner, y del intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifschitz, ambos socialistas, se quejó de que la actual tendencia del Estado a intervenir en la economía representa un verdadero problema. “Esto ha provocado una evidente distorsión de los precios relativos y un enrarecimiento de los mercados que generan equívocas señales para la asignación de los recursos, limitan drásticamente la producción y desalientan notablemente las decisiones de inversión privada”, soltó el hombre de la Bolsa.

Weskamp, instantes después, abogó contra las presuntas desventuras del “campo”: “Más allá de los hechos de la naturaleza, que en los últimos tiempos lo han castigado duramente, viene soportando una presión impositiva alta”. Que de eso se trata, faltó que dijera a la plana mayor del socialismo. Nada importa que la realidad lo desmienta, una buena parte de la clase política santafesina no lo va a hacer. Hubiera bastado recordarle a Weskamp el informe que a principios de año divulgó la consultora IES: “Las exportaciones argentinas de granos alcanzaron los 23.767,6 millones de dólares en los primeros diez meses de 2008, y registraron así un incremento de 49,2% en relación con igual período de 2007”. Fueron los meses más críticos del conflicto, cómo serán los más distendidos.

Pero no fue el silencio de Binner sino su discurso lo que dio mayor aval a los bolseros rosarinos: “Una de las dificultades que tiene nuestro país para poder salir adelante es la falta de institucionalidad”, dijo el gobernador socialista, para luego señalar la “intención y decisión de sus integrantes (los de la Bolsa de Comercio), de ayer y de hoy, de construir instituciones que defiendan los intereses, no sólo de los sectores involucrados, sino de la sociedad en su conjunto”. O sea, al país le falta la institucionalidad que a la Bolsa le sobra, tanto que no sólo defiende a sus accionistas sino al resto de la ciudadanía. ¿Cómo? Binner no lo explicó, apenas mencionó cómo una vez la Bolsa “donó recursos para llevar adelante las dietas alimentarias que necesitaban los pacientes internados en los hospitales”. Muy socialista, por cierto.

¿Por qué la política, algunos de sus hombres más prominentes, al menos, pueden caer en la trampa para osos que representa el discurso dominante, el que pronuncia la clase dominante, cuando es tan diáfano a la hora de expresar los verdaderos intereses que persigue? Porque cuando “el campo” le hacía gambetas a la verdadera demanda que lo motivaba, esto es su voracidad rentística, se podía pensar que era necesario dialogar y alcanzar consensos. Cuando ese sector quiere abarcar en sus demandas todo el andarivel de la política económica e imponer un plan de gobierno, la racionalidad indica que hay que ponerle coto a las corporaciones. El miedo no es sonso, pero nadie dijo que la política debe reducirse al seguidismo de aparentes designios de una opinión pública más confundida que militante.

Cuando Reutemann habla de “batalla campal”, o dice que los productores le pedían en la campaña que los defienda “con la vida”, no hace sino darle un dramatismo que la oposición le adjudica al gobierno kirchnerista. “Cree que todo es una batalla a muerte”, dicen algunos periodistas de Néstor Kirchner. El Lole va por más, en ese caso, y en medio de su batalla personal, le recomendó a los santafesinos que recuerden a los legisladores que no votan lo que pide el campo, e incluso les sugirió que “si a alguno se le ocurriera traicionar a la gente que los eligió, lo tomaran en cuenta y le fueran a reclamar”. Algunas batallas mentales se transforman en escraches nada abstractos, y en Santa Fe hay muchos ejemplos de ello.

Binner no se queda atrás, y luego de cuestionar al gobierno nacional que no haya dispuesto para paliar la pobreza los mismos recursos que invertirá en la televisación gratuita del fútbol, mete en el presupuesto 150 millones de pesos para hacer el Puerto de la Música e inaugura un alojamiento temporal para ganado mientras hace semanas que los comedores comunitarios de Rosario esperan que lleguen la leche y los alimentos.

La trampa de la que ahora ningún padrino del “campo” sabe cómo salir es letal no para sus aspiraciones políticas, sino para una sociedad que espera que sean ellos, los dirigentes, quienes los rescaten de su condición de rehén de un sector que cada tanto amenaza con desabastecerla y retroceder lo más posible las agujas del reloj. Ahí, en esos campamentos a la vera de la ruta, no hay más institucionalidad, hay más angurria. Cada vez más compulsiva. Y violenta.

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