El gobierno estadounidense no perseguirá el consumo de marihuana para uso médico en los estados en los que está permitido, según un memorándum que envió este lunes el fiscal general, Eric Holder, que cambia radicalmente la política represiva de la anterior administración.
Holder pidió a los fiscales que no usen recursos federales "en individuos cuyas acciones están en cumplimiento claro e inequívoco de las leyes estatales existentes relacionadas con el uso médico de la marihuana". Los Gobiernos de Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington autorizan su consumo como medicina.
Las nuevas directrices marcan un cambio de la política del ex presidente George W. Bush, que insistió en que se mantuvieran las leyes federales contra la marihuana, considerada una droga ilegal, sin tener en cuenta la normativa de cada estado sobre su uso. El Departamento de Justicia deja claro que no se procesará a personas que cumplan con la legislación de los estados que permiten la marihuana para uso médico, pero no permitirá que se burle la ley. "No será una prioridad usar recursos del Estado para perseguir legalmente a pacientes con serias enfermedades o sus cuidadores, si están cumpliendo con las leyes de los estados sobre la marihuana", dijo Holder.
No obstante hizo hincapié en que la policía y los fiscales continuarán trabajando para castigar a aquellos que se amparen bajo las leyes de estos estados para el uso de drogas ilegales o el tráfico de drogas.
"No vamos a tolerar a los traficantes de drogas que se escondan detrás de las leyes estatales para enmascarar actividades que son claramente ilegales", subrayó.
El documento de trece páginas fue enviado a los fiscales de los 14 estados en los que está permitido el uso de la marihuana con fines médicos, así como a altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antidrogas de EE.UU.
La declaración de Holder está en la línea con la política que se ha introducido con la administración del presidente, Barack Obama, para respetar las leyes aprobadas por los estados a este respecto. "No es nada sorprendente porque es la política que ha puesto en práctica el Gobierno desde el principio de esta Administración", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.
