Las universidades públicas reciben por ley fondos provenientes de Minera Alumbrera, una compañía dedicada a la explotación de la minería a cielo abierto en Catamarca. Si bien la minería metalífera es cuestionada por el daño ambiental que genera y por enmarcarse dentro del denominado “saqueo” de los recursos naturales, la mayoría de los claustros del país –entre ellos la Universidad Nacional de Rosario– no se manifestó al respecto.
“Con sus aportes, estos emprendimientos económicos transnacionales que atentan contra los bienes naturales del país y la salud de la población acaban por condicionar la construcción de conocimiento”, dijo Sebastián Bini, consejero superior estudiantil de la UNR. “Las universidades públicas no deberían estar financiadas ni recibir fondos de este tipo de empresas”.
Por su parte, el vicerrector de la UNR, Eduardo Seminara, explicó que las universidades no pueden rechazar el dinero derivado de la actividad extractiva de la empresa minera: “La UNR (que este año recibiría unos 5 millones de pesos) no puede dejar de percibir esos fondos porque son girados según lo establece la ley 14.771. Por lo tanto, será en todo caso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el que deberá tomar una determinación al respecto”.
Sin embargo, para Bini la UNR podría impugnar los fondos amparándose “en la autonomía universitaria y en el artículo 41 de la Constitución Nacional”. El artículo de la Carta Magna, entre otras cosas, dispone que las actividades productivas no deben comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y que las autoridades deben proteger la utilización racional de los recursos naturales.
“Las autoridades universitarias pidieron tiempo y más información para evaluar el impacto sobre el medio ambiente y la situación de la causa judicial contra el vicepresidente de una de las empresas que constituye Minera Alumbrera (Julián Rooney, procesado por el presunto delito doloso de contaminación), lo cual pareciera correcto”, comentó Bini.
“Pero me da la impresión de que ya tienen la decisión tomada de aceptar esos fondos –disparó- y que sólo están esperando el momento adecuado para reducir el costo político, de ahí que no se esté dando la discusión”.
“Nosotros (por la agrupación Santiago Pampillón) presentamos en mayo el proyecto de rechazo a los fondos en el Consejo Superior de la UNR, pero no fue tratado porque se dijo que pasaría a comisiones, cosa que no sucedió. En la última sesión (13 de octubre) lo volvimos a presentar y se resolvió pasarlo a comisiones”.
En cuanto a las 12 facultades de la UNR, sólo Psicología se pronunció en contra, aunque se trata de una mera medida declarativa, puesto que la cuestión compete al Rectorado y al Consejo Superior de la UNR, órganos que hasta el momento obviaron cualquier tipo de resolución o declaración política.
“Los Consejos Directivos de las Facultades están esperando que el Consejo Superior tome una determinación para acatarla, ya que suelen manejarse de una forma disciplinaria”, apuntó Bini.
Llegar a buen puerto
Minera Alumbrera explota los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), descubiertos en Catamarca por Abel Peirano, un investigador de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que lo legó a la propia UNT y demás universidades estatales.
De ahí que las utilidades obtenidas del yacimiento YMAD se distribuyan entre la provincia de Catamarca, la UNT (20 por ciento) y el CIN (20 por ciento), organismo que comprende a las 41 universidades públicas nacionales.
“Se trata de un porcentaje sobre lo que la propia empresa declara”, explicó Seminara. “Ante la inminencia de la segunda partida (la primera fue en 2008), algunas facultades cuestionan los métodos supuestamente contaminantes de Alumbrera –prosiguió el vicerrector– pero es una cuestión opinable que deberá resolver el CIN”.
Seminara especificó que la explotación de los recursos del subsuelo estuvo prohibida hasta que, en la época de Carlos Menem, fue habilitada para los privados. “Minera Alumbrera ganó la licitación y aportó la tecnología y la infraestructura para realizar el emprendimiento minero a gran escala. El producto resultante de la extracción, una mezcla de barro y agua, se transporta en tren desde San Miguel de Tucumán hasta Puerto San Martín, donde se embarca hacia Canadá o Australia para su procesamiento”.
Para Bini, en tanto, resulta importante instalar el tema para que los emprendimientos “que contaminan y destruyen la salud de la población” no se extiendan. “La universidad debería discutir cómo producir riqueza de modo sustentable. Este tipo de empresas, además de causar un gran daño, brindan fondos insignificantes para el presupuesto universitario.
Con respecto al desenlace, Bini considera “muy difícil” la impugnación de los fondos. “El año pasado la discusión estuvo ausente en el Consejo Superior de la UNR, o sea que el rector (Darío Maiorana), quien a su vez preside el CIN, directamente los aceptó y aprobó”.
