El Foro Participativo para la Reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desarrollado este jueves en la ciudad de Santa Fe convocó a decenas de oradores que acercaron sus reflexiones y propuestas para la reglamentación de la ley de medios. Por otra parte, la Corte Suprema deberá resolver si la “cláusula de desinversión” de esta norma seguirá suspendida o deberá aplicarse de inmediato.
El encuentro de Santa Fe, llevado a cabo en el Centro Cultural ATE-Casa España, fue organizado por el Concejo Federal de Comunicación Audiovisual y contó con la exposición de representantes de medios de comunicación, trabajadores, organizaciones civiles y políticas, entre otras.
Entre los expositores estuvo la secretaria general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, Sonia Alesso, quien puso énfasis en la protección a la niñez, a través de franjas horarias de programación, y la necesidad que la televisión incluya contenidos educativos.
En tanto, Guillermo Acrich, delegado gremial del diario Uno, habló de “uno de los principios básicos de la ley de medios, que está en sintonía con las necesidades de los trabajadores: salvaguardar las fuentes laborales”.
Acrich denunció que “el 60 por ciento de los trabajadores de prensa de la zona está en negro”, habló de la importancia de “respetar el Estatuto del periodista” y lamentó que “los medios de comunicación no pagan con salarios, sino con fama”.
Juan Carlos Bettanín, en representación de la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Santa Fe, dijo que gracias a la ley de medios, su discusión y ciertas decisiones judiciales, “se terminó el mito que indicaba que los periodistas no pueden hablar de otros periodistas”.
“El mayor multimedios del país logró su participación en Papel Prensa en una mesa de torturas y tuvo acompañamiento en democracia con (Carlos) Menem y (Eduardo) Duhalde. Es una concentración económica construida con sangre. ¿Por qué no podía decirse eso?”, se preguntó.
Además, Bettanín pidió que la reglamentación de la ley respalde económicamente a las “pequeñas herramientas comunicacionales” para “acortar la brecha” con los grandes medios, y citó como ejemplos las radios de la comunidad mocoví y la del hospital psiquiátrico Mira y López, de Santa Fe.
A su turno, el secretario gremial de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Bosch, advirtió que “existe una precarización laboral pavorosa” en la actividad periodística, de “niveles inverosímiles si se la compara con cualquier otra actividad económica”.
En ese sentido, pidió que la reglamentación de la ley sea una plataforma de acción que se complemente con la actividad gremial para “que se reconozca el trabajo del periodista”, al tiempo que señaló que “hablar de jerarquización no sería correcto, dadas las actuales circunstancias”.
Bosch pidió que la reglamentación de la ley sea más precisa en cuanto a que “entre las condiciones de admisibilidad de aspirantes a licencias se requiera explícitamente un libre deuda impositivo, gremial y de las obras sociales” y que “se penalicen los incumplimientos”.
Por su parte, Florencia Sanjuán, abogada del Sindicato de Prensa de Rosario, propuso que los bienes imprescindibles para el funcionamiento de los medios de comunicación sean de titularidad de los licenciatarios.
El objetivo de la propuesta refiere a garantizar el pago de los créditos laborales que puedan surgir, tales como indemnizaciones. El encuentro fue moderado por Rubén Galassi, Felipe Boccoli y Stella Hernández, del Concejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Cláusula desinversión
En tanto, la Corte Suprema deberá resolver si la “cláusula de desinversión” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual seguirá suspendida o deberá aplicarse de inmediato, luego de que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal elevara a tal instancia un recurso presentado por la Procuración del Tesoro contra una medida cautelar aplicada por el juez Edmundo Carbone.
Así, la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal concedió el recurso extraordinario planteado por la Procuración del Tesoro contra el fallo del magistrado Carbone, que el mismo cuerpo había ratificado en mayo último y que planteaba la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la ley que cede un plazo de un año a los grupos multimediáticos para desprenderse de señales de cable y radios.
Finalmente este jueves notificó a las partes que decidió elevar a la Corte Suprema la apelación que el Gobierno presentó el 22 de junio. El máximo tribunal no suele analizar medidas cautelares a menos que, como en el caso de la suspensión total de la ley, exista una “gravedad institucional” que lo justifique.
Ahora, la Corte deberá evaluar, primero, si admite la apelación del Estado, y en caso afirmativo, resolver si mantiene suspendida la “cláusula de desinversión” o la habilita y comienzan a correr los plazos para que los grupos se desprendan de las señales.
(Fuente: Télam / Página 12)
