Desde el viernes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene en su despacho una voluminosa carpeta con los antecedentes del proyecto que obsesiona al gobernador de Santa Fe Hermes Binner y al lobby rosarino: el Puerto de la Música.
La carpeta que analiza la Presidenta contiene el dictamen de la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación, que insta a relocalizar la obra porque los terrenos previstos por la administración socialista fueron cedidos para uso exclusivamente portuario, hasta la irregular reasignación de partidas con que la Provincia pagó los honorarios del estudio de arquitectura del brasileño Oscar Niemeyer. Respecto del primer punto, en el gobierno nacional se analiza llegar a la Justicia si la obra avanza. Sobre el último aspecto, Cristina no tiene jurisdicción pero sí opinión política, que se apoya en gestionar desde la legalidad, una virtud muy reclamada pero que a la oposición le cuesta poner en práctica.
El gobierno provincial arrancó su discusión con la Nación en torno del Puerto de la Música con una bravuconada en boca de su ministro de Gobierno Antonio Bonfatti, quien aseguró que la Provincia tiene disponibilidad total sobre los terrenos que fueron cedidos por la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación sólo para uso portuario.
Esos dichos, cargados de voluntarismo pero con consecuencias legales absolutamente nulas, fue acompañado por el titular de la Fundación Puerto de la Música, otro gesto que recuerda al cocinero que prepara el fuego antes de cazar la presa que pondrá sobre la parrilla. Ricardo Silvestein, el presidente de la institución, también le restó importancia al dictamen del organismo nacional.
Posteriormente se produjo el papelón de la desautorización de ambas espadas por parte del propio gobernador Binner, que se vio obligado a recular: “Esperamos flexibilidad de Vías Navegables”, imploró en ese momento el mandatario socialista, tal cual publicó Redacción Rosario (ver nota relacionada).
La polémica incluyó la protesta verbal del titular del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), Pablo Ferrés, quien sostuvo que la cesión de los terrenos donde se ubicaría el Puerto de la Música representa “una pérdida para el puerto”.
Novedades en el frente nacional
Lo cierto es que en las últimas 96 horas se produjeron dos noticias relevantes. La primera tuvo su origen en el temprano anochecer del jueves pasado, un colaborador del diputado Agustín Rossi llevó personalmente al aeropuerto de Sauce Viejo una considerable carpeta con amplia información técnica sobre los terrenos portuarios y la obra que Binner pretende erigir sobre los mismos. La información fue fletada en un avión regular de Aerolíneas Argentinas en un paquete en cuya cara superior se podía leer claramente el destinatario: Presidencia de la Nación, Secretaría Privada. El viernes mismo, a primera hora, la mandataria nacional ya tenía en su despacho la carpeta, que comenzó a analizar exhaustivamente.
La segunda noticia, sin que haya fuentes que la relacionen con la primera, tuvo lugar este lunes, cuando el subsecretario de Vías Navegables de la Nación, Ricardo Luján, advirtió al gobierno socialista que las consecuencias de desafectar los terrenos portuarios para construir allí el Puerto de la Música tendrá consecuencias judiciales.
El primer blanco de las advertencias de Luján, en realidad, es el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), que estaría por emitir un dictamen a través del cual se llevaría adelante la desafección de los muelles para liberarlos y empezar la obra. “El Enapro sólo tiene facultad para administrar y no para desafectar”, recordó el funcionario nacional.
Es más, ante una consulta del portal de negocios y economía punto biz, Luján señaló que “lo presentado por el Enapro” –una comunicación que pone a la Nación en conocimiento de la enajenación de los terrenos portuarios para construir la obra diseñada por Niemeyer– “es un acto de nulidad absoluta”.
El subsecretario de Vías Navegables no se anduvo con chiquitas: “El Enapro no está autorizado para hacer esto, porque sólo está facultado para administrar y no para desafectar. Ése fue el mandato que la Nación le otorgó al ente cuando fue creado”, recordó el funcionario.
Si la Provincia avanzara al estilo Bonfatti-Silverstein con la construcción del Puerto de la Música –algo para nada extraño teniendo en cuenta que la licitación ya está en marcha– Luján advirtió que la Nación “actuará como ley indica”. Y agregó: “Todavía no hay acciones que demuestren la desafección de los muelles, pero si las hay se procederá por las vías administrativas y judiciales que correspondan de acuerdo a lo cometido”, al tiempo que consideró: “La ley recaerá sobre el Enapro y sobre sus integrantes”.
Un capricho que cuesta caro
Como ya se informó en este diario digital, de concretarse la obra que muchos consideran faraónica, la Terminal Puerto Rosario (TPR) pierde 360 metros de muelle y 6 hectáreas. Según fuentes de la concesión, hasta que se encuentren habilitadas las 6 hectáreas que se la Provincia les otorgó como compensación, pasará como mínimo un año y demandará bastante inversión.
El predio que le dio la Provincia a TPR se sitúa al norte de la antigua ubicación del ex astillero de Sabb, y esa área se encuentra inoperable. El plan de recuperación de esas tierras prevé que el Enapro ejecute la relocalización de las viviendas irregulares que están en la zona –aún no hay trazado plan alguno–, tras lo cual TPR deberá desembolsar las inversiones necesarias para erigir un muelle para operar.
Aunque los contratos no determinan plazos para ese desarrollo y lo deja librado a la terminal, los cálculos de los voceros de TPR son de al menos un año de obra.
TPR argumenta que el mayor inconveniente del acuerdo firmado por las autoridades que precedieron al actual directorio es la pérdida del mejor muelle, por donde se opera el 40% de la actividad. “Decidieron seguir adelante y firmar lo que faltaba como clara señal de contribución a la paz social del complejo portuario regional y asumieron así las pérdidas, los contratiempos y la necesidad de replanificación logística y operativa”, publicó en su momento puntobiz.
Un dato sugerente, mencionado por el medio económico es que “el mismo día en que, por la mañana, TPR firmó con el Enapro el acuerdo final de cesión de los terrenos, por la tarde el ente aprobó el traspaso de la mayoría accionaria de la concesionaria a Aotsa, empresa ligada al grupo Vicentín (20% de las acciones), lo cual este medio ponderó como un probable canje de favores.
El acatamiento a las normativas en este megaemprendimiento es una prueba de fuego para el socialismo, que predica en forma constante la necesidad de que la clase política se aferre con fuerza al madero flotante de la calidad institucional, en medio de tanto naufragio antiético. Tal vez la Presidenta se lo recuerde a Binner en los próximos días.
(Fuente: punto biz)
