Colombia, que denunció la presencia de las FARC en Venezuela, pidió este sábado “a la brevedad posible” una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA “para examinar la presencia de terroristas colombianos ubicados en territorio venezolano”. Caracas respondió que se trata de una “mentira” e “irrespeto”.
El gobierno colombiano pidió “a la brevedad posible” una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la denuncia formulada por Bogotá que generó nuevos roces con Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez amenazó con romper relaciones con Colombia y consideró un intento del gobierno saliente de Álvaro Uribe por impedir un acercamiento bilateral, algo que comenzaba a tomar forma con algunas declaraciones del presidente electo Juan Manuel Santos. Ahora, el camino esta sembrado de espinas.
En un comunicado, el gobierno colombiano mencionó que pidió a España, Cuba, Brasil, México y República Dominicana mejorar la relación bilateral, pero que “su tarea fue desautorizada por el gobierno de Venezuela”.
“Esta solicitud está antecedida por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave problema a través del diálogo directo con Venezuela y de las ocasiones en las que se ha comunicado esta situación a la OEA y a su secretario general”, afirmó la Casa de Nariño en un comunicado, difundido por la agencia de noticias Ansa.
Horas antes de conocerse el pedido de convocatoria a la sesión extraordinaria, el gobierno colombiano amenazó con llevar a organismos internacionales su denuncia sobre la presencia de líderes guerrilleros en Venezuela, que reaccionó con el llamado a su embajador y atribuyó a Álvaro Uribe “ocho años de fracaso diplomático y de militarismo como única política regional”.
Con diferencia de apenas minutos, los gobiernos de Uribe y Hugo Chávez emitieron sendas declaraciones para fijar posición ante el nuevo diferendo que amenaza derrumbar la incipiente construcción de un vínculo mejor, amparada en la asunción en breve de un nuevo Ejecutivo en Colombia.
El gobierno venezolano manifestó que “el camino de la mentira, de la agresión y del irrespeto siempre impedirá la regularización de las relaciones” y amenaza con “tomar medidas políticas y diplomáticas muy firmes y contundentes”.
La primera de esas medidas ocurrió casi en simultáneo con la difusión de la respuesta venezolana y fue el llamado en consulta a su embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, que anunció el canciller Nicolás Maduro.
“Hemos llamado a nuestro embajador para que venga a consulta y se incorpore a la evaluación de una serie de medidas que el gobierno de Chávez tomará en las próximas horas”, precisó Maduro, que reveló –además– que se entregó en la embajada colombiana en Caracas una nota de protesta.
En tanto, el texto dado a conocer ayer en la Casa de Nariño y recogido por Ansa, DPA y medios de los dos países dice que “durante seis años el Gobierno colombiano sostuvo un diálogo paciente con el gobierno de Venezuela, al que en varias ocasiones dio informaciones sobre localización de terroristas en ese territorio. Todo fue infructuoso en relación con cabecillas terroristas. Debemos pensar nuevamente en acudir a las instancias internacionales”, señaló.
El comunicado de Bogotá insiste en que tiene “información” de la presencia de líderes de las FARC y el ELN en suelo venezolano, “desde la ubicación del terrorista Rodrigo Granda hasta el reciente operativo contra la columna enviada por alias Iván Márquez para la retoma de los Montes de María, departamento de Bolívar”.
Según medios bogotanos, acudir a instancias internacionales podría servir para lograr una mediación, con la intención de crear un frente o cerco internacional en contra de la guerrilla, para bloquear el movimiento de sus líderes, incluso políticamente en países en los que no se los considera terroristas.
Caracas, en tanto, se tomó un día antes de replicar la difusión, de parte de la administración Uribe, de fotos, videos y localizaciones con GPS que, supuestamente, probarían la presencia y los movimientos de líderes insurgentes en Venezuela, y dispuso el llamado a consulta de su representante en Bogotá.
Un comunicado de la Cancillería bolivariana consideró la exhibición de las pruebas –que se hizo antenoche ante editores de medios bogotanos– “un patético espectáculo mediático”, que constituye una “nueva arremetida del presidente Uribe en su afán por llevar a término la labor de destrucción de las relaciones colombo-venezolanas que emprendió con enfermiza obsesión en los últimos años”.
“Tras ocho años de fracaso diplomático y de militarismo como única política regional, el presidente Uribe deja un país en guerra, un Gobierno aislado en el escenario latinoamericano y distanciado de sus vecinos”, advirtió Venezuela.
Con todo, Caracas expresó su deseo de que la administración que Juan Manuel Santos iniciará el 7 de agosto “acoja, con suma prioridad, la propuesta de un plan de paz para Colombia, que permita acompañar desde Sudamérica una solución de fondo al conflicto armado” que lleva ya décadas.
El texto lamenta también el “intento desesperado por minar el terreno de una eventual normalización de las relaciones bilaterales”, que parecía iniciarse con declaraciones de Santos y Chávez y la invitación al venezolano para que asista a la asunción del ex ministro de Defensa como mandatario.
“En cada ocasión que el gobierno de Colombia informó de la supuesta presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, Venezuela efectuó las verificaciones necesarias, constatando sistemáticamente la falsedad de tales informaciones. En oportunidades, las coordenadas transmitidas han correspondido a lugares situados en el propio territorio colombiano”, señaló Caracas.
