El juez Edmundo Carbone, quien dictó la medida cautelar que benefició a Clarín, al suspender la aplicación de los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios para las empresas de ese grupo, tiene una larga foja de servicios vinculada a dictaduras y al pensamiento ultraconservador. Entre ellas, una antológica: en 1996 prohibió la proyección en los cines de la película La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese.
El juez en lo federal, civil y comercial Edmundo Carbone, es ex funcionario de Lanusse y Videla, recordó en su edición de este jueves el diario Tiempo Argentino.
Carbone fue designado juez de primera instancia por el propio Videla en 1980. Ya en democracia, Raúl Alfonsín remitió su pliego al Senado, que ratificó su continuidad al frente del juzgado. Docente de Derecho Romano en la Universidad Católica, Carbone se encuentra en la última etapa de su carrera judicial: renunció a fin del año pasado, aunque aún no se abrió el concurso para designar a su remplazante.
Su última causa de relevancia antes de abandonar el cargo será expedirse en la cuestión de fondo referida al plazo de desinversión de un año, apelado por Clarín y que hoy está suspendido por la medida cautelar.
La trayectoria de Carbone registra antecedentes que exhiben una perfecta coherencia con su perfil ultraconservador. En 1996, pocas horas antes del estreno, Carbone prohibió la proyección en los cines de la película La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Carbone justificó uno de los pocos hechos de censura previa tras el retorno de la democracia argumentando que la película implicaba una “profanación” del culto católico, apostólico y romano.
Para justificar la censura, el juez citó el artículo 2 de la Constitución, según el cual el Estado sostiene con sus recursos a la religión católica. En aquel momento, al trascender el fallo de Carbone, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) consideró que la resolución de Carbone era “inadmisible” y criticó al juez con términos muy duros. “Nuestra Carta Magna ha sido violada por quien debe ser su principal custodio en un sistema democrático y republicano de gobierno”, fue la reacción de Adepa, entidad en la que Clarín tenía –y sigue teniendo– una influencia determinante.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo difundió un comunicado recordando los antecedentes del magistrado: “Las Madres denunciamos a Edmundo Carbone, el juez que debe decidir la cuestión de fondo del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con respecto al Grupo Clarín”, advirtieron.
“Es un juez del establishment, un hombre del riñón del poder judicial”, aseguró a este diario el presidente del Observatorio de la Justicia Argentina Beinusz Szmuckler. “No lo conozco personalmente. Prefiero no opinar”, se excusó el constitucionalista Eduardo Barcesat. Ex miembro del Consejo de la Magistratura, Szmuckler aseguró que la intervención de Carbone en la medida cautelar que frenó la aplicación del artículo 161 para el Grupo Clarín puede ser calificada como “mal desempeño”. “Tanto el juez como la Cámara aceptaron la argumentación de Clarín sin sustento legal”, dijeron desde el Observatorio.
