La Cámara Federal de San Martín resolverá dentro de los próximos cinco días hábiles a partir de este jueves si ratifica la orden de extraer sangre y saliva de manera compulsiva a los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa que investiga si fueron apropiados en la última dictadura militar.
La sala II del tribunal de apelaciones concretó este jueves la audiencia previa a tomar esa decisión y escuchó los argumentos de la defensa de Felipe y Marcela Herrera Noble y de los querellantes Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias presentadas en la causa.
Los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga escucharon en primer término a los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes volvieron a reiterar la negativa de los hijos adoptivos de la empresaria a someterse a una extracción voluntaria como así también sus críticas a la orden de tomarles una muestra compulsiva emitida por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado el 21 de diciembre pasado.
El objetivo de esta medida es analizar las muestras para comparar el ADN con centenares de muestras entregadas al Banco Nacional de Datos Genéticos y determinar si alguno de los hermanos es hijo de desaparecidos.
Los Herrera Noble se oponen a esta comparación masiva en el BNDG, para lo cual se rehúsan a entregar muestras biológicas de manera voluntaria y apelaron la orden de extracción obligatoria.
La defensa de los jóvenes argumentó que la extracción de sangre sin consentimiento era equiparable a "un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante".
Los abogados de Abuelas Alan Iud y Mariano Beitán replicaron ante la Cámara que esos argumentos eran "inconsistentes" porque la extracción compulsiva de sangre "se autoriza habitualmente y sin repercusión de ningún tipo en los casos de acusados de delitos. Si fuera un acto de tortura no habría que permitir la extracción obligatoria de sangre a nadie, ni imputado ni víctima", remarcaron.
El camarista Gurruchaga preguntó al abogado Carrió si la defensa de los Herrera Noble consideraba que existe actualmente "alguna muestra de sangre" utilizable para los estudios, entre por ejemplo las entregadas de manera voluntaria en diciembre de 2009 al anterior juez del caso Conrado Bergesio.
Carrió respondió que sobre el tema "ya se expidieron" los peritos por lo cual no le correspondía responder, en alusión a un dictamen que el año pasado determinó que no podía garantizarse que las muestras hubiesen estado correctamente preservadas durante la llamada "cadena de custodia".
"Desde Abuelas se sostuvo que lo que motiva el planteo es que ellos pretenden tener derecho a que su identidad se conserve tal cual es ahora, con esta adopción que tienen y consideran que tienen derecho a que no se determine su identidad biológica", explicó Iud.
Pero la Corte Suprema de Justicia, recordó, ya sentó precedente a la hora de sostener que "la voluntad de la persona no puede ser el límite para que se llegue a la verdad" en los casos de investigaciones de sustracción de menores en la dictadura.
En ese precedente, el caso Prieto, el máximo tribunal del país sostuvo que "siempre que haya evidencia razonable" se debe avanzar en la pesquisa.
En la audiencia también expuso la abogada Alcira Ríos, por las dos familias que se presentaron como querellantes en la causa penal, donde Herrera de Noble está imputada.
La Cámara deberá ahora resolver si avala la decisión de Arroyo Salgado y en caso de confirmarla, podría ordenar que la medida sea de "cumplimiento inmediato", más allá de la apelación que presentarán los abogados de los Noble ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Arroyo Salgado había ordenado la toma de muestras biológicas de sangre, saliva o pelo de manera obligatoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, tras recibir un informe pericial que no garantizaba la fiabilidad de muestras ya existentes desde diciembre de 2009 y entregadas voluntariamente por Felipe y Marcela.
Ambos se sometieron a las extracciones bajo la condición de que su sangre y saliva fuese comparada sólo con las de las dos familias querellantes y en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.
Pero luego la Cámara Federal de San Martín amplió el objeto procesal de la causa para ordenar determinar si fueron apropiados en la última dictadura, cuando Ernestina Herrera de Noble los adoptó siendo bebés.
Por ello la Justicia busca ahora comparar muestras biológicas de ambos con las miles depositadas en el BNDG por famiiliares que buscan recién nacidos robados en centros clandestinos de detención.
(Fuente: Télam).
