Los sobrevivientes uruguayos de "Automotores Orletti" expresaron su reconocimiento hacia la Argentina, por “hacer justicia” con la reciente condena a cuatro represores de ese centro de detención ilegal que funcionó durante la última dictadura.
"Viví la sentencia de buena gana, no voy a decir que disfrutando, porque no disfruto con la cárcel de nadie. Pero sí me alegró muchísimo que se haga justicia, y que se empiecen a aclarar las cosas, por lo menos en la Argentina", aseveró Alicia Varela. La ex detenida señaló que "este juicio en particular tiene que ver con nuestros compañeros (uruguayos) que están desaparecidos y bueno, sueño con que esto siga avanzando, que estas cosas sean puntas para seguir investigando y que se sepa la verdad, que es lo que todos estamos buscando".
Sergio López Burgos, secuestrado en Orletti en la época del denominado "primer vuelo", uno de los traslados ilegales de prisioneros políticos de Buenos Aires a Montevideo, sostuvo que estas condenas "son un capítulo que sana el dolor de las víctimas y que da un mensaje a la sociedad argentina, también", y concluyó: "Y creo que otra gente también va a ser detenida a partir de esta causa, lo que permite un trabajo más fluido, sin presionar los plazos judiciales", estimó en línea con los otros sobrevivientes del terrorismo de estado entrevistados por esta agencia.
López Burgos recordó que "Orletti era un centro donde operaban unas 100 personas y entre los represores que hay detenidos en Uruguay y en Argentina suman 16 o 17. Algunos de los responsables murieron pero otros siguen estando afuera".
Camuflada como taller mecánico en una casona del barrio porteño de Floresta, Orletti fue base operativa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur que en los `70 y `80 persiguió, secuestro, torturó y asesinó a opositores políticos como una "trasnacional" del terrorismo de estado.
Por el tenebroso centro clandestino pasaron unos 200 detenidos-desaparecidos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades, entre ellos también dos diplomáticos cubanos secuestrados en Buenos Aires. López Burgos evocó la reapertura en 2005 de la causa en Buenos Aires, en la que fue parte de unos 30 testigos uruguayos, y anticipó que prepara con compatriotas otra presentación ante la Justicia argentina por el Plan Cóndor, con documentación que reunieron durante cuatro meses en la Cancillería de su país.
"Aparecen datos sorprendentes que muestran que (la coordinación represiva de las dictaduras) estaba mucho mejor armada de lo que se pensaba", y que utilizaba "tanto canales militares como diplomáticos", explicó sobre esa evidencia reunida.
"Lo importante es continuar la política de derechos humanos, que no haya impunidad y juzgar a los responsables con todas las garantías democráticas, porque faltan todavía muchos otros capítulos", apuntó. "Realmente se está haciendo justicia en la Argentina. Y se siente un gran pesar porque nosotros cotejamos qué es lo que está pasando todavía en nuestro país", expresó a su vez Beatriz Barboza, también secuestrada en Orletti a fines de los años `70.
Testigo en causas por violaciones a los derechos humanos desde hace 25 años, también en la que culminó esta semana, en Buenos Aires, Barboza agregó que "se está llegando a algunas verdades y sobre todo se está haciendo justicia con los responsables de una masacre que nos tocó a los uruguayos pero que diezmó a tantos argentinos".
"Para nosotros es fundamental reconocer la labor del gobierno argentino en este campo, la labor de los jueces y el Estado como tal en todo lo que significó el arropar a las víctimas, en todo lo que fue la contención de los uruguayos que fuimos allá a declarar, porque son momentos muy difíciles, en los que se tocan cosas muy delicadas de los sobrevivientes", concluyó.
Fuente: Télam
