El senador nacional Miguel Ángel Pichetto anunció que el debate por el “canon digital” –el proyecto de gravamen a dispositivos de almacenamiento digital que iba a ser tratado este miércoles en la Cámara alta– fue postergado.
El proyecto de Ley de Remuneración por Copia Privada fue abordado el martes 28 por la Comisión de Legislación General, donde además de los legisladores participaron representantes de Aadi, Argentores, Cadra, Capif, DAC y Sadaic –a cargo de la recaudación y administración de la remuneración–, es decir, ni más ni menos que la oligarquía de la industria cultural argentina.
La iniciativa despertó la polémica en las redes sociales y el hashtag (etiqueta) de Twitter #noalcanon encabezó una catarata de críticas, interrogantes y burlas. Además las cuentas de correo electrónico de los senadores que integran la Comisión fueron desbordadas por e-mails que cuestionaban el proyecto a la vez que exigían ampliar el debate sobre el canon digital.
En la sesión del martes una activista de la Fundación Vía Libre, “que defiende los derechos civiles en entornos mediados por nuevas tecnologías”, solicitó intervenir en el debate pero le informaron "que la palabra sólo se le estaba dando a las asociaciones de gestión colectiva”.
Una ofensiva virtual incluyó ataques al sitio web de la Cámara alta, que hasta la tarde de este miércoles se encontraba desativado. El grupo de hackers Anonymous, con un amplio historial de ciberprotestas, se atribuyó el hecho. Activistas y organizaciones de usuarios planeaban además manifestarse frente al Senado nacional este miércoles.
Pajaritos en la cabeza
“Hemos escuchado la multiplicidad de voces contrarias a la iniciativa de canon digital y por eso se tomó la decisión de continuar el debate” comunicó Pichetto desde su cuenta de Twitter. “Debido a que se trata de un tema muy importante que requiere un acuerdo amplio continuaremos el debate en Comisión, escuchando todas las voces”, afirmó el legislador del Frente para la Victoria.
Por su parte, el jefe del bloque de senadores radicales Gerardo Morales, quien había adelantado que su bloque apoyaría la iniciativa, sugirió que el proyecto de ley sea tratado en la sesión prevista para el 13 de julio.
Los detractores del canon digital aseguran que "es un modelo utópico porque es imposible aplicarlo de forma justa", ya que no hay forma de discriminar quién usa un disco para guardar archivos personales y quién almacena archivos que contienen obras con copyright. También observan que "cualquier esfuerzo estatal por mantener el viejo orden de negocios analógicos" es un derroche de recursos, dado que "la tecnología digital llegó para quedarse".
En este sentido Martín Olivera –militante del software libre– señala que mientras el gobierno nacional "busca acercar las herramientas digitales para una verdadera inclusión digital", a través de los programas Conectar Igualdad y Argentina Conectada, el proyecto de canon digital "va a contramano de todos estos avances, encareciendo el acceso a todas estas posibilidades de desarrollo cultural, económico y tecnológico para el país".
Iniciativas similares han fracasado en el viejo continente –22 de los 27 países de la Unión Europea aplican alguna forma de gravamen por copia privada–, tal es el caso de España, donde la Justicia terminó anulándolo parcialmente tras declararlo ilegal el pasado 24 de marzo.
También en Holanda el canon digital fue recientemente desechado. Uno de los motivos que han alegado los legisladores del país de los molinos de viento es "fomentar la creatividad y la innovación". En los Países Bajos las autoridades exigen además que las entidades de gestión sean más transparentes e informen cómo se reparte el dinero recaudado.
Fuentes: Derecho a Leer, elEconomista.es, Alt1040
