La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de ley para titularizar al personal afectado a tareas diferentes definitivas en la órbita de la Administración Pública y la docencia. De ratificarse en el Senado, la medida beneficiará a unos cuatro mil trabajadores.
El proyecto establece el pase a planta permanente de unos 3.870 agentes que se desempeñan en diversas áreas, desde hace varios años –“en algunos casos hasta una década”– en suplencia de titulares, algunos de los cuales efectúan tareas pasivas.
La normativa, que ahora debe ser debatida por el Senado, estipula la creación de una nueva categoría del escalafón denominada Cargo Diferente Definitivo y de esa forma el agente titular mantendría su categoría y el ahora reemplazante podría pasar a planta permanente.
El diputado radical Darío Boscarol, uno de los impulsores del proyecto, sostuvo que "pensamos en la creación de este cargo de Tarea Diferente Definitiva para alojar allí a esta persona, una especie de escalafón seco: creamos un cargo, se lo asignamos a esta persona con tareas pasivas y a quien estaba reemplazando se lo titulariza y comienza la carrera administrativa dentro del escalafón al cual pertenezca”.
“Esto implica sacar un tapón de la carrera administrativa, regularizando la situación sin mayores erogaciones y sin incorporar nuevos agentes a la administración pública”. Por esto anticipó que “esta ley va a ser muy bienvenida por todos los sectores a los que alcanza”, añadió.
En tanto, el diputado socialista Raúl Lamberto, destacó la aprobación del proyecto y consignó que "una vez que este proyecto reciba sanción definitiva, permitirá al Poder Ejecutivo a crear los cargos diferentes definitivos".
"Esta norma es la garantía de la estabilidad para empleados públicos y docentes que se encuentran reemplazando o supliendo, muchas veces desde hace largo tiempo. Al tener cargo definitivo, el Estado se preocupa por su tranquilidad y se les posibilita acceder a los beneficios y posibilidades que otorga la estabilidad", agregó Lamberto.
La normativa alcanza a unos 2.000 docentes, 1.870 asistentes escolares en el ámbito de los efectores de salud y el ministerio de Desarrollo Social, pero no así a efectivos de seguridad.
Fuente: Télam
