Sabrina Gullino, hija de los desaparecidos Raquel Negro y Edgar Valenzuela, pidió este miércoles a los imputados en la causa “Hospital Militar” de Paraná ‒que investiga el funcionamiento de una maternidad clandestina durante la dictadura‒, que "rompan el pacto de silencio y digan qué pasó con mi hermano mellizo".
En la causa se investiga el robo de bebés y la sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978.
Uno de esos bebés fue Sabrina Gullino quien en la actualidad con su medio hermano, Sebastián Álvarez, se constituyeron en querellantes en la causa.
"Estos reos son responsables del secuestro y asesinatos de mi mamá y de mi papá y de la desaparición de mis hermanito mellizo y, aunque quisieron destruir a mi familia, no pudieron", agregó Gullino.
En su declaración ante el tribunal federal local, Gullino le reclamó a los imputados que "rompan el pacto de silencio, como hizo el médico militar Juan Antonio Zaccaría, que reconoció que había habido otros partos (clandestinos) en el hospital militar".
Sabrina relató que su madre biológica, Raquel Negro, fue trasladada desde el centro clandestino de detención Quinta de Funes, en las afueras de Rosario, para dar a luz en el hospital militar local en marzo de 1978.
La mujer fue internada como sobrina del entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, y tuvo mellizos, un varón y una nena.
Poco después de nacer, los mellizos fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, por complicaciones en su salud.
Tras ser dados de alta, la niña fue dejada en el Hogar del Huérfano de Rosario, luego entregada a la Justicia de Menores y finalmente dada en adopción legal.
Recalcó que ella, anotada como Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008, pero desconoce el destino que sufrió su hermanito.
Raquel Negro y su pareja, Edgar Tulio Valenzuela, fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en el centro de Mar del Plata.
Junto con la pareja estaba Sebastián Alvarez, hijo de la mujer, que tenía un año y medio de edad en ese momento y ahora se constituyó en el querellante de la causa junto con Gullino.
"Mi papá, en un supuesto acuerdo con los militares, tenía que marcar a la cúpula de Montoneros en México, mientras que mi madre, con un embarazo avanzado, quedó como rehén y Seba fue entregado a nuestros abuelos maternos", agregó la joven.
Gullino agradeció "a las enfermeras que se jugaron y aportaron datos a la justicia para iniciar la causa" y que permitieron determinar que ella y su hermanito fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, donde ingresaron como Soledad López y NN López.
"Los dos tenemos el alta de ese centro privado, lo que me hace suponer que mi hermano mellizo está vivo", agregó.
La joven se dirigió luego a los represores Juan Amelog y Walter Pagano, “que son los que me llevaron en el auto y me dejaron abandonada en un orfanato. Seguramente deben estar arrepentidos de no haberme tirado al río, porque miren todo lo que está pasando: 33 años después se constituyó este tribunal que los está juzgando”, recalcó.
Seguidamente declaró su hermano, Sebastián Álvarez, quien reclamó la colaboración de los dueños del Instituto Privado de Pediatría, donde fueron derivados tras nacer, para obtener datos sobre el destino del mellizo desaparecido pocos días después.
"Que digan qué pasó, porque hay claras diferencias entre las enfermeras que recuerdan el caso y los doctores que no se acuerdan de nada", dijo antes de recalcar que de lo contrario "vamos a creer que era una práctica normal el ingreso clandestino de chicos a institutos privados".
Luego declaró el médico Juan Ferrarotti, quien reconoció haber trabajado en terapia intensiva del Hospital Militar en 1978, pero dijo no recordar sobre el nacimiento de los mellizos en el nosocomio.
Este miércoles también debía declarar el agente de inteligencia, Eduardo "Tucu" Constanzo, que fue quien reveló los detalles del traslado de Raquel Negro al hospital militar de Paraná y de la apropiación de sus hijos mellizos. El represor, que se encuentra cumpliendo condena con prisión domiciliaria en Rosario, iba a ser traído por la fuerza pública hasta la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, pero una diverticulitis aguda se lo impidió.
Fuentes: Télam / Diario del Juicio / El Diario
