En la misma resolución en que ordenó la intervención de la empresa del Grupo Clarín, el juez federal de Mendoza, Walter Bento, dispuso que, en caso de perder el juicio, el denunciante deberá pagar 25 millones de pesos para cubrir las consecuencias del proceso.
La medida cautelar por la cual el juez federal de Mendoza Walter Bento dispuso la intervención de la empresa Cablevisión para terminar con una situación dominante en el mercado que atenta contra la Defensa de la Competencia no fue gratis para el Grupo Vila-Manzano, titular del operador de TV por cable Supercanal.
El magistrado le impuso una “contracautela” (una suerte de garantía de que en caso de perder el juicio dispondrá de dinero para afrontar sus consecuencias) de 25 millones de pesos.
La medida está contenida en las 19 páginas de la resolución, que trascendieron este miércoles y que deparan varias sorpresas. La parte resolutiva determina la “separación en un plazo de 60 días del uso comercial de las marcas Multicanal y Cablevisión y la provisión de los servicios a los abonados originarios de Multicanal, bajo la marca Multicanal y a los restantes abonados bajo la marca Cablevisión”.
Esa decisión del juez retrotrae de un plumazo la fusión de ambas operadoras de cable, que hoy tiene la mayor porción de los abonados de la TV de pago en todo el país. Con la separación, también llegó “la obligación” de que en un lapso similar “los servicios bajo cada una de las citadas marcas sean ofrecidos en competencia y con grillas diferenciadas”.
El fallo, que es apelable y parece tener destino de Corte Suprema, avanza en consideraciones sobre cuestiones en debate en el mundo, sobre todo a partir de la crisis en Europa y Estados Unidos. “Si bien las concentraciones económicas pueden aparejar ventajas, también pueden ocasionar perjuicios a la economía general por el peligro potencial que implican para la libre competencia, y por ende, para la comunidad en general”, escribió el juez.
Bento explicó de qué manera se habría cristalizado esa práctica, que según la denuncia del Grupo Vila-Manzano es “predatoria”. Dice el fallo: “En los contratos celebrados para los años 2009 y 2010, se pacta como método de ajuste para la contraprestación del servicio que los importes mínimos se ajustarán en el mismo porcentaje en el que se incremente la Tarifa Nominal Básica que (Supercanal) cobre a los suscriptores de sus sistemas de cable ubicados en Mendoza, Tucumán, San Juan, Comodoro Rivadavia, Catamarca y Villa Mercedes.
Al momento de analizar el contrato celebrado para el año 2011, se advierte un cambio de condiciones sobre el mecanismo de reajuste del precio de las señales, ya que se agrega como variable de ajuste la Tarifa Nominal Básica que Cablevisión cobre a los suscriptores de Cablevisión en Córdoba, introduciendo de este modo una variable de ajuste al precio contractual, que quedan bajo el control exclusivo de Cablevisión, competidor del adquirente de señales (Supercanal), e integrante del grupo vendedor de las señales y acreedor del precio a abonar”.
Traducido: en la renovación del contrato, y desde la presunta posición dominante, Cablevisión introdujo una cláusula que en el mediano o corto plazo podría desembocar en la asfixia de su competidor. Y sin competidores potenciales, la “posición dominante” tiende a convertirse en monopólica.
La situación no es nueva, ni novedosa. Y ese es el principal argumento que esgrime el Grupo Clarín: la situación actual es producto de una decisión que adoptó antes de dejar el gobierno el ex presidente Néstor Kirchner. Entre aquel momento y este está la nueva Ley de Medios Audiovisuales.
Allí está escenificado el debate. Y ante esa situación, el juez optó por dictar la cautelar, con el argumento de que “no se puede dejar abierta la posibilidad de que los perjuicios se continúen produciendo, y que la lesión al bien jurídico protegido por la ley se consume de modo irreparable”.
Fuente: Tiempo Argentino | Imagen: http://www.militanciakreativa.com.ar
