Además de sueldos y jubilaciones, en el ex Primer Mundo se están recortando otros derechos básicos. Organismos de derechos humanos, partidos políticos anti ajuste y ciudadanos indignados denuncian persecuciones y graves limitaciones a la libertad de expresión y reunión. A más ajustes, más protestas populares, y la única respuesta de las autoridades es la represión. El esquema luce agotado, y el futuro incierto. Para algunos analistas, hay un cambio en ciernes, pero nadie sabe si será profundo o cosmético, ni tampoco cuánta violencia emplearán los estados.
Golpes y palazos. Desalojos con gases asfixiantes. Prohibiciones para acampar. Operativos policiales desmesurados. Servicios de inteligencia que se inmiscuyen en la vida de pacíficos ciudadanos como si fuesen “terroristas”. Nuevas leyes que limitan el derecho de reunión, como en las dictaduras. Caza de militantes los días previos a las manifestaciones, para detenerlos en forma “preventiva”. Y un sistema de vigilancia global cada vez más perfeccionado para el que todos somos sospechosos. El otrora Primer Mundo exhibe hoy su primacía en materia de autoritarismo y represión.
Los indignados de Europa y los Estados Unidos, que durante 2011 ocuparon plazas y lugares públicos, son por estos días expulsados, golpeados, encarcelados y perseguidos, y se les impide volver a protestar, y sobre todo a acampar, a estacionarse, en los sitios donde habían comenzado las masivas manifestaciones contra los ajustes. El hecho no es casual, y posee un enorme valor simbólico.
Los ciudadanos protestan contra gobiernos que consideran traidores de la voluntad popular. Denuncian administraciones que “no los representan”. Esta es una de las expresiones más utilizadas, un denominador común que se repite en todas las protestas, más allá de las profundas diferencias en cada país y cada situación social.
Los manifestantes denuncian que los gobiernos están al servicio de los bancos, de las elites financieras, de los grandes grupos económicos transnacionales, y que en función de salvar los intereses de esas minorías sacrifican el estado de bienestar, la soberanía estatal y popular, y la dignidad de los ciudadanos. Ante estas protestas, multitudinarias, los Estados responden con represión.
El Estado se retira en todos los planos de la realidad social, a favor del poder económico, pero sólo conserva, como Estado, su potestad del ejercicio de la violencia, un ejercicio cada vez más ilegítimo, por estar al servicio de una minoría e ignorar la soberanía popular.
Es apenas un síntoma, acaso el más violento y notable, de la crisis política del denominado Primer Mundo: los poderes fácticos desplazan a la democracia. Todo el poder a los bancos y a los organismos internacionales que los representan. Grecia, el caso más paradigmático de la actual situación imperante, se ha convertido en un Protectorado de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
En este esquema, no es un hecho menor que se recorten las libertades que tienen que ver con el derecho de protestar en el espacio público. Ocupar el espacio público, y ocuparse de la cosa pública, es una definición de la política. Cuando el ciudadano abandona sus asuntos privados, individuales, y los espacios que los representan y simbolizan, y se lanza a la calle, a las plazas, a los espacios que son de todos, es cuando la democracia funciona, cuando adquiere contenido y realidad y deja de ser un mero gesto discursivo y vacío.
Cuando en España, en Alemania, en Grecia, en Portugal, en Inglaterra, en Italia o en Estados Unidos se golpea, encarcela e interroga a los manifestantes y se los expulsa del espacio público se atenta contra la democracia, contra los derechos humanos básicos, y contra la idea de participación del ciudadano en los asuntos y espacios que son públicos, de todos, del conjunto de la sociedad.
La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) ha denunciado, durante la presentación de su Informe Anual 2012, el «uso excesivo de la fuerza» por parte de las autoridades españolas contra las manifestaciones del 15-M, sobre todo entre mayo y agosto de 2011. «Los Estados tienen derecho a perseguir las conductas violentas en las manifestaciones», pero no deben poner «restricciones a las manifestaciones pacíficas», ha declarado el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe en la sede de la organización en Madrid.
«El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido de que se debe respetar la libertad de expresión incluso cuando su uso resulta molesto para las autoridades, siempre que sea de forma pacífica», prosiguió Beltrán. Por ello, aunque AI no tiene todavía una postura concreta sobre las reformas anunciadas en el Código Penal en lo relativo a los actos de protesta en la calle, estará «atenta a lo que salga».
En Alemania, donde recrudecen las protestas anti ajuste, se denunciaron persecuciones a militantes. Días antes de las protestas contra los bancos que se desarrollaron en Berlín y Frankfurt, la policía salió a cazar militantes. Y fueron detenidos más de 600, “en forma preventiva”. “Peligra en Alemania el derecho de reunión”, señalaron los manifestantes. “Esta política de empobrecimiento de Europa no se lleva a cabo en nuestro nombre”, señalaron los ciudadanos alemanes pertenecientes al movimiento «Blockupy”, que entre el 16 y el 18 de mayo organizaron multitudinarias protestas ante la sede del Banco Central Europeo (BCE), pese a la prohibición de las autoridades y las sucesivas acciones policiales de desalojo.
El 20 de mayo, la ciudad de Chicago, Estados Unidos, amaneció blindada y militarizada, con más de 3 mil agentes especiales, con calles cortadas, piquetes policiales en las esquinas y restricciones en el tren subterráneo. Ese día miles de personas salieron a las calles para manifestarse contra la cumbre de la Otan, reunión en la que líderes de 50 países discutieron estrategia común de salida de Afganistán, tras más de una década de guerra, entre otros temas, en medio de recortes y planes de austeridad que no contemplan ahorro alguno en compra de armas. La marcha terminó con represión, con más de cien detenidos y 12 manifestantes heridos.
En Canadá, luego de más de tres meses de conflicto, el 23 de mayo se produjo una histórica marcha de estudiantes contra el aumento de la matrícula de las universidades. La protesta fue declarada ilegal, en el marco de una escalada represiva por parte de las autoridades y nuevas leyes que limitan el derecho a manifestarse. La policía canadiense detuvo a más de 500 personas en Montreal y otras 200 en Québec durante las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno por aumentar las tasas universitarias un 75 por ciento. Según el diario canadiense La Presse, muchas detenciones ocurrieron después de que las marchas estudiantiles se prolongaron más tiempo del autorizado por leyes recientemente promulgadas y que imponen límites estrictos sobre las protestas masivas en la provincia de Québec.
Y como perversa culminación de esta deriva autoritaria del ex Primer Mundo, en el estado de Utah, Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por su sigla en inglés) está montando un enorme complejo para espiar todas las comunicaciones telefónicas o vía internet del mundo. No habrá mensaje de texto, llamada, tweet, ni correo electrónico que se les escape. Tal como afirmó un oficial de la NSA, nadie se salva. “Todo el que se comunique es un objetivo de la NSA”. Por eso, en Estados Unidos, afirman que NSA significa “Never Say Anything”: “Nunca digas nada”.
