El juez correccional Nº 3, Ignacio Vacca, ordenó este viernes el desalojo de un asentamiento precario ocupado por cincuenta familias en Villa Gobernador Gálvez. Los habitantes del terreno denunciaron que fueron fueron sorprendidos por un enorme operativo policial.
Se trata de un rectángulo de tierra de 60 por 30 metros, ubicado en Becker al 800, en barrio Ortelani, a dos cuadras de la salida hacia a la ruta 21. El desalojo ocurrido a las 7.30 de este viernes y ordenado por la justicia provincial, surgió a partir de una denuncia por usurpación que habría presentado el corredor inmobiliario Patricio Arpini, según publicó este sábado el suplemento local de Página 12.
En la crónica del diario La Capital, firmada por el respetado periodista Ubaldo Mauro, se consignó que tras el desalojo “reinaba un clima de descontento, asombro y bronca entre los protagonistas de la toma, que —dijeron— fueron tomados por sorpresa por la policía”.
«Vinieron con las topadoras, sacaron todo, se llevaron a algunos chicos. No nos habían avisado nada», contó Mauro que explicó una mujer al costado del terreno. «Entraron a la casilla y me arrastraron de una pierna», relató una joven, indignada con el accionar policial. Según el veterano periodista “los vecinos defendieron su actitud y dijeron que sólo querían un techo donde vivir”.
«Fue el desayuno del día: estábamos durmiendo con nuestros bebés y aparecieron policías que se metieron a las casas sin mostrar ningún papel del juez ni nada, y nos sacaron de prepo», contaron Tania, Priscila y Cintia, al periodista Luís Bastús de Rosario 12. Las mujeres son madres de entre 20 y 23 años quienes fueron detenidas junto con sus maridos y otra chica.
«Eran un montón, vinieron con camiones, patrulleros, colectivos, nos reasustamos. Y hubo gente que se fue corriendo por miedo, en lugar de quedarse a pelear por el techo de sus hijos», describieron la noche de este viernes en el piquete realizado en avenida San Martín, iniciado en respuesta al desalojo.
De acuerdo lo publicado por el matutino, la mayoría de las desalojadas son parejas jóvenes, con hijos a cargo, que vivían hacinados junto a sus familiares de origen, y que hallaron en la usurpación una salida ante la falta de otras opciones para tener su casa. Buena parte de las personas del asentamiento refirió estar empleado en alguna de las varias fábricas que hay la zona.
«Sólo queremos una casa, y no la pedimos de arriba. Queremos pagar algo que podamos, pero por un terrenito nos piden 30 mil pesos, o un adelanto de 7 lucas, y no llegamos a eso», contaron. «Lo que menos se quiso hacer fue una villa, por eso abrimos dos cortadas, para no hacer pasillos», agregaron.
El secretario de Gobierno municipal, Diego Garabano, afirmó según Rosario 12 que las familias desalojadas no fueron 30 ni 50, sino 2. «A las dos familias que habitaban el lugar se las invitó a que se retiren, y no opusieron resistencia. También se sacó a un grupo de personas que daban vueltas pero no vivían allí. Seis hombres fueron detenidos y luego, puestos en libertad», aseguróel funcionario.
Según la nota de Bastús, el presidente de la Asociación de Comercio e Industria villagalvense, Cristian Allegra, “expresó su satisfacción” por esta resolución judicial. «Esta vez la Justicia, aunque con tiempos demasiado lentos, cumplió con la Constitución nacional y defendió la propiedad privada. El terreno estaba cercado con tejido desde antes, lo que pasa es que lo quitaron para meterse. Y desde que se metieron, las casillas ni siquiera estaban habitadas», señaló.
“El dirigente empresario ‒continuó el artículo periodístico‒, indicó que hay otras tres industrias con terrenos usurpados y que pidieron el desalojo por vía judicial. En el caso de Sugarosa, frente al área industrial de la ciudad, una jueza le falló en contra y ahora el frigorífico va en busca del contraataque. Sobre los otros dos, en Soldado Aguirre y Suipacha, y sobre el Camino Guereño, esperan que los juzgados se expidan de un momento a otro. Por eso anoche, en cada uno de los piquetes, el clima era tenso”.
Los manifestantes denunciaron que las autoridades municipales y de la Secretaría de Hábitat no cumplieron con el censo que habían anunciado el mes pasado, de cara a futuros planes de vivienda. También se burlaron de la declaración de emergencia habitacional que el Concejo local sancionó días atrás. «Hoy fuimos a la Municipalidad y lo vimos al intendente Pedro González escaparse por atrás», repudiaron.
