La Red Mundial de Editores, entidad creada apenas hace un año y que preside el editor responsable de Clarín, Ricardo Kirschbaum, hizo un llamado global a protestar por los “ataques del Gobierno (argentino) contra la prensa independiente”, estableciendo el 7 de diciembre –día en que caduca el recurso judicial interpuesto por el multimedios que dirige Héctor Magnetto para frenar la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual– como “fecha límite para la libertad de prensa”.
Sin embargo, la situación que describe la joven entidad, no se condice con la clasificación que cada año publica la prestigiosa organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RFS), entidad fundada en 1985, que cuenta con representación en los cinco continentes, ha sido consecuentemente galardonada por su lucha por la libertad de prensa en todo el mundo, es miembro consultivo de Naciones Unidas, y que en su clasificación mundial de este año ubica a la Argentina en materia de libertad de prensa, en el mismo nivel que países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos.
Para la Red Mundial de Editores, GEN (por sus siglas en inglés), conducida por el editor general de Clarín, el informe anual de la RFS, que sostiene que en Argentina la libertad de expresión es «satisfactoria», parece no tener ningún valor.
Luego de una reunión de su comisión directiva, que encabeza Kirschbaum, realizada esta semana en Buenos Aires, llamaron a «dar alerta» a medios extranjeros ante la inminente cercanía del 7 de diciembre, plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia para la caducidad de la medida cautelar que frena la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso en 2009.
Para esta organización, «ese día es la fecha límite para la libertad de prensa. Los medios deberían unir sus voces en contra de esta amenaza intolerable a la prensa independiente», sostuvieron en su arenga, replicada a toda voz desde los diarios La Nación y Clarín.
Asimismo, y a pesar de reconocer que el objetivo de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual «es fortalecer la diversidad y el pluralismo limitando la propiedad monopólica de los medios, que es un objetivo legítimo», sostienen que la norma «sólo busca acallar el disenso y, en particular, desmantelar el Grupo Clarín».
La otra vara
Reporteros sin Fronteras, entidad galardonada en 2005 por el Parlamento Europeo con el premio Sarajov para la Libertad de Conciencia, reconocida de utilidad pública en Francia y que dispone de estatuto consultivo en Naciones Unidas, clasifica anualmente a los países del globo según un índice que refleja el estado de la libertad de prensa a partir de encuestas a periodistas y medios, y la contabilización de casos de amenazas, asesinatos o juicios contra trabajadores de prensa.
En su clasificación mundial para 2012, ubica a la Argentina en el puesto 47, lugar que comparte con EEUU, de un total de 179 puestos en una lista que encabeza Finlandia y cierra Eritrea.
La omisión que de este informe hace la entidad que dirige Kirschbaum en su veredicto sobre el estado de la libertad de prensa en nuestro país, quizá tenga explicación en la propia visión que ofrecen sus pares de la RFS, reflejada en un tramo de su último informe sobre la situación de la prensa en Argentina. Allí sostienen que “es sobre todo el principal grupo de prensa, Clarín, quien está preocupado por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), destinada a limitar la concentración de medios que, en Argentina, es verdaderamente excesiva”.
Y agrega: “La ley, que ha sido un deseo de la propia presidenta Cristina Fernández, viene a sustituir a la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la conocida como «22.285», aprobada bajo el régimen militar. Las enmiendas efectuadas a esa ley desde la vuelta a la democracia en 1983 han reducido el control del poder sobre el contenido de las programaciones y, a la vez, han favorecido la concentración de medios”.
