Tras el freno judicial al protocolo de abortos no punibles en hospitales de la provincia, la presidenta de Insgenar sostuvo que la maniobra atenta contra la gratuidad de la práctica: “Detrás de esto está la corporación médica y la iglesia”.
El juez en lo Civil y Comercial, Claudio Bermúdez dispuso en septiembre suspender parcialmente el protocolo de abortos no punibles en la provincia de Santa Fe y sostuvo que se requerirá la autorización de un juez, y ya no bastará la declaración jurada de la mujer que haya sido víctima de una violación.
La medida cautelar fue dictada a raíz de un planteo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que cuestionó la guía al entender que «atenta contra la vida humana» y es «inconstitucional».
Bermúdez aclaró sobre este caso que si bien el pedido de la Democracia Cristiana apuntaba a suspender todo el protocolo de Salud, se aceptó «parcialmente la cautelar», es decir «respecto de la aplicación de la práctica abortiva cuando es a mera declaración jurada de la mujer que manifiesta haber sido violada».
Por su parte, la provincia se notificó de la medida y evaluaba tanto los pasos a seguir en la vía judicial como los alcances concretos de la disposición. En tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió una medida que impedía la realización de un aborto no punible a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas en la ciudad de Buenos Aires.
“El Ministerio de Salud va a apelar esta cautelar que no tiene destino, y el juez que falló la cautelar tendrá que ser sancionado por impedir que se aplique el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Susana Chiarotti, presidenta del Instituto de Género Derecho y Desarrollo.
“Se trata de un ataque a la gratuidad de la práctica, porque detrás de esta medida están los sectores fundamentalistas, el Arzobispado y la corporación médica. Los mismos profesionales que apelan a la objeción de conciencia en los hospitales son los mismos que practican abortos en sus consultorios privados a los que solo pueden acceder mujeres de la clase media y alta”, aseguró Chiarotti.
Asimismo sostuvo que en este y en todos los casos donde se impida que se aplique el protocolo, el máximo tribunal “va a seguir reafirmando el fallo anterior, suspendiendo estas cautelares de jueces que deberían remitirse al cumplimiento de la ley y que no hacen más que poner palos en la rueda”.
“Ellos dicen que es inconstitucional negando una medida que fue dictada por unanimidad por la Corte Suprema, y a la que se tienen que subordinar todos los jueces menores”, dijo.
La presidenta de Insgenar tambien afirmó que esta “es una maniobra por parte de sectores fundamentalistas que no aceptan la ley a menos que diga lo que ellos quieren. Pero ya no estamos más en la Inquisición, tenemos un Estado laico y las leyes son para todos los ciudadanos independientemente de su credo, por eso este pedido es de un gran autoritarismo”, concluyó.
