En el marco del proceso de adecuación a la ley 26.522, varios grupos que explotan licencias de radio y televisión presentaron sus propuestas ante la Afsca. Esos planes de adecuación están ahora sujetos al análisis del organismo que preside Martín Sabbatella. Los grupos Uno, Indalo, Radiovisión Jujuy, La Capital e Ick, son algunos de los que entregaron sus carpetas, informó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) a través de un comunicado.
En este sentido, el Grupo Uno «propone disolver el actual grupo y dividir entre sus socios originales parte de las licencias conformando nuevas unidades productivas a cargo de cada socio o en vinculaciones que, a título personal, no presentan incompatibilidades entre sí». Además, prevé transferir 11 licencias de medios y vender 16 licencias y 3 registros.
«Esta es, en trazos generales, la conformación propuesta: Supercanal (su empresa de cable en concurso judicial) quedaría con 18 licencias de cable con la participación de José Luis Manzano en un 7,5 % de las acciones y el resto distribuida entre los acreedores del concurso homologado y otros socios minoritarios», precisa el informe.
Alfredo Vila Santander, por su parte, «conformaría una nueva sociedad independiente de SC, con la cual operaría 15 licencias de cable junto con 7 licencias de radios en el interior del país».
A su vez, junto a Daniel Vila, «se harían cargo de una sociedad que explota dos canales de televisión y una radio en la zona de cuyo», señala a continuación.
Por su parte, «Daniel Vila junto a José Luis Manzano, compartirían la sociedad que opera seis licencias, entre las que se encuentran América TV (con otros socios) y radio La Red, junto a otras del interior. Barbarita Vila asumiría la titularidad de una licencia de una radio de FM en Cuyo», expresa el comunicado.
Por otra parte, prevén transferir 11 licencias: una licencia satelital, siete licencias de cable y tres licencias de radio a distintos ex socios minoritarios del Grupo Uno.
Pondrán asimismo a la venta 16 licencias: 8 de cable, 2 canales de TV abierta (Junín y San Rafael) y 6 estaciones de radio (entre ellas La Red Rosario, FM Tupungato y FM Brava). Y también pondrán a la venta 3 registros de señales, entre ellas América 24.
«En tanto, el Grupo Indalo, que adquirió el control societario a Daniel Hadad de parte de las empresas que explotaban licencias de medios audiovisuales de manera condicionada a la aprobación de la AFSCA, propone transferir 2 licencias de FM en CABA y la señal de UHF a fin de quedar enmarcada en lo establecido en la ley 26.522», precisa el comunicado de AFSCA.
A su vez, el Grupo La Capital, de Mar del Plata «en una revisión de la AFSCA posterior a la presentación pública de los diversos grupos que debían adecuarse, se incorporó a La Capital».
«Este grupo encabezado por el empresario Aldrey Iglesias, titular de varias licencias de radio en la ciudad de Mar del Plata, entre otras, propone desprenderse de 2 emisoras de AM que se encuentran en incompatibilidad con la ley», indica.
«Mantiene su participación en la licencia de servicio de cable que opera, en esa ciudad, en sociedad con el Grupo Clarín», dice.
El Grupo Radiovisión Jujuy «ha propuesto desprenderse de la licencia de UHF operativa en la ciudad de San Salvador de Jujuy».
Fue presentada ante la AFSCA «la documentación respecto a la situación de las licencias de radio que opera en la ciudad capital y las de Perico y General San Martín, indicando que se encontrarían dentro del marco de la ley», añade.
El Grupo Ick, de Santiago del Estero, «ha propuesto una desvinculación societaria entre sus accionistas a fin de cumplimentar con lo establecido por la ley», expresa el comunicado.
De este modo, Néstor Ick -su principal accionista- «reduciría su participación accionaria en la empresa de energía local a un porcentaje menor al 10%, tal como establece la ley, y transfiere su participación en la licencia de cable que opera en la ciudad de Santiago del Estero, quedando con el control de la licencia de CASTV, canal 7, y una licencia de radio en la misma ciudad».
«La participación en el cable (compartida con Supercanal) será transferida. Gustavo Ick se haría cargo del control mayoritario en la empresa de energía dejando su participación en las licencias de servicios audiovisuales», señala luego.
La AFSCA recordó que los grupos tienen tiempo de presentar sus propuestas de adecuación hasta el viernes 7 de diciembre, fecha límite establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las propuestas serán analizadas por el organismo, y en el caso de que existan observaciones, los grupos tendrán 10 días para realizar las correcciones. Luego serán tratadas en el directorio de la AFSCA.
7D
El próximo viernes 7 de diciembre vence el plazo determinado por la Corte Suprema de Justicia para la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín contra uno de los artículos de la Ley de Medios, por lo que ese día la normativa entrará en vigencia plena.
Asimismo, el lunes 10 de diciembre, primer día hábil desde la finalización del plazo, fue la fecha indicada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para que todos los grupos de medios activen el plan de adecuación que presentaron oportunamente a dicho organismo.
Durante los últimos meses, en varias conferencias y encuentros con la prensa, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, llamó a los distintos grupos de medios a presentar sus respectivos planes de adecuación de manera voluntaria y en ese contexto explicó que “el 7 de diciembre se termina el plazo”, y que el AFSCA “actuará de oficio” en los casos de aquellas empresas que no hayan manifestado su voluntad de adecuarse a la norma.
La actuación de oficio que impulsará el AFSCA para aquellos holdings de medios que no estén dispuestos a desprenderse de las licencias que excedan a la cantidad permitida por la ley, implicará la tasación y el posterior llamado a licitación pública, un proceso que se prolongaría por cien días hábiles, respetando fuentes y condiciones de trabajo dentro de cada empresa, según prevé la ley.
En la conferencia de prensa realizada hace dos semanas por Sabbatella, en la que detalló la situación de los distintos grupos de medios, señaló que eran 25 los grupos que debían adecuarse a la nueva norma, y que «solo uno no mostró voluntad de hacerlo», en referencia al Grupo Clarín.
En ese sentido explicó que la ley busca que “no haya un gigante toma todo y que lesiona la posibilidad de que el resto exista».
La fecha que se popularizó como «7D» (por 7 de diciembre) fue fijada el 22 de mayo de este año, en una decisión unánime, por los ministros del tribunal superior de justicia.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda fijaron ese día como el último en el que el Grupo Clarín estará exceptuado de desprenderse de sus licencias de Radio y Televisión.
El 7D quedó fijado luego de que la Corte, tras considerar que 36 meses era un plazo “razonable” para la vigencia de la medida cautelar ordenada el 7 de diciembre de 2009, tras una presentación judicial realizada por el Grupo Clarín.
Desde antes de que la ley 26.522 de Medios Audiovisuales fuera aprobada por el Congreso, el Grupo Clarín recurrió a la justicia para intentar frenarla.
El 1 de octubre de 2009 el multimedios recurrió a una medida cautelar para suspender el tratamiento legislativo de la ley de medios que fue rechazada por la justicia, antes del 10 de octubre, día en que se aprobó la norma.
Al analizar el caso, la Corte Suprema entendió que en las demandas del Grupo Clarín se buscaba dilatar la aplicación de la ley y no existía interés en resolver la cuestión de fondo, que era la constitucionalidad del artículo 161 referido a la adecuación de los grupos mediáticos a dicha norma.
Con ese telón de fondo, esta semana, a días de vencerse el plazo para la medida cautelar lograda por el Grupo Clarín, la Corte Suprema rechazó un pedido de extensión del mismo grupo empresario y ratificó el 7D como día fijado para la entrada en vigencia plena de la ley.
Ese mismo día instó a los jueces de primera instancia (en este caso, al juzgado en lo civil y comercial federal uno, donde actúa el magistrado Horacio Alfonso) a dictar una sentencia “definitiva”.
Fuente: Afsca, Télam
