Este viernes se cumplen 16 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. El Sindicato de Prensa local recordó el crimen –que continúa impune– como un «hecho bisagra», al poner evidenciar la «parcialidad y corrupción» del poder judicial.
«Recordar a José Luis Cabezas supone hacerlo con un hecho bisagra, emblemático y que pretendió ser aleccionador, no sólo para los trabajadores de prensa sino para la sociedad toda. Cabezas fue asesinado en Pinamar el 25 de enero de 1997 y de allí en más el errático accionar policial y judicial derivó en la casi total impunidad del crimen», indicó en un comunicado, la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR).
Hace 16 años, en una cava de Pinamar se encontró calcinado el cuerpo del fotógrafo José Luis Cabezas. Al respecto, el SPR junto a muchas otras organizaciones del país reclamaron desde entonces para que sus asesinos cumplieran con las condenas que les correspondían.
«Sin embargo -informa el escrito- sólo continúan detenidos dos de “Los Horneros”, Horacio Braga y José Luis Auge, y no precisamente por la muerte del reportero gráfico, sino por violar las condiciones de los arrestos domiciliarios. El policía Gustavo Prellezo, autor material del crimen del fotógrafo, ya había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por la Cámara de Apelaciones de Dolores y luego se le permitió trasladarse en transportes públicos, en la ciudad de La Plata, para asistir a la universidad estatal donde estudia Derecho».
En este sentido, la institución consideró que una «Justicia lenta, tardía, pesada y muchas veces corrupta, no es Justicia», y mencionó otros hechos con derivaciones semejantes como «el femicidio de Sandra Cabrera -en Rosario, un 27 de enero de 2004-, la desaparición de Jorge Julio López, testigo en el juicio que condenó a perpetua al torturador Miguel Etchecolatz, en La Plata; el crimen de la ex detenida de la dictadura militar, testigo y querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, Silvia Suppo; el caso de la desaparición de Marita Verón, ligado a la trata de personas; los crímenes del 2001 y tantos otros que en situaciones vinculadas al gatillo fácil y al narcotráfico conmueven a la sociedad», recordó.
Asimismo, Gladys Cabezas, hermana de José Luis, sostuvo: “Ninguno de los imputados, aún a quienes se les aplicó el beneficio del 2×1 terminó de cumplir la condena. Necesitamos que la Justicia cambie porque esta es, justamente, la negación de justicia, tal como ocurrió de manera reciente con el caso de Marita Verón”.
De este modo, el sindicato concluyó que «el injusto y desequilibrado comportamiento judicial se verifica en los casos mencionados y en muchísimos otros que no tienen vuelta atrás ni retorno porque en ellos se perdieron vidas, pero la parcialidad y la corrupción se ven en tantos otros hechos de la cotidianeidad social que determina que las mayores aplicaciones del Código Penal sean para pobres y excluidos, que haya jueces dependientes de negocios varios y que leyes votadas por el Congreso Nacional no puedan aplicarse en su totalidad -o que se miren con lupa acerca de su posible ‘inconstitucionalidad’-, como en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya completa aplicación aportará a una mayor democracia informativa».
