La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidió el apartamiento del Juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, por considerar que adoptó «una posición parcial» en contra de los juicios por delitos de lesa humanidad.
La funcionaria hizo la solicitud a partir del desempeño del juez en la causa que investiga al ex comisario Luis Patti por los asesinatos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.
La recusación, que Gils Carbó dictaminó ante la Corte Suprema de Justicia, fue planteada por quien fuera el fiscal de esa ciudad, Juan Patricio Murray, ahora fiscal de Rosario.
La recusación recorrió todas las instancias antes de llegar a la procuradora General, fue rechazada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara de Casación Penal para luego llegar a la Corte Suprema, donde intervino Gils Carbó.
La decisión de la funcionaria se basó en un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos que da cuenta de las “prácticas dilatorias” que llevó a cabo Villafuerte Ruzo.
El mismo magistrado dejo constancia que se opone a la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad en uno de sus fallos cuando debió aplicar la doctrina de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Al respecto la procuradora explicó que el juez que lo hacía sólo «en virtud de un deber funcional, pues a su juicio la decisión de perseguir penalmente en esos casos implicaba la violación de derechos fundamentales de los imputados”
“El juez, en fin, ha adoptado una posición parcial contraria a la persecución penal en los casos sobre los que se informa y, por ello entiendo que, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación, corresponde apartarlo de estas actuaciones». Concluye Gils Carbó.
A Villafuerte Ruzo le sobran denuncias de los organismos de derechos humanos por sus dilaciones en los juicios contra los represores de la última dictadura.
«Desde la reapertura de los procesos por crímenes contra la humanidad en San Nicolás se iniciaron más de 100 causas, sin embargo, recién el 3 de julio de 2012 comenzó el primer juicio oral. Esta demora de más de ocho años puede explicarse, en gran medida, como la consecuencia de los retrasos y obstáculos registrados en el Juzgado a cargo de Villafuerte Ruzo, donde tramitan todas estas causas», se puede leer en el informe realizado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, elaborado por Jorge Auat y Pablo Parenti.
El ejemplo más claro del accionar del magistrado es la causa que tiene como principal imputado a Patti. En 2005 el Ministerio Público promovió la reapertura del caso, el juez demoró una respuesta por más de dos años, hasta que en agosto de 2007 lo rechazó. Recién en 2010 resolvió la petición, reabriendo la instrucción de la causa y en 2011 comenzó a contestar los pedidos de citaciones a indagatoria de los acusados que el fiscal solicitó más de seis años antes.
El informe da cuenta de la práctica sistemática de «atrasos exagerados en todos los procesos», «demoras burdas» para elevar las actuaciones a los tribunales superiores, «tomándose muchas veces más de un año para un trámite que debería demorar apenas unos días»; sumado a que los imputados que procesaba quedaban en libertad y los rechazos sin justificación alguna de los pedidos de acumulación de causas.
Otro hecho que deja en claro la posición del magistrado nicoleño es que a pesar de haber sido informado que el ex coronel Manuel Saint Amant se encontraba a disposición del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, Villafuerte Ruzo decidió trasladar al imputado a San Nicolás, lo que provocó la suspensión de una audiencia del juicio que se seguía en Rosario.
Además, el informe menciona que el juez extravió el expediente de la causa que se abrió por el secuestro de María Rosa Baronio y Eduardo Luis Reale. Tampoco, tomó ninguna medida para reconstruirlo o averiguar cómo se produjo la pérdida después de reconocer ante el Tribual rosarino que no había podido hallarlo.
Fuente: Tiempo Argentino
