El diputado justicialista Mario Lacava criticó al Ejecutivo santafesino tras los pliegos enviados para cubrir las vacantes en el Enress e indicó que “antes de renovarles su cargo a los actuales directores, correspondería evaluarlos”.
El legislador provincial y presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara baja, reclamó que “antes de renovar en su cargo a los actuales directores, correspondería hacer algunas consideraciones y evaluarlos respecto de sus desempeños en dichos cargos”.
“Las tareas de los señores Oscar Hugo Pintos y Héctor Domingo Brachetta en el Directorio del Enress como representantes de los derechos de los usuarios y consumidores, fueron claramente en resguardo de los intereses del Poder Ejecutivo, más allá de su filiación radical y demócrata progresista respectivamente”, dijo Lacava.
En este sentido, recordó que “en ocasión de la intervención que tuvo en ENRESS en el último aumento acordado a la empresa ASSA en el año 2013 -y que se expresa en los considerandos de la Resolución Nro. 456/13- desconocieron su propia postura y habilitaron un nuevo aumento tarifario con el solo argumento de la necesidad expuesta por la autoridad de aplicación (MASPyMH) de equilibrar el presupuesto de la Empresa”.
“Estamos convencidos que los Organismos de Control tienen que servir para defender a los ciudadanos”, sostuvo el diputado justicialista, y agregó: “No pueden integrar su Directorio quienes han demostrado no haber cumplido con ese cometido, convalidando las decisiones del Gobierno Provincial que reiteradamente dispone aumentos de tarifas de un servicio que no mejora, al solo efecto de disminuir los aportes del tesoro y equilibrar las cuentas de la empresa, en desmedro de los niveles de inversión necesarios para la prestación de un servicio de calidad”.
En tanto, destacó que no se atendieron los conceptos vertidos explícitamente en las Audiencias Públicas convocadas para la ocasión, en las que entre otras cosas, se exigía el cumplimiento de los compromisos de la empresa en virtud de lo establecido en la citada Resolución 816/11.
“En el dictamen de minoría suscripto curiosamente por quienes ya no forman parte del Enress ni han sido propuestos por el Poder Ejecutivo, no se autorizaba el aumento solicitado basado en los mismos informes técnicos y en la misma normativa que el de la mayoría, concluyendo que no llevar a cabo las acciones y obras recomendadas por el ENRESS traería consecuencias negativas para el costo del servicio que no debían trasladarse al usuario mediante un nuevo aumento de tarifas”, remarcó.
El Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara baja explicó que gran parte del debate sobre aquel aumento tarifario giró en torno a los niveles de cumplimiento y exigibilidad de los compromisos fijados por el organismo regulador a la prestataria, acordado mediante la Resolución 816/11.
“Para la mayoría, entre los que se encontraban Pintos y Brachetta, dichos compromisos, si bien no se habían cumplido, no eran exigibles basándose en el incomprensible argumento de que la autoridad de aplicación (MASPyMH) los había relativizado en su momento”, dijo Lacava, añadió: “Para la minoría el Enress debía seguir exigiéndolos si consideraba que eran necesarios, sin perjuicio de que la última palabra la tuviera el Ministerio de Aguas”.
Por último, manifestó: “Casualmente, los directores que suscribieron el dictamen de minoría que no aconsejaban el incremento tarifario, quedaron fuera del ente de control, y quienes son propuestos para renovar las vacantes, son quienes en una postura contraria a los intereses de los usuarios y de las obligaciones que les corresponden como integrantes de un ente de control, aprobaron los aumentos sin que se cumplan los requerimientos hechos a la empresa, en flagrante desmedro de los derechos de los usuarios del servicio».
