Foto: Manuel Costa
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El juez en lo Civil y Comercial de Rosario Marcelo Bergia, comunicó a los trabajadores que la metalúrgica volverá a las actividades. Por el plazo de dos años el magistrado seguirá su búsqueda de inversores. Habrá turnos reducidos.

La reunión propuesta por el juez se realizó este jueves en el Colegío de Martilleros de Rosario, donde participaron empleados de la firma de Villa Gobernador Calvez, delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y funcionarios provinciales y nacionales.

El magistrado propuso un plan de reapertura; en febrero pasado dictó la quiebra de la empresa y envío a los trabajadores una suspensión por dos meses que vencería en la segunda semana de abril, momento en que la planta reabrirá sus puertas.

“Es un plan que en principio está pensado para los primeros 5 meses, lo positivo es que la empresa volverá a producir pero lo negativo es que los trabajadores queríamos constituirnos como cooperativa y ya habíamos hecho todos los trámites”, dijo Gustavo Infante, uno de los más de cien trabajadores que vienen resistiendo el cierre de la planta que fue durante mucho tiempo líder mundial en la fabricación de máquinas y servicios para la industria aceitera.

“Se nos va a reducir los turnos a 6 horas a la espera que se vaya recuperando las 9 horas que hacíamos cuando la fábrica funcionaba normalmente. El juez pretende disponer del pago de unos 600 mil dólares que la Aduana debe pagar a la empresa en concepto de devolución de impuestos”, detalló el trabajador.

Desde que la empresa entró en concurso preventivo en 2012, la deuda se elevó a 100 millones de pesos, suma que ahora el magistrado deberá negociar con los acreedores.

Bergía dispone además de 1,2 millón pesos, alojados en deposito judicial, un dinero que se generó de pequeñas producciones en planta que llevaron a cabo los trabajadores luego de que los dueños abandonaran el control de la empresa.

“Ganábamos 200 pesos por mes pero nos manteníamos produciendo.”, admitió Infante.

El trabajador indicó que en el diseño de apertura, el juez puso un plazo de “dos años y un poco más” para seguir en la búsqueda de inversores, pero les prometió que si no los consigue les allanará el camino para convertirse en cooperativa, un paso ansiado por la mayoría de los laburantes.

Otro punto clave es la cantidad de trabajadores que aceptarán esta nueva modalidad de operación de la empresa, a reanudarse en abril próximo. “El juez estima que entre 70 y 90 trabajadores aceptarán la propuesta”, contó el trabajador.

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