En la víspera del primer aniversario de la tragedia de Calle Salta, la Justicia local analiza un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los once procesados en la causa. Este miércoles se recordará a las víctimas.
Según indicaron fuentes judiciales a Télam, la Justicia analiza un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los once procesados por la explosión del edificio de Salta 2141, ocurrida el pasado 6 de agosto a raíz de un escape de gas. La tragedia de la que este miércoles se conmemorará el primer aniversario, dejó 22 personas muertas.
Este recurso fue presentado luego de que el tribunal de alzada rechazara las apelaciones a la resolución que encontró responsable de estrago culposo agravado a los imputados en el caso. Ahora, el análisis del recurso de inconstitucionalidad está en manos del camarista Guillermo Llaudet, quien debe resolver si acepta o rechaza el planteo, añadieron los informantes.
El pasado 27 de febrero, la jueza de instrucción 10 de Rosario, Irma Patricia Bilotta, había procesado a once personas por la explosión del edificio, a los que encontró responsables del delito de «estrago culposo agravado» y la resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones Penal al rechazar los planteos de las defensas, señaló la fiscal del caso, Graciela Argüelles.
«Entendimos que fue estrago culposo agravado, todos son coautores en la medida en que cada uno realizó una acción que condujo al resultado fatal», dijo la fiscal y explicó que «si lo abordábamos desde la conducta dolosa, sólo se podría haber imputado al gasista que trabajó ese día en el lugar, como dolo eventual».
La investigación determinó que existió «una cadena de responsabilidades» que van desde los gasistas que trabajaron en el edificio el día de la explosión y en semanas previas; los inspectores de la concesionaria Litoral Gas que debieron haber interrumpido el suministro; los superiores de la empresa que no ejercieron el debido control sobre sus subalternos.
También encontró omisión o negligencia en la conducta de los administradores del consorcio, quienes «se quitaron la responsabilidad ante las presiones de los consorcistas (por baja presión de gas) delegando todo en el gasista matriculado», explicó Argüelles.
Los procesados
Los once procesados son el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes trabajaron en Salta 2141 el 6 de agosto del año pasado cuando se produjo la explosión por fuga de gas, de la que alcanzaron a escapar.
Además, la Justicia también procesó al gasista José Allala, quien había realizado tareas el 25 de julio en el regulador del edificio, por «haber obrado con imprudencia y/o negligencia en el edificio de calle Salta 2141, circunstancias en las que a los fines de detectar pérdidas de fluido en la instalación de ingreso de gas, procedió al accionamiento de la válvula de bloqueo, para lo cual, según normativa vigente, se encuentra autorizado sólo personal de la licenciataria Litoral Gas».
La jueza Bilotta procesó por el mismo delito a la gerente técnica de Litoral Gas, Viviana Leegstra; al jefe de Mantenimiento de Redes de la firma, Claudio Tonucci; y a los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba.
A los tres inspectores los responsabilizó por haber incumplido las normas vigentes en materia de control y no haber interrumpido el suministro de gas frente al déficit que presentaba la tarea realizada por los gasistas matriculados.
A la gerente y el jefe técnico de Litoral Gas, la Justicia los halló responsables por «no haber ejercido adecuadamente el deber de control y vigilancia respecto de las funciones delegadas» en los inspectores.
Por último, la jueza dictó el procesamiento de Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, encargados de la administración del consorcio del edificio.
De acuerdo a lo que determinó la investigación, los administradores advirtieron al consorcio a través de un correo electrónico de la necesidad de cambiar el regulador del edificio por otros dos nuevos, como lo exigía Litoral Gas, y de realizar un control en cada departamento antes de habilitar el fluido.
Sin embargo, delegaron en manos del gasista las tareas, que no se realizaron de acuerdo a las exigencias normativas de la concesionaria, explicaron fuentes judiciales.
