Frente a la decisión de la Justicia de trasladar a adolescentes del Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario (Irar) a dependencias del Servicio Penitenciario, trabajadores de la institución manifestaron, a través de un comunicado de prensa, su «rotunda oposición» porque se estaría «desatendiendo toda normativa nacional e internacional sobre protección de sus derechos».
Comunicado completo de trabajadores del Irar.
Ante la decisión de los Juzgados de Menores de Rosario y San Lorenzo de trasladar intempestivamente a jovenes de 16 a 18 años a dependencias del Servicio Penitenciario destinada a adultos (desatendiendo todo normativa nacional e internacional sobre protección de derechos de la infancia) los trabajadores de IRAR planteamos:
1- Rotunda oposición al traslado de adolescentes a penales de adultos y de trabajadores a cumplir funciones a dependencias penitenciarias, lo que implicaria una vulneracion de derechos para ambos. Responsabilizamos al Ministro Lewis y a los Juzgados de Menores de las consecuencias que dicha medida pueda tener.
2- Exigir al Poder Ejecutivo, tal como lo hicimos históricamente, que implemente medidas necesarias tendientes a garantizar condiciones dignas de habitabilidad de los jóvenes y de trabajo. Para ello, exigimos el cumplimiento de la ley Nº 12913 (Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo) e implementación de lógicas de trabajo tendientes a restituir derechos.
Los trabajadores venimos denuciando:
A la persecución policial (ahora reforzada por la presencia de fuerzas federales en la ciudad de Rosario, que motivaron a diversas organizaciones a realizar numerosas denuncias por torturas a pibes de los barrios) se suma la decisión política de encierro de parte del poder judicial traducido en el aumento del número de jóvenes cooptados por el sistema penal, se agrava aún más por la incapacidad del poder ejecutivo en administrar estas medidas judiciales acorde a derechos.
Ciclicamente, el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) se encuentra colapsado: a las condiciones de higiene, seguridad y habitabilidad – de por sí muy precarias- se le suma la imprevisión de los responsables respecto a la reducción de espacios de alojamiento de los jóvenes (por refacciones en pabellones –exigidas mediante un Habeas Corpus presentado- que preveén al menos 1 año de obra).
En este sentido, en ocasiones se ha dispuesto como espacios de alojamiento ámbitos destinados para otros fines como son las aulas y consultorios que no tienen ni baño ni acceso al agua; para corregir esto se ha incluido a estos jóvenes en ya sobrepoblados sectores de alojamiento; en éstos (pabellones de 10mts x 15mts) conviven hasta 13 chicos (en el cual sólo funcionan dos baños), la empresa de limpieza contratada cuenta con un solo trabajador abocado a la imposible tarea de mantener la limpieza de todo el Instituto; los roedores son parte del paisaje actual (y anterior a la remoción de suelos por la obra). En estas condiciones, se ven obstaculizados aún más el acceso de los jóvenes a derechos básicos como la escolaridad, atenciones de salud, ámbitos de recreación, contacto con familiares y condiciones dignas de habitabilidad.
La condición de alojamiento de los pibes dificulta las posibilidades de trabajo de todos los compañeros: acompañantes, talleristas, docentes y profesionales. Las intervenciones se reducen a la atención de urgencias, sin posibilidades de reflexión y evaluación critica de las situaciones. A la insuficiencia de recursos materiales, sobrepoblación, se suma la falta de recursos humanos en todas las áreas; sin soslayar la precariedad agravada en aquellos compañeros que persisten en su condición de contratados (prestando servicios esenciales: servicio médico y cocina), a lo que se suma el incumplimiento de acuerdos paritarios.
En este marco, seguimos exigiendo políticas públicas promotoras y garantizadoras de derechos, continuamos denunciando las políticas represivas implementadas por los gobiernos (Municipal, Provincial y Nacional) e insistimos en reclamar la apertura de la discusión seria en relación a las políticas de Justicia Penal Juvenil que revierta el predominio de la lógica de seguridad por sobre la de restitución de derechos.
Asamblea de trabajadores de IRAR
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