Las hermanas Ethel y Gladys Cambiaso esperaron más de 30 años por este miércoles 17 de junio. El Poder Judicial se tomó ocho para otorgárselos. En algunos momentos de esa larga espera, el miércoles 17 de junio de 2015 fue fácticamente imposible para ellas: leyes sancionadas durante el reinicio de una democracia condicionada a punta de pistola convirtieron la persecución penal de los delitos de lesa humanidad en un paredón inquebrantable. Pero ahora no, ahora el secuestro y homicidio de Osvaldo Agustín Cambiaso, El Viejo, y de su compañero Eduardo Pereyra Rossi, Carlón, será finalmente juzgado por un tribunal que brindará todas las garantías a los doce policías, militares y servicios de Inteligencia retirados, que están acusados por los últimos crímenes del terrorismo de Estado. Garantías que les fueron escamoteadas a los dos militantes peronistas privados ilegalmente de su libertad, torturados y fusilados entre el 14 y el 16 de mayo de 1983, durante un operativo conjunto de fuerzas armadas y de seguridad que comenzó en la provincia de Santa Fe y terminó en la de Buenos Aires.
Volveremos
Tras pasar buena parte de la última dictadura como preso sin causa, El Viejo Cambiaso había conseguido la libertad en el tramo final del gobierno de facto. Y se había dispuesto a hacer lo que lo había llevado tras las rejas: política. En mayo de 1983, cuando los militares habían anunciado el proceso de apertura democrática y convocado a elecciones para octubre de ese año, Cambiaso conducía la Agrupación Peronista para la Liberación, ligada a Intransigencia y Movilización Peronista. Esta última había surgido de un acuerdo del viejo caudillo Vicente Saadi con las estructuras de la Tendencia Revolucionaria que habían sobrevivido al terrorismo de Estado.
Carlón Pereyra Rossi había regresado de México, donde se había exiliado. Pertenecía a la conducción de Montoneros, interesada también en la reinserción a la vida política del país a partir de la restauración democrática.
Habían convenido encontrarse en el bar Magnum, de Córdoba casi Ovidio Lagos. Alrededor de las 11 de ese 14 de mayo discutían sobre el proceso de apertura política cuando cinco tipos de civil pero armados ingresaron al bar sin intención de probar el café que ofrecía el local gastronómico. Mientras los parroquianos fueron invitados a posar sus caras contra la pared y levantar las manos, Cambiaso y Pereyra Rossi fueron sacados a golpes del lugar y subidos al furgón Mercedes Benz sin patente en el que había llegado la patota. Un Renault 12 con antena de alta frecuencia acompañó el vehículo militar que se llevó a los militantes peronistas hasta un galpón de tornería industrial perteneciente a Maiorano Hnos., propiedad de una familia conocida en Rosario por sus vinculaciones con el servicio de inteligencia del Ejército.
Según la investigación judicial, impulsada por el entonces fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, allí fueron sometidos a tormentos y luego trasladados hasta la provincia de Buenos Aires, donde Cambiaso y Pereyra Rossi fueron entregados a una patrulla del Comando Radioeléctrico dependiente de Tigre.
El jefe era oficial Luis Abelardo Patti. Los otros dos integrantes del grupo, según se pudo determinar, eran el cabo Juan Amadeo Spataro y el también suboficial Rodolfo Diéguez.
Los cuerpos del Viejo y Carlón aparecieron el 16 de mayo en un camino rural cercano a la localidad bonaerense de Lima. Al día siguiente un comunicado oficial informó que habían sido “abatidos” en un “enfrentamiento”, metáfora que desde 1976 las fuerzas represivas empleaban para intentar disimular simples fusilamientos de opositores políticos al régimen desarmados e inertes.
Tres causas
Entonces se abrieron dos investigaciones judiciales, una en Rosario, donde habían sido secuestrados, y otra en San Nicolás, cuyos tribunales poseen jurisdicción sobre el lugar donde aparecieron los cuerpos. Ambas se cerraron con el correr del tiempo e incluyeron pericias forenses que daban cuenta de la versión oficial y que no encontraron rastros de torturas ni de fusilamiento en las víctimas.
Una la firmó el perito Osvaldo Raffo, cuya figura adquirió notoriedad pública este año cuando la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, lo contrató como perito de parte para intentar comprobar que el titular de la UFI Amia fue asesinado y que su muerte no fue producto de una voluntad suicida.
Raffo fue presentado como “el decano de los peritos forenses” y autor de “20 mil autopsias”. En la de Pereyra Rossi se le escaparon los signos de aplicación de corriente eléctrica (picana) que quedaron inscriptos en su piel. Tampoco halló, como sí lo hicieron pericias posteriores, el disparo recibido por Pereyra Rossi a menos de dos metros de distancia, que convierten en inverosímil la versión oficial del “enfrentamiento” a tan corta distancia.
En 2005 el fiscal Murray la querella particular impulsada por las hermanas de Cambiasso pidieron al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, la reapertura del caso.
Remolón, el juez estudió con detenimiento la presentación, tanto que recién se expidió dos años después, en 2007. Fue cuando decretó el rechazo del planteo. Recién en 2010, y luego de varias idas y vueltas, Villafuerte Ruzo reabrió la causa por los homicidios de Cambiaso y Pereyra Rossi.
Pero se tomó hasta el año siguiente para resolver sobre las indagatorias pedidas en 2005 por Murray y las querellas particulares.
La investigación determinó que quienes secuestraron a los militantes en el bar Magnum de Rosario fueron integrantes del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, a cargo de Pascual Oscar Guerrieri, y que de la operación participaron algunos de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) que formaban parte de la patota de esa dependencia que durante la dictadura tuvo bajo su gobierno cinco centros clandestinos de detenciones en el sur de Santa Fe.
Además de Guerrieri, también está acusado en el juicio que se inicia el próximo miércoles el segundo del Destacamento de Inteligencia, Luis Américo Muñoz; el entonces jefe del Departamento III de Operaciones del Comando del II Cuerpo del Ejército, Rodolfo Rodríguez; y el jefe del II Cuerpo al momento de los hechos, Carlos Lucena.
Los ex PCI que participaron de los secuestros de Cambiaso y Pereyra Rossi en el bar Magnum que llegan a juicio oral son Ariel Porra, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Ariel López y Carlos Sfulcini. Los mismos que ya fueron condenados en los juicios por delitos de lesa humanidad conocidos como “Guerrieri I y II”.
Por TV y en vivo
El juicio oral contra los doce militares y policías retirados acusados por los secuestros, torturas y homicidios de los militantes peronistas se realizará en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, integrado por los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Benegas Echague.
Una resolución del TOF 2 del 4 de junio pasado dispuso que por razones de salud y traslados, Patti, Spataro, Bignone y Lucena presencien las audiencias a través de videoconferencias desde los penales donde cumplen condenas.
Cabrera y Muñoz, por su parte, participarán del inicio del juicio y de otras instancias –como sus indagatorias- en Rosario, mientras que seguirán el resto de las audiencias desde el penal de Ezeiza o de Marco Paz, estableció el tribunal.
Los restantes acusados acudirán en forma presencial a las audiencias que se realizarán los miércoles de cada semana, según dispuso el tribunal.
La fiscal del juicio oral será Adriana Saccone y habrá tres querellas particulares, una por las hermanas Ethel y Gladys Cambiaso y las otras dos por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de provincia de Buenos Aires.
Fuente: El Eslabón
